A dos años y cuatro meses de que sucediera la desaparición de la menor de 12 años, la Fiscalía estatal todavía no presenta avances en la investigación, llevando el caso al límite de tiempo para presentar las pruebas correspondientes para el proceso judicial, asegura la madre de la menor.
En una entrevista para Por Esto!, Daysi Noemí Blanco Chi madre de la menor, expresó la angustia que lleva encima, después de dos años y cuatro meses de que desapareciera en la zona continental de Isla Mujeres.
Por este hecho de desaparición se encuentran dos personas detenidas, una de ellas es Marco Antonio “N”, captura que se logró en noviembre de 2022, gracias a la campaña de búsqueda realizada por la familia de la menor y la recompensa anunciada; lograron encontrar al presunto culpable en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
El proceso judicial dio inicio con normalidad y la Fiscalía presentó las pruebas suficientes para vincularlo a proceso, por lo que el juez asignado ordenó la prisión preventiva, mientras continuaba la búsqueda del segundo sospechoso que es la esposa de Marco Antonio N.
La detención de la segunda persona implicada fue el 23 de mayo de 2023, luego de que la Fiscalía General del Estado anunciara por un boletín la ficha de búsqueda de Angélica “N”, con una recompensa de un millón de pesos.
La mujer se entregó de manera voluntaria, por lo que fue puesta a disposición del juez, mismo que ordenó la prisión preventiva de manera inmediata.
Una vez detenidos los dos sospechosos, fue el inicio de una odisea para la familia, indicó la madre de familia, debido a que comenzaron los aplazamientos de audiencias y los amparos por parte de los abogados defensores.
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La intervención de la Comisión de Derechos Humanos perjudicó el caso, luego de que asesoraran a los acusados, indicándoles que si querían no podían brindar más información, que eso no representaba ningún problema y estaban en su derecho, explico la madre de la menor desaparecida.
La molestia por parte de los familiares de la víctima es que estos amparos han servido para alargar el proceso durante dos años y, permitir que los imputados se reserven el derecho de declarar, por lo que hasta la fecha no han indicado qué sucedió con Fernanda Cayetana.
Los implicados en el caso están a la espera de que el último amparo generado por el abogado defensor, el cual al término de su vigencia, en ocho meses, la Fiscalía deberá valorar la relación de ambos y las pruebas presentadas para ver si continúan en el Cereso bajo algún otro cargo o, bien, otorgar la libertad, lo que tiene a la familia afectada en la incertidumbre.
Hasta la fecha, las reuniones con Raciel López Salazar, fiscal general del Estado, no han generado nuevos avances, todo lo contrario, se ha comprometido con la familia en apoyar e interceder con derechos humanos, pero no cumple, lo que a estas alturas del caso está rebasando los límites de paciencia no solo de la familia de la menor, sino del colectivo al que pertenece, el cual es reconocido por realizar bloqueos ante la falta de atención de la autoridad.