Los padres del menor Emiliano, quien falleció el 22 de enero, aún están en espera de la respuesta de la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tras el compromiso que asumió la gobernadora Mara Lezama Espinosa con ellos.
A una semana de haber llevado a cabo una manifestación desde la clínica del ISSSTE hasta el Teatro de la Ciudad, en donde sostuvieron una reunión con la mandataria, el Secretario de Salud del Estado, así como el Secretario General del Ayuntamiento, el padre del menor, Gabriel Caamal Aké, afirmó que el organismo federal sigue sin contactarlos.
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“Ha pasado una semana desde que hicieron el compromiso de dar una respuesta a la petición de destitución del personal médico de la clínica que incurrió en negligencia durante el tratamiento de mi hijo, al que, finalmente, esas inconsistencias lo llevaron a la muerte”, mencionó.
Aun con el compromiso de la Gobernadora de dar puntual seguimiento al caso, Caamal Aké procedió a interponer el amparo 102/2025 en el Juzgado Octavo de Distrito, por negligencia médica contra todo el personal que tenía la responsabilidad de dar atención al menor durante su ingreso y hospitalización en el ISSSTE, y solicitó que se dé vista a la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con Caamal Aké, la Gobernadora se comprometió a investigar el tema de manera directa con el director general del ISSSTE, Martí Batres. Además, el 27 de enero se dio un plazo de 15 días para tener los primeros resultados a las peticiones planteadas.
Éstas, realizadas a la Gobernadora y a las autoridades federales, son que destituyan al director del nosocomio, Adrián Alejandro Albornoz Zapata, así como a la subdirectora y personal médico, coordinadores y enfermero, que presuntamente habría sustraído aditamentos médicos para atender al menor.
Asimismo, solicitaron una salud digna a los trabajadores y, lo más importante, que se haga justicia y que pague todo aquel que haya actuado mal en la atención a su hijo.
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Estamos firmes en nuestras peticiones, sólo esperamos que ninguna autoridad intente entorpecer las investigaciones y sanciones que pudieran dictaminarse por el juez, comentó el padre del menor.
En tanto, en la clínica del ISSSTE continúan las denuncias por parte de derechohabientes, como el caso de una maestra que requería ser trasladada a Mérida para la práctica de una biopsia, y fue hasta después de otra manifestación en las instalaciones del nosocomio que las autoridades hospitalarias dieron en pase de traslado. Además, derechohabientes aseguran que continúan las anomalías en cuanto al servicio de agua potable.
