En el presente año la Procuraría de Protección al Ambiente (PPA), ha recibido más de 80 denuncias por maltrato animal; por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Ambientales, la Fauna y el Desarrollo Urbano, Normando Bustos Berteauh, a principios de año declaró que mensualmente se reciben 15 por el mismo hecho; sin embargo, pese a que desde el 2019 se cuenta en el estado con una Ley de Protección y Bienestar Animal, hasta hoy, no se ha logrado una sentencia contra algún responsable por dicho delito, mayormente, porque no son considerados graves, por lo que dejan a los infractores libres.
Aunque no se dio a conocer a cuáles gobiernos municipales, la PPA informó que por primera vez se han abierto procedimientos también en contra de los ayuntamientos por maltrato animal doméstico y se les ha exhortado a que refuercen sus acciones para evitar cualquier tipo de afectación.
La ley prohíbe, entre otras cosas, las peleas de gallos y corridas de toros, pero desde el Congreso de Quintana Roo, diputados avalan esta práctica bajo la excusa de “usos y costumbres”.
Dicha legislación también establece reglas para la cría, venta y exhibición de animales, y fija las obligaciones en materia de protección, así como el procedimiento de la captura de algunos abandonados o perdidos.
El Artículo 4, para los efectos de esta ley, establece que se entenderá por animal: ser orgánico, no humano, vivo, sintiente, sensible que posee movilidad propia y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente.
También estipula los requisitos mínimos para tener una mascota de compañía, así como el establecimiento de condiciones y límites para el número de animales en refugios y se elevaron a rango de ley algunas disposiciones reglamentarias que ya existen en los municipios de la entidad.
Alonso Fernández Lemmen Meyer, titular de la PPA, dijo que se reforzarán las acciones de vigilancia para evitar este tema en todo el estado.
Por lo anterior, la dependencia estatal, a través de la Dirección de Bienestar Animal, estará llevando a cabo diversas capacitaciones a asociaciones de Quintana Roo, para mantener un cuidado sano de los ejemplares que estén a su cargo.
Afirmó que han pedido a la ciudadanía que si ven alguna situación relacionada con el maltrato animal, que lo denuncien y no permitan que los casos pasen desapercibidos.
Dijo que lamentablemente les llegan casos que no son competencia del estado, pero que de manera inmediata cuando se tiene conocimiento se turnan a la federación, la Fiscalía y a los municipios para su atención.
Según el funcionario estatal, “los temas que son competencia del estado son casos de caballos, gallos, cerdos, entre otros, ya que el tema de los animales domésticos es competencia de los municipios y las faunas silvestre es obligación de la federación”.
Faltan acciones
Para la directora de la Asociación Civil de Protección Animal “Opus Magnun”, Flor Tapia Pastrana, la reforma a la ley describe que quedará prohibida la exhibición de animales silvestres fuera del encierro en el que se incluye las vías públicas, además del manejo, interacción y contacto con miembros del público en general.
La organización civil fue una de las impulsoras de la prohibición de las corridas de toros en Cancún en años anteriores y celebró que se prohíba la explotación de animales silvestres en la vía pública, sin embargo, reconoció que al aprobarse las reformas existen daños colaterales que incluso, de no vigilarse afectarían a las especies.
La directora de Opus Magnum dijo que las autoridades dedicadas a la protección de animales, como es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) deben mejorar para garantizar el derecho animal, ya que actualmente no han servido de manera eficiente para atender las problemáticas y hay personal no preparado para atender las denuncias.
La activista agregó que en el tema de delfinarios aún es necesario regularlos, sin embargo, es de competencia federal, ya que en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, se hicieron reformas que permiten a las empresas privadas tener concesiones de hasta 20 años para el manejo de delfines.
Por su parte, el médico veterinario José Andrés Aguilar Gómez afirma que sólo los temas de maltrato animal mediáticos son castigados de acuerdo con la ley, afirmó, pues considera que, si bien se ha logrado avanzar sobre el mejoramiento y bienestar animal, aún falta un largo camino por recorrer en especial en temas de concientización y educación.
Dijo que muchos dueños pueden llegar a hacer daño a sus animales de manera inconsciente, pues ven a sus mascotas enfermos o con algún malestar y prefieren esperar a que “se curen solos”, antes de llevarlos a atención médica especializada.
“Me han llegado casos de perros inconscientes, con cáncer u otros padecimientos en fase terminal. Es muy duro para mí atenderlos por el amor que tengo hacia los animales y no me gusta verlos sufrir. Pero, como en muchos casos sucede en este tipo de situaciones, el animal muere, su dueño culpa al doctor, antes de aceptar su responsabilidad de actuar a destiempo”.
Casos en el estado
En lo que va del año, son varios los casos que se han registrado y hechos públicos, pese a lo anterior, los presuntos responsables no han recibido el castigo de acuerdo con la ley.
Para el mes de enero, el cuerpo de un perro, al cual le ataron las patas traseras a un block y lanzaron al mar, recaló sin vida en Isla Mujeres, el hecho no fue investigado y a la fecha no hay detenidos.
En abril, un hombre que había sido detenido por agredir sexualmente a una yegua con un objeto en Chetumal, fue puesto en libertad luego de que sus familiares pagaran una multa de cuatro mil pesos, bajo el argumento de que únicamente cometió faltas administrativas.
Mientras que, en julio, dos casos llamaron la atención de la población, el primero fue evidenciado en un vídeo, el cual se viralizó en redes sociales, donde un hombre en Playa del Carmen fue captado golpeando a su perro que se la pasada atado sufriendo las inclemencias del tiempo. Afortunadamente, la mascota fue rescatada junto a otro “lomito”, en esa ocasión el dueño no fue detenido, pero existe la denuncia correspondiente a la cual la FGE debe darle seguimiento.
El segundo caso fue el de un perro, de la raza pit-bull, que fue ahogado en una playa de Solidaridad, al parecer, el dueño el animal dio muerte a la mascota al encontrarse bajo los influjos de sustancias prohibidas; este hecho causó más indignación ante los habitantes, ya que hubo testigos que denunciaron el hecho ante las autoridades cuando ya no había nada que hacer por la mascota.
En el mes en curso, se han contabilizado tres casos, el primero ocurrido en la capital del estado, donde Bonifacio “N.”, de 85 años de edad, quien fue detenido por actos de zoofilia contra cuatro cachorritas en Chetumal y Yucatán, la Fiscalía General del Estado (FGE) lo liberó, para que continuará su proceso en libertad, sin embargo, tras los reclamos de la población, fue detenido nuevamente, aunque no se ha dado a conocer su situación legal.
El caso más reciente fue el de un hombre de nacionalidad iraní, quien grabó el momento en que lanzó desde un octavo piso a un perro en una exclusiva zona de Cancún, por lo que fue detenido por la FGE. Días después, un adolescente, junto con un adulto, en una colonia irregular, embolsó y mató con un tubo a un perro callejero y a pesar que los vecinos exigieron se procediera conforme a la ley, las autoridades municipales únicamente los llevaron ante un Juez Calificador por faltas administrativas, para después ser puestos en libertad.
¿Cómo denunciar maltrato animal?
Para denunciar maltrato animal en Quintana Roo puedes enviar un correo electrónico a la dirección [email protected] o llamar a la Dirección de Protección y Bienestar Animal al número 99-88-92-33-26.
En noviembre de 2023, la XVII Legislatura del Estado aprobó una reforma al Código Penal local, enfocada en incrementar las sanciones contra aquellos individuos que perpetren actos de crueldad animal.
Las nuevas penas oscilarán entre 1 y 5 años de prisión, junto con multas que van de 50 a 100 días. Es relevante destacar que estos delitos serán perseguidos de oficio, asegurando una acción legal proactiva en casos de crueldad animal.
En situaciones en las que el infractor sea un servidor público encargado de la protección, conservación o cuidado de los animales, la pena se incrementará en un tercio del máximo permitido, acompañada de la inhabilitación para ocupar otro cargo público.
Los actos de crueldad que resulten en la muerte del animal, ya que las sanciones para estos casos serán más rigurosas, con penas que van de 4 a 6 años de prisión y multas que oscilan entre 200 y 400 días.
