La Fiscalía General del Estado (FGE) negocia las labores de localización de personas desaparecidas, acusó Carmita Zapata Pérez, integrante del colectivo “Madres Buscadoras”, luego de realizar un plantón a las afueras de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC).
Señaló que las autoridades del estado y el personal de la FGE la contactaron para que se retirara y no afectara la imagen del destino turístico, a cambio ellos realizarían su trabajo.
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En la entidad, los ciudadanos han tenido que recurrir a medidas de presión, como bloqueos carreteros y manifestaciones, para llamar la atención de las autoridades e impulsarlas a hacer su labor.
Sin embargo, a pesar que los organismos de procuración de justicia se comprometieron a darle respuesta a Zapata Pérez sobre el caso de la desaparición forzada de William Hernández Zapata, su hijo, aún no hay avances en la investigación.
En una entrevista para Por Esto!, dijo que la ineficiencia, el temor y el desinterés de las autoridades entorpecen las labores de búsqueda. Su relato dejó en evidencia lo anterior, pues en un lapso de siete años de investigación, y sabiendo dónde se encuentran los responsables de delito, no han hecho nada al respecto.
De acuerdo con ella, el personal de la FGE cuenta desde hace un año con una orden de aprensión para la persona identificada y señalada como responsable de quitarle la vida a William Hernández Zapata, en el año 2017; además desde hace más de cuatro meses la tienen localizada, pero no han realizado ningún operativo para su detención.
La madre del menor expresó su preocupación y pidió una explicación, pero los agentes de la dependencia se limitaron a decirle que no podían acceder al lugar para ejecutar la orden de aprensión, porque es una zona de alto riesgo en materia de seguridad, lo que pondría en peligro la integridad de los involucrados en el operativo.
Añadió que actualmente, gracias a la perseverancia de los familiares y el apoyo de Madres Buscadoras, hay una persona detenida, la cual brindó información de vital importancia para el caso, pero la fiscalía la ignoró, lo que llevo a la madre del menor a realizar el plantón en el AIC.
Luego de la presión, las autoridades accedieron a trabajar y realizaron un operativo para buscar los restos de Hernández Zapata la tarde del domingo, en el cual llevaron al recluso, para que señalara el lugar exacto donde lo habían dejado, pero incluso así, las autoridades solamente marcaron el lugar, sobrevolaron con drones, usaron algunos perros especialistas en búsqueda y se retiraron, alegando a la madre del menor que no podían continuar por la hora y debían ir a la fiscalía para realizar un listado del equipo que necesitan para avanzar en la búsqueda de campo y que posteriormente regresarían a terminarla, dejando la zona sin custodia policial.
Este actuar de las autoridades causó indignación en los colectivos, los cuales procedieron a realizar el plantón afuera de la Fiscalía General del Estado de manera indefinida, hasta que las autoridades presenten los avances en la investigación de William Hernández Zapata.
Exigen la renuncia de Cristina Torres
Cansados de la ineficiencia de las autoridades estatales en materia de localización de personas, los colectivos de búsqueda alzaron la voz para solicitar la intervención y protección de la Federación y la destitución de Cristina Torres, secretaria de Gobierno.
La mañana de ayer, en una entrevista para Por Esto!, María Dolores Patrón Pat, presidenta y fundadora del colectivo “Madres buscadoras de Quintana Roo”, denunció la falta de interés de la secretaria de Gobierno en temas de desaparición de personas.
Dijo que desde hace dos años están tratando de establecer una mesa de diálogo con la funcionaria, quien se ha presentado en escasas dos o tres reuniones, postergando las demás.
Acusó que estas acciones demuestran la poca importancia que tiene para el gobierno del estado la búsqueda de desaparecidos, al que no le importa el dolor de las familias. Esto repercute en la cultura de la no denuncia, pues la ciudadanía ve que las autoridades no hacen nada al respecto.
En la actualidad, ese colectivo suma 18 fichas activas de búsqueda, acciones que entorpece la secretaria de Gobierno al no brindar el apoyo adecuado a las familias y no solicitar a diversas fiscalías la eficacia adecuada para poder resolverlos.
“Parece increíble que con un presupuesto de casi mil millones de pesos, destinados a la seguridad del estado, sólo nueve millones de pesos se dirijan a la Fiscalía de Búsqueda de Personas y que nosotros, como familias afectadas, debamos de realizar las investigaciones de campo primero que ellos”, declaró.
Las activistas aseguran que la colocación del plantón a las afueras de la Fiscalía General del Estado, en la avenida Xcaret, es fruto de la mala organización por parte de los diferentes poderes del estado en materia de búsqueda de personas, ya que sin importar donde pidan el apoyo el resultado es el mismo.
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El problema, a su parecer, “viene desde la cabeza”, por lo cual esperan lograr la destitución de la secretaria de Gobierno, y esperar que el sucesor frene la gran ola de corrupción que existe y la filtración de información que las pone en riesgo absoluto.
El hecho de que la fiscalía no cuente con el equipo adecuado para realizar la búsqueda es algo increíble, existen operativos en los que el personal de dicha dependencia solamente acude con palos y artefactos rústicos que ni funcionan, por lo que ellas deben de realizar parte del trabajo, relató Patrón Pat.
“En palabras sencillas, la tarea de búsqueda de personas desaparecidas es una labor que a la actual secretaria de Gobierno le quedo muy grande”, citó.
Por ello, consideran ya es hora de que se realice un cambio inmediato desde la cabeza para que el sistema completo de impartición de justicia empiece a mejorar.
En Quintana Roo, en las últimas semanas se han realizado múltiples movilizaciones para presionar a las autoridades a actuar. Las víctimas indirectas han denunciado desde la inoperancia de la FGE, hasta errores en el sistema de justicia penal, que lleva a descalificar pruebas y confesiones de presuntos homicidas porque no se obtuvieron “in fraganti”.
Entre las deficiencias de la dependencia está la insuficiencia del personal, que no se da abasto para atender todas las carpetas de investigación que se abren, lo que alenta los procesos y genera rezago.
Esta situación ha generado desconfianza ciudadana en la Fiscalía General del Estado, que ahora, además, se limita a responder y actuar únicamente ante medidas de presión. Por ejemplo, en Chetumal, hace unos días, se movilizó la gente para exigir la aparición de cuatro trabajadores de una empresa cárnica desaparecidos.
Amigos y familiares de las víctimas se cansaron de esperar la respuesta de las FGE, que únicamente puso a circular fichas de búsqueda.
Asimismo, también en la capital del estado hubo una protesta social a principios de septiembre, por la desaparición de la enfermera Dulce Yareli. En este caso la familia criticó que aunque la joven era profesional naval, la Secretaría de Marina no respondió a las peticiones de apoyo sino hasta que hubo bloqueos carreteros.
