La regularización de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta se ha convertido en un escándalo debido a denuncias de manoseo e intereses políticos y económicos. Aún falta legalizar más de 2 mil predios.
Según los colonos, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) y el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (Indavi) están cobrando cantidades exorbitantes por la regularización de los terrenos, de hasta 650 mil pesos en algunos casos.
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Isauro Morales Chuc explicó que lo anterior se debe a intereses políticos y económicos creados por ambas dependencias, y a que gente de la extinta Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya) sigue teniendo influencia en la zona, a pesar de haber sido desmantelada.
La situación es especialmente grave para los colonos que han vivido en la zona durante 31 años y que ahora se ven obligados a pagar cantidades exorbitantes para regularizar sus terrenos; incluso hay evidencias de personas que abandonaron sus predios y pretenden recuperarlas a través de abogados que amenazan con emprender juicios “patito”.
De acuerdo con Isauro Morales Chuc, luchador social desde el inicio de la invasión, el Instituto Nacional de Suelos Sustentable (Insus) inició el proceso de regularización de la colonia en 2020, pero ahora la Sedtus y el Indavi están interviniendo y cobrando cantidades exorbitantes.
Los colonos exigen que se respete el proceso de regularización iniciado por el Insus y que se evite la intervención de la Sedetus y el Indavi; también exigen que se investiguen las denuncias de corrupción y que se tomen medidas para evitar que se repitan estos abusos.
La regularización de la colonia Colosio es un tema complejo que involucra intereses políticos y económicos. Según información oficial, se realiza en coordinación con la Sedatu, el Insus y el Gobierno del Estado de Quintana Roo.
Esta semana, los trabajadores del Insus se dedicaron a realizar otro censo, domicilio por domicilio, para revisar caso a caso y después citar a los colonos a las oficinas de la Sedetus de Quintana Roo para que les digan el monto que deben pagar, retomando así el hecho de que no se está respetando el acuerdo de gratuidad en los títulos de propiedad.
En su momento, Derimaya fue un gran negocio, debido a que vendió terrenos en la Quinta y Décima Avenidas, así como zonas cercanas a la playa; sin embargo, esos documentos son inútiles porque no cuentan con los apéndices que debe contener un título de propiedad, aseguró Morales Chuc.
Indicó que la primera etapa de la regularización, se cumplió el 6 de septiembre, pero llama la atención que hay gente extranjera que vive en la Quinta y la Diez que ya cuenta con su título y algunos sólo pagaron 25 mil pesos; mientras que la gente que sí entró a la invasión luchó cuando ese estaba en breña, cuando no había servicios, y les están cobrando precios elevados.
Sentenció que el que debe titular es el Insus, con base en los Artículos 36, 37 y 38 de su reglamento, y debería ser tan sencillo como presentar tres documentos de posesión por seis meses; sin embargo, ahora le están pidiendo a la gente, hasta el plano topográfico en papel, “ese no fue el acuerdo, el acuerdo es que se le tiene qué titular a la gente con lo que tenga y que compruebe que ahí vive”, detalló.
“Ya no se llama corrupción, se llaman donaciones y que los socios de Derimaya volvieron a retomar la titulación a través de la Sedetus, quienes planearon este cobro injusto, totalmente desleal y fuera de toda legalildad”, concluyó.
