Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Benito Juárez, aseguraron que la reforma aprobada por la XVIII Legislatura de Quintana Roo, que en teoría fortalecería la protección a los elementos de ésta y otras corporaciones, no sirve de nada, ya que lo que necesitan es ser escuchados por sus superiores, urgen que los doten de mejor equipo y que les devuelvan las becas escolares que les quitaron.
“Eso no ayuda en nada, cuando un delincuente te quiere agredir o matar lo va hacer si uno se atonta. Esa iniciativa de ley es puro atole con el dedo para que diga la gente que están trabajando. Si de verdad nos quieren beneficiar, necesitamos más seguridad, más equipo, todo lo que nos han quitado a lo largo de los años, como las becas escolares, aumento en el bono de riesgo; eso sí sería una garantía para el policía y trabajaríamos más a gusto”, indicaron.
Mencionaron que esa reforma habla de penas más duras a quien lesione o mate a un elemento, pero consideraron que eso no evitará que pase, porque el que existan mayores condenas no les interesa a los delincuentes, además, mencionaron que el problema es la falta de procuración de justicia, además de que, desde hace muchos años, los delincuentes están mejor armados que la propia Policía.
“Pues no funciona para nosotros, se supone que ya estamos protegidos por el Gobierno, pero ni modo que le digas al malandro no me tocas porque le ley me protege y te pueden encerrar por lesiones calificadas y homicidio. Ese, si te va a agredir, lo va a hacer y si te va a matar también”, insistieron algunos elementos entrevistados.
Por otro lado, aprovecharon para mencionar que el titular de la corporación, David Flores Cervantes, con clave “Gavilán”, pretende aplicar leyes militares, cuando ellos son municipales y policías de carácter civil, por lo que se rigen por leyes locales.
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La actual Legislatura aprobó una reforma que busca garantizar la vida e integridad de las personas que conforman alguna institución policial en Quintana Roo. Fue impulsada por el diputado Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) y establece que aquellas lesiones u homicidios que se cometan contra algún integrante de las fuerzas de Seguridad, tengan un castigo mayor (que se consideren como homicidio y lesiones calificadas) y consideró, que a través de esta medida, también garantizará la paz social y la seguridad ciudadana, algo en lo que no coincidieron los gendarmes.
