Pobladores de Tuzik y familia res de los jóvenes asesinados hace un mes en esta comunidad maya es tan dispuestos a tomar justicia por su propia mano y a sacrificar a la madre de los sospechosos, a quien mantienen prisionera en la celda de la subdelegación municipal.
Asimismo responsabilizaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de lo que ocurra con la mujer, pues esta situación es consecuencia del lento actuar de las autoridades.
Los inconformes emplazaron a los organismos procuradores de justicia a atrapar a los asesinos en los próximos 60 días, pues al cumplirse los tres meses desde el homicidio, quemarán a la retenida.
Luego de cumplirse un mes del homicidio de dos muchachos, en el crucero de esa población, los presuntos responsables continúan prófugos de la justicia y aunque la FGE ofreció una recompensa de 400 mil pesos (200 mil por cada uno) a quien brinde la información necesaria para su captura, los familiares y vecinos aseguraron que hasta el momento no han visto avances en las investigaciones.
Critican falta de acción estatal y municipal
Al respecto, el padre de una de las víctimas, Florentino Pech Yam, mencionó que permanecen apostados frente a la subdelegación municipal, realizando guardia, a la espera de que los involucrados en este crimen sean aprehendidos.
“Hasta el momento, las autoridades de la FGE, no han regresado a la comunidad para informar de los avances en las investigaciones, sólo nos dicen que lo están investigando, pero no vemos resultados, no hemos visto que hayan captura do a los dos involucrados”, indicó.
Mencionó que únicamente el día en que los asesinos sean capturados desistirán de su movimiento; hasta entonces, permanecerán apostados en ese lugar.
El entrevistado enfatizó que lo único que piden es que las víctimas, entre las que se encuentra su hijo, Patricio Pech Dzidz, y el resto de sus familias obtengan justicia.
“Necesitamos saber lo que se está haciendo a favor de nuestros hijos que están muertos; pero si solamente nos están engañando, la gente puede reaccionar de otra manera, ya que está dispuesta a tomar medidas más drásticas, al grado de organizarse al paso de tres meses, si no hay justicia, para que hacer justicia por mano propia y quemar a la madre de los asesinos”, advirtió otro poblador.
Por su parte, Martha Dzidz Chablé, madre del segundo de los jóvenes asesinados, señaló que “lo que nos han dicho por parte de la Fiscalía General del Estado es que ha salido la orden de aprehensión en contra de estos sujetos, pero sin que hasta el momento hayan sido localizados y capturados”.
“Para exigir justicia por mi hijo estoy dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Si hay la necesidad de tocar las puertas del gobierno federal, lo vamos a hacer, porque ya nos fastidiamos de estar esperando que nos hagan justicia, y que hasta el momento no hay, no vamos a dejar que quede impune el caso”, remató.
Mientras tanto, la multitud que se encontraba presente en el improvisado campamento indicó que la familia no se encuentra sola.
“Vamos a esperar que pasen los tres meses y si no hay respuesta, vamos a tomar la justicia por mano propia, sin importar qué vaya a pasar, ya que necesitamos hacer justicia”, aseguraron.
Añadieron que todo esto es consecuencia de la inoperancia de la Fiscalía General del Estado, pues ya pasaron 30 días desde el crimen y no ha hecho un buen trabajo ni está mostrando un resulta do favorable.
También acusaron a los gobiernos de Mara Lezama y Maricarmen Hernández Solís de no haber se acercado a ellos ni brindarles apoyo en sus demandas de justicia.
Mamá de los sospechosos pide que se entreguen
Julia Yama Chan, de 54 años de edad, es la madre de los dos presuntos asesinos, quien permanece retenida por los pobladores.
Angustiada, pidió a sus hijos que se entreguen a las autoridades para que se esclarezca lo sucedido.
Originaria de la localidad de Señor y con domicilio en la comunidad de Tuzik, la mujer dijo a Por Esto! de Quintana Roo, en lengua maya, que uno de sus vástagos está seriamente herido del pie y necesita atención médica.
“Estoy pidiendo que se entregue para que pueda recibir la atención médica necesaria y además se esclarezca lo que sucedió. Hasta donde yo sé, todo fue en una riña, tal como me dijeron al momento en que llegaron a la casa y presen taba una cortada en el talón del pie, por lo que tuve que realizarle las curaciones necesarias”, dijo.
Comentó que sus hijos no tienen vicio alguno y es mejor que sometan a las autoridades para conocer realmente lo que sucedió y el herido sea visto por un médico.
La detenida sólo puede ver a la calle por una ventana ya que la puerta de herrería está asegurada con cadena y candado, que le impide salir para regresar a su domicilio. Aunque su vivienda, fue destruida la madrugada del día siguiente por la multitud, quedan do prácticamente sin nada.
“Yo llevo casi un mes retenida en esta subdelegación y con todo lo que está sucediendo, antes sola mente padecía de la diabetes ahora también de la presión”, lamentó. La mujer puede descansar en su celda, en una hamaca color azul, y puede mitigar el intenso calor con un ventilador que la misma gente le proporcionó.
Ella es madre de familia de por lo menos cinco hijos, pero sólo una de ellas la ha ido a visitar para llevarle algunas prendas y alimentos.
Pariente de los jóvenes, involucrado en la huida
En el lugar trascendió que Fidencio Pat Ciau, padre de los jóvenes señalados como los responsables de los asesinatos está fuera de la localidad, y posiblemente se encuentre refugiándose en la casa de algún pariente, pues desde el día de los hechos no se ha asomado en el pueblo.
Se supo también que el progenitor recientemente interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de su hermano, Marcelino Pat Ciau, por el delito de encubrimiento, pues el pasado 12 de Septiembre, aproximadamente a las 6 horas, cuando Fidencio y sus hijos menores de edad se encontraban en los montes de la comunidad de Tuzik le mandó un taxi, ya que por el calor del problema, estaban en riesgo.
Presuntamente, al abordar la unidad de pasaje dejaron a los tres en Señor y él le pidió a su hermano que trasladara a los jóvenes al Hospital General para su atención médica y posteriormente a la FGE; sin embargo, hizo caso omiso y se los llevó a otra parte para evitar que sean capturados.
Aparentemente fueron llevados a un domicilio donde fueron abandonados y hasta la fecha se desconoce del paradero de los dos presuntos homicidas.
¿Qué ocurrió en el pueblo?
Al mediodía del pasado 11 de septiembre, se recibió el reporte de dos jóvenes apuñalados en el crucero de ese poblado, uno de los cuales perdió la vida en el lugar de los hechos y el otro, pocas horas después, en el hospital general de Felipe Carrillo Puerto, a donde fue trasladado
Una de las víctimas identificó plenamente a sus agresores, y se lo comunicó por llamada telefónica al subdelegado de la comunidad. Al parecer, los occisos, Patricio Pech Dzidz y Ángel Puc Dzidz, se desplazaron a Señor para comprar carne de puerco, y al regresar fueron sorprendidos por sus homicidas, que resultaron ser también pobladores de Tuzik. Hasta el día de hoy el móvil no se ha esclarecido.
Pocas horas después del doble crimen, los pobladores dejaron los ataúdes de las víctimas frente a la casa de los sospechosos, como medida de protesta y amenazaron con tomar justicia por su propia mano, pues los presuntos homicidas no fueron detenidos rápidamente, por lo que incendiaron la vivienda de los sospechosos y con ayuda de un mazo y otras herramientas destrozaron los restos. Asimismo, encerraron a su madre en la celda de la subdelegación, donde permanece hasta el día de hoy.
Aunque trascendió que los sujetos intentaron rescatar a la mujer, al darse cuenta de la gran cantidad de pobladores y agentes prefirieron huir para no ser capturados.
Respuesta demorada
Al poblado llegaron elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Seguridad Ciudadana asignados al grupo “Jaguar”, así como de la Policía Municipal, para tratar de convencer a los pobladores para que les entregaran a la mujer; sin embargo, se negaron con el argumento que era una medida de presión para que delatara el paradero de los presuntos responsables.
Hasta pasados 20 días, las autoridades de la Fiscalía General del Estado reaccionaron y ofrecieron una recompensa de más de 200 mil pesos por cada uno de los sospechosos, Rigoberto de Jesús Pat Yama, alias “Bella”, y Jairo Pat Yama.
Problemática prima en todo el estado
Ante la falta de respuesta de las autoridades para salvaguardar la seguridad ciudadana, también en el municipio de Benito Juárez es cada vez es más común que los ciudadanos tomen justicia por su propia mano.
En los últimos cuatro meses se han efectuado al menos tres intentos de linchamiento en las Supermanzanas 215 y 227 y un cuarto en la 249, cuando los vecinos decidieron golpear a un individuo que presuntamente hizo tocamientos indebidos a una adolescente.
Al respecto, Ángel Miranda Rojas, sociólogo de Cancún, dijo que esto es sólo el reflejo del hartazgo de los vecinos ante la poca efectividad policiaca y la impunidad de los delincuentes, por lo que en realidad no será una sorpresa si estos casos ocurren con mayor frecuencia.
Dijo que la situación tiene que ver con la inoperancia de las autoridades que imparten justicia, lo que genera un enojo colectivo ante la falta de sanciones y el elevado nivel de violencia que se registra en la entidad, pues cada vez la sociedad está más a merced del crimen y ya no importa si es un lugar público, turístico o afuera de las viviendas, de día o de noche.
Agregó que la sociedad ha normalizado la violencia al punto de que también quiere impartir justicia con mano propia, por lo que se debe cuestionar si esto también es correcto, porque a medida que el problema crezca a cualquiera se le podrá acusar y la multitud lo tundirá a golpes sin saber los hechos, por lo que es momento de que las autoridades tomen cartas en el asunto antes de que se salga de control.
Apuntó que es evidente que la fragilidad, inaccesibilidad y desconfianza en el sistema judicial son las causas primordiales para la atribución de tomar la “justicia por mano propia”, por lo que es necesario que se implementen reformas puntuales en las unidades de delitos flagrantes, de tal forma que se pueda crear proximidad entre la justicia formal y la conflictividad cotidiana.
El aumento de la disponibilidad de jueces y la extensión del horario de servicio puede ayudar significativamente a mejorar la respuesta oportuna de la justicia, opinó.
Entre los casos que se han registrado en Cancún se encuentra el de un hombre que fue golpeado por habitantes de la colonia Los Héroes, luego que tratara de robar una farmacia, lo que desató la furia de los vecinos.
Otro se reportó en la Supermanzana 227 cuando se armó la turba luego de que un sujeto intentó asaltar a una persona ante la mirada de varios testigos, quienes no dudaron en auxiliar a la víctima. El hombre terminó con golpes en todo el cuerpo antes de que elementos de Seguridad Municipal atendieran el llamado.
Radiografía social
Los linchamientos no sólo evidencian la falta de atención y solución al problema de la inseguridad, también revelan actos de desprecio, insatisfacción, descalificación y hartazgo hacia las autoridades.
Cuando ocurre un hecho de este tipo, rara vez actúan en contra de la turba enardecida, contagiada colectivamente, y al final se da una “solución política” a un conflicto social, quizá para justificar su ineficiencia en prevenir ese tipo de ilícitos y por no garantizar la seguridad de la sociedad y de ahí radica el hartazgo por esa impunidad, reveló un experto en el tema.
Hace unos días, vecinos de la colonia Cielo Nuevo de Cancún, ubicada en la Región 249, capturaron a un sujeto que habría intentado aprovecharse de una menor de edad y al cual golpearon hasta que llegaron las autoridades para detenerlo y rescatarlo.
El abogado penalista y maestro en derecho Alejandro Aguirre Buenfil, expresidente del Colegio de Abogados Postulantes de Cancún y Maestro en Derecho, aclaró que este tipo de acciones son un delito tipificado en el Código Penal, aunque en la mayoría de los casos las autoridades no realizan las investigaciones correspondientes y por lo general no proceden contra los responsables y al final de cuentas no sucede nada.
“Desde el punto de vista legal, quien participa en un linchamiento desde luego incurre en un delito, ya sea homicidio o lesiones calificadas, pero, aunque se suponen que estamos en un estado de derecho, donde nadie puede hacer justicia por su propia mano, la realidad es que tantas cosas e injusticias que suceden en la sociedad, permean en la gente y cuando se presenta un hecho de violencia, se genera una reacción colectiva de furia contra el perpetrador”, explicó.
Recordó que uno de los episodios más violentos de este tipo ocurrió en el 2004, en la capital del país, cuando unos agentes federales realizaban una investigación por narcomenudeo y fueron linchados por habitantes del pueblo San Juan Ixtayopan, en la entonces delegación Tláhuac, al ser confundidos con “robachicos”, toda vez que iban filmando, vestidos de civil y en un auto no oficial.
La turba enardecida señaló a los elementos de tomar fotos a infantes, así como de haber cometido el secuestro de dos menores de edad. Al hacerse cada vez más fuertes las acusaciones, los habitantes del pueblo decidieron actuar por mano propia, por lo que ataron de manos a los oficiales y golpearon hasta la muerte a dos de ellos. Sólo uno fue rescatado con vida.
Al día siguiente 32 personas fueron detenidas de manera momentánea, arrestos que muchos calificaron de ilegales, debido a que presuntamente ocurrieron sin órdenes de aprehensión. Posteriormente Marcelo Ebrard fue destituido de su cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por la tardía reacción para rescatar a los policías.
“Repito, sí está penado, pero las autoridades no proceden contra estas personas cuando deberían hacerlo, dando una solución política a un conflicto social, prefiriendo no procesar a los 20 o 50 pobladores del lugar donde haya ocurrido en linchamiento, en lugar de detenerlos para que no vuelva a suceder”, agregó.
Dijo que esto ocurre porque la gente piensa que si se captura al delincuente lo van a dejar salir, “que habrá fallas en el Ministerio Público y obtendrá su libertad, por eso aplica la Ley del Talión —ojo por ojo y diente por diente—, y mientras siga la impunidad, estos casos no podrán evitarse, por desgracia”, concluyó.
Hartazgo ciudadano
Por su parte, vecinos de Cielo Nuevo dijeron desconocer el caso que sucedió recientemente, pero aseguraron que si fueran testigos de algo así estarían de acuerdo con que se detenga al sospechoso, lo amarren y le den uno que otro golpe, pero hasta ahí, en lo que llega la Policía, que, dijeron, tarda mucho en llegar.
“Sí, que lo amarren para que escarmiente. La gente ya se cansó de tanta inseguridad y luego los sueltan. Si yo veo algo así sí me meto y llamaría a los vecinos hasta que llegue la Policía y haga su trabajo, en eso estamos de acuerdo muchos”, dijeron Luvia Castillo, y Guadalupe Ramos, entre otros.
Aunque dijeron no estar de acuerdo con ese tipo de violencia, reconocieron que la gente ya está cansada de tanta impunidad.
“No soy quién para hacer justicia por propia mano, pero sí creo que hay mucha gente cansada de la inseguridad. Soy madre y no quisiera estar en sus zapatos. Hemos visto casos donde la gente sí actúa cuando ve un hecho de ese tipo, pero se pueden convertir en asesinos también si se les pasa la mano, es un tema discutible”, dijo Verónica “N”.
Otros entrevistados mencionaron que no están de acuerdo con la violencia, pues lo mejor es que las autoridades hagan su trabajo, aunque no siempre sucede.
