La manifestación programada por los taxistas para hoy, en apoyo a su líder Salomón Alfonso Muñoz “Mafer”, plantea una seria amenaza a la independencia judicial y pone en duda la imparcialidad de las decisiones en los Juzgados Orales de Cancún. La intención de presionar para alterar el dictamen judicial subraya el peligroso poder que algunos gremios pueden ejercer sobre las instituciones, aprovechando la capacidad de movilización y el impacto de un paro en la ciudad.
Este tipo de intimidación no sólo compromete la justicia, sino que vulnera el derecho de las víctimas a un proceso justo y libre, evidenciando un problema de fondo en la relación entre poder sindical e impartición de justicia. Esta presión hacia las autoridades ha funcionado en otras ocasiones, como en la detención del líder de Tulum, Eliazar Sagrero, quien lleva su proceso en su casa, pese a estar señalado de cuatro homicidios e intentos de homicidios, dos de los delitos más graves del Código Penal.
Hoy, en una audiencia que está programada para las 10:30 de la mañana en el Juzgado de Juicios Orales ubicado en la avenida Nichupté con México, se determinará la situación jurídica del líder interino del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, Salomón Alfonso Múñoz, conocido también como “Mafer”, así como del secretario del trabajo, Óscar Antonio “N”, presuntos autores intelectuales del homicidio de tres taxistas, y Jonathan Emmanuel “N”, supuesto autor material.
Luego de estas detenciones, elementos de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Secretaría de Marina (Semar) catearon las instalaciones del sindicato, en busca de indicios que comprueben los vínculos de esta organización con grupos criminales. Como resultado, se aseguraron drogas, cartuchos de armas de fuego y evidencia física de al menos tres asesinatos contra colaboradores del mismo gremio, y una oficina usada como cuarto de torturas.
Con esta detención suman dos líderes de taxistas presos este año; el primero fue el regidor electo de Tulum, Eliazar, relacionado con hechos probablemente constitutivos de los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, en agravio de cuatro personas de identidad reservada.
Durante la audiencia ante un juez de control, los fiscales del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Homicidio de la Fiscalía General del Estado buscarán que los señalados sean vinculados a proceso y lleven el juicio en prisión, al ser un delito grave el homicidio de José Luis Corral Morales, exasesor político del actual diputado local Rubén Carrillo Buenfil y dos taxistas más, encontrados el 12 de septiembre en el kilómetro 270 y el 30 de octubre en el kilómetro 290 de la autopista Cancún-Mérida.
Normalmente, en estos casos los fiscales piden al juez como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, es decir, que los imputados lleven el proceso en la cárcel; en la mayoría de los casos, se les vincula por dos años o el tiempo que tarden las investigaciones, esto es lo que buscará la Fiscalía del Estado, según fuentes de esta dependencia.
Es importante señalar que se llevará a cabo la audiencia para “Mafer” y Óscar Antonio detenidos el 4 de noviembre y Jonathan Emmanuel, capturado el 31 de octubre, pues a ellos ya se les venció la ampliación del término constitucional que solicitaron sus abogados. Dado que fueron detenidos desde la semana pasada, este sábado se cumplen los días que marca la ley; mientras que Juan Manuel “N”, jefe de Vigilancia del sindicato de taxistas, al ser el último detenido hasta ahora, su audiencia ante un juez de control se estaría llevando a cabo la próxima semana, entre jueves y viernes.
Durante esta audiencia, que está programada para las 10:30 de la mañana, y que podría no iniciar puntualmente, se presentarán las pruebas recabadas durante diversos operativos realizados por la Fiscalía General del Estado en colaboración con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Presuntamente, las evidencias más sólidas se obtuvieron en el cateo a las instalaciones del sindicato de taxistas, donde se encontró un cuarto de tortura, un vehículo con manchas de sangre, así como municiones de diversos calibres, dosis de estupefacientes, documentos y computadoras.
El juez de control valorará la evidencia presentada por los fiscales del Ministerio Público, así como la información y datos que presenten los abogados de los señalados. Derivado de esto, será la autoridad judicial la que determine primero si los detenidos son vinculados o no al proceso; después, se decidirán las medidas cautelares, siendo aquí una parte importante, ya que puede decidir si el proceso se lleva en libertad o en prisión.
Empresarios piden todo el peso de la ley
El sector empresarial y hotelero exige que la autoridad demuestre a los ciudadanos con hechos el cumplimiento de la ley. Con el amague del gremio taxista de manifestarse en los Juzgados Penales para buscar liberar al líder interino aprendido, piden que “por cada minuto de manifestación, que se cancelen de por vida una placa de taxis”.
El presidente honorario de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Abelardo Vara Rivero, fue enfático al respecto: “Ni monopolios, ni caprichos, ni que nadie pida y menos exija que se cumplan sus peticiones sin autorización de los gobiernos”.
Por su parte, Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Turismo Receptivo (Amatur), argumentó que es la primera vez que un gobierno estatal asume su responsabilidad de actuar contra el gremio taxista y hace cumplir la ley.
Ciudadanos opinan
Ante la información generada por miembros del sindicato de taxistas al amenazar con una manifestación en apoyo a sus líderes detenidos en días anteriores, los ciudadanos consideran que el sindicato de taxistas debe ser intervenido de manera contundente y no dejar que las autoridades muestren temor al ejecutar los diversos procedimientos.
En un sondeo realizado, la reacción fue similar: el daño generado por el sindicato a la sociedad es tal que opinan, pero con temor. Carlos, quien vive en Cancún desde 1979, aseguró que el problema del sindicato se generó por las acciones del Gobierno, pues lo mantuvo como un hijo consentido hasta que todo salió a la luz y se dieron cuenta de lo que crearon.
Emanuel, quien lleva toda una vida en Benito Juárez, dijo que se trata de personas sin escrúpulos, refiriéndose a quienes hacen el llamado a la marcha. Además, pide a las autoridades aplicar todo el peso de la ley y no ceder a la presión mediática que pretenden generar.