
A una sola voz, más de 500 personas de todas las edades marcharon en la ciudad exigiendo el cese del maltrato animal, al mismo tiempo que se pronunciaron a favor de penas más severas para los agresores y de un cumplimiento real de las leyes.
“Si pedimos leyes más justas y severas, debemos comenzar por la correcta aplicación de la legislación vigente. En Quintana Roo, desde 2019, existe la Ley de Bienestar y Protección Animal, pero lamentablemente no se cumple adecuadamente”, señalaron los manifestantes. Además, comentaron que hasta ayer d, no ha habido ninguna sentencia favorable en defensa del bienestar de los animales, ni se ha emitido condena alguna por los numerosos casos de violencia hacia estos seres vivos.
Los manifestantes señalaron que no se está respetando la Ley de Bienestar y Protección Animal, que abarca tanto a especies pequeñas como a animales domésticos, ni los protocolos establecidos ni las cinco causales de penas.
“Ya estamos hartos del maltrato animal y estamos aquí para levantar nuestras voces, que se escuche bien y fuerte, que no es justo que se siga agrediendo a estos seres vivos”, expresó Jamileth Leyva Ramos, una de las participantes en la manifestación.
Hay muchas formas de maltrato, incluso desde el momento en que los dueños no desparacitan a sus animales, no les brindan atención médica, ni les proporcionan un espacio adecuado para su bienestar. Existen cientos de perros en azoteas, encadenados, amarrados a la intemperie, sin sombra que los proteja de las inclemencias del tiempo, sin un lugar higiénico, sin agua, sin comida y sin un ambiente adecuado para su crecimiento y desarrollo.

Jamileth, junto con varios amigos y vecinos, comenzó a compartir mensajes sobre casos de maltrato animal, y poco a poco el grupo fue creciendo hasta alcanzar más de 400 personas. Estas han realizado diversas acciones en defensa de perros, gatos y otras especies de fauna doméstica.
“Exigimos la correcta aplicación de la ley y una legislación más severa, según el grado de crueldad con que se maltraten a los animales, porque actualmente el máximo de pena es de dos años. Todo el mundo sabe que con el pago de una fianza y una pequeña multa, los agresores salen libres y continúan violentando a los animales”, comentó la manifestante.
Las participantes en la marcha, vestidas de color naranja, formaron parte de la protesta que comenzó en el Palacio Municipal y finalizó en la glorieta de “El Ceviche”. Diversas agrupaciones, activistas y ciudadanos de todas las edades, incluidos niños, gritaron consignas como: “Si Ana Paty quiere a las mascotas, que venga aquí de prisa”.

Hicieron un llamado a denunciar cuando vean o presencia algún caso del maltrato animal, puede ser de manera anónima o que se acerquen a asociaciones responsables, éticas y serias.
En la marcha se denunció que algunos grupos en redes sociales se hacen pasar por asociaciones civiles dedicadas al rescate de animales, pero en realidad lucran con las especies.
Se mencionó específicamente una página de venta de perros disfrazada de adopción, que debería ser investigada por las autoridades, ya que lo que están haciendo es vender mascotas, lo cual ya está prohibido.
En cuanto al Centro de Bienestar Animal (CBA) municipal, los manifestantes exigieron que también cumpla con su labor, ya que reciben numerosos reportes sobre animales maltratados, golpeados, atacados y en situaciones vulnerables, pero en la mayoría de los casos no responden. En ocasiones, cuando sí acuden, simplemente emiten una llamada de atención o levantan un reporte, pero las agresiones continúan, dejando al animal en el mismo lugar donde está siendo maltratado.

Aunque se comprende que el CBA enfrenta limitaciones, como instalaciones pequeñas y personal insuficiente para atender tantos casos, Jamileth destacó que podrían apoyarse con asociaciones, rescatistas y colectivos que se han ofrecido a ayudar, pero a los cuales no les han permitido colaborar.
Además, hicieron hincapié en la necesidad de acudir a la Fiscalía de Justicia estatal para presentar las denuncias, pues el personal de esta dependencia está obligado a darles seguimiento y realizar las investigaciones correspondientes, las cuales deben ser iniciadas de oficio.