La Zona Norte del estado encabeza la estadística de denuncias de extorsiones a comerciantes, empresarios y trabajadores de la construcción, tan sólo en Cancún se registraron 64 casos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de los 109 que se han reportado entre enero y julio en Quintana Roo durante el 2024, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los casos de extorsión incrementaron drásticamente según los datos del Secretariado, pues en los siete meses de este año sumaron 109 denuncias, en comparación con el mismo periodo del 2023, cuando se reportaron 46, es decir, más del 50 por ciento. Ante este grave problema, Cancún encabeza la cifra estatal con 64 casos; mientras que Chetumal tiene nueve denuncias; Felipe Carrillo Puerto suma ocho; en tanto que Playa del Carmen y Tulum reportaron siete cada uno; Cozumel, cuatro; Isla Mujeres y Bacalar tienen tres respectivamente; dos denuncias más en José María Morelos; Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos, una cada municipio.
Contabilizando el total de denuncias, la Zona Norte del Estado concentra más del 50 por ciento, con 87 expedientes ante la Fiscalía; mientras que los municipios de la Zona Sur tienen 22 carpetas de investigación, en las que presuntamente los comerciantes, vendedores ambulantes y trabajadores de la construcción son los más afectados.
Sobre este tema, James Tobin Cunningham, coordinador general de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia del Estado, reveló que del 2016 al 2023 se reportaron al número anónimo 089, 32 mil denuncias por extorsión, aunque solo mil 32 llegaron a la Fiscalía General del Estado, por lo que alrededor del 97 por ciento de las víctimas no denunciaron.
La extorsión se ha vuelto un delito bastante redituable para las células del crimen organizado, pues James Tobin agregó que durante un análisis a nivel nacional de más de un millón de llamadas de este tipo se solicitó aproximadamente 850 millones de pesos, de los que fueron pagados 126, por diversos factores, como el miedo o desinformación de la ciudadanía.
Un caso reciente de extorsión sucedió en Playa del Carmen, cuando una madre de familia recibió una llamada en la que le dijeron que tenían secuestrado a su hijo menor de edad y le exigieron más de 300 mil pesos para su supuesta liberación. Al mismo tiempo, el joven se encontraba fuera de casa, por lo que también recibió llamadas con amenazas de dañar a su mamá si no depositaba dinero al decirle que igual la tenían secuestrada; en la misma llamada recibía indicaciones de apagar su celular, deshacerse de su chip y aislarse de toda persona, con la finalidad de que no hubiera contacto entre él y su familia.
Las víctimas con miedo de no saber si el supuesto secuestro era real, decidieron llamar al número de emergencias 911, lo que activó a las autoridades policiales, quienes iniciaron un operativo de búsqueda del menor, afortunadamente, fue encontrado en un centro comercial, poniéndolo a salvo junto a su familia.
El minuto que cambió la vida de una familia
El esposo de doña Guille, un pequeño emprendedor, abrió un taller para reparación de electrodomésticos en la zona de Villas Otoch Paraíso, apenas había transcurrido un mes y los “cobradores de piso” se hicieron presentes para pedir un pago mensual de 18 mil pesos, monto que no pudieron cubrir, por lo que los “emisarios” dispararon tres balazos al hombre, quien en ese momento se encontraba en compañía de su hijo mayor, el cual recibiendo un disparo en la pierna, así como un cliente, que también quedó lesionado.
El minuto que les cambió la vida. Han transcurrido dos años desde aquella tarde, por lo que hoy el esposo de doña Guille y su hijo presentan limitaciones en movilidad por afectaciones de esas balas y la falta de equipo en el quirófano del Hospital General para extraérselas, convirtiendo el proceso en una odisea. Ahora la mujer trabaja en un restaurante lavando platos, mientras su esposo e hijo apenas pueden desplazarse al quedar con afectación motriz, lo que dificulta su posibilidad de desempeñarse en algún trabajo.
En ese lapso de dos años, la familia se refugió en Valladolid, ante el temor de ser perseguidos por los extorsionadores, de regreso en Cancún también tuvieron que mudarse de zona para vivir.
Secreto a voces
El cobro de “derecho de piso” es un secreto a voces entre comerciantes, ya sea fijos o semifijos, en cualquier punto de Quintana Roo. Desde fondas en mercaditos, vendedores de hot dogs, tienditas de la esquina, peluquerías, taquerías formales e informales; prácticamente cualquier negocio es objeto de este crimen.
Algunos propietarios o gerentes argumentan, “¿qué hacemos, cerramos o mantenemos la planta productiva?”
De acuerdo con el coordinador de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, James Tobin, el delito de extorsión en Quintana Roo sumó 32 mil reportes al número 089, de 2016 a 2023 y afecta principalmente a tres sectores: el de la construcción, el náutico y restaurantero.
En el mismo periodo, se registraron mil 032 denuncias en la Fiscalía General del Estado, con 97 por ciento de cifra negra, es decir, de casos no reportados. Aunque el número de carpetas de investigación creció en 106 por ciento.
Estimó que el monto total que se solicitó a través de esas extorsiones podría alcanzar los 850 millones de pesos, de los cuales, pagaron 126 millones, de acuerdo a datos preliminares. A partir de mayo pasado, los casos de extorsión en Quintana Roo serán objeto de investigación de oficio, lo que significa que no requerirán una denuncia formal por parte de la víctima.
Esta medida fue aprobada por los diputados del Congreso local, quienes reformaron el Artículo 163 del Código Penal del estado. Mientras, el sector empresarial dice que, para reforzar la vigilancia por temas de inseguridad y extorsiones, han elevado sus gastos en cuatro por ciento en promedio; adicionalmente, han comprado más cámaras de seguridad para conectarse al Complejo de Seguridad C-5, pero ven que no hay retroceso en los temas de inseguridad.
El presidente entrante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, Javier Olvera Silveira, cuyas empresas son del sector inmobiliario, dijo que como medidas extremas de seguridad, los constructores han optado por cerrar perímetros de las obras, colocar identificadores biométricos para los trabajadores, a veces hasta contar con perros adiestrados para que puedan dar rondines en los espacios en construcciones, lo que ayuda “mucho para mantener alejados a los infractores.
Cuando estaban abiertas las obras era mu-cho más fácil de libre acceso, hoy ya no es de libre acceso. Esto como decíamos, tiene un costo”. Precisó que ese costo del 4 por ciento para temas de seguridad, se adicionan a los costos totales de obra, mencionó. Aunque reconoció que desconoce cuántos constructores han implementado esta modalidad a fin de reforzar la seguridad en las zonas.
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) Capítulo Cancún, que preside Miriam Escalante, menciona que preside el Grupo Centurión, integrado a las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, y luego de reuniones en el C-5, se han conectado entre 30 y 40 cámaras de seguridad a ese Complejo de Seguridad, de las 120 socias. Esas cámaras conectadas ahora a ese sistema de vigilancia, dijo, son principalmente establecimientos abiertos al público, como restaurantes, hoteles y servicios sobre avenidas con venta directa al público, tanto en zona urbana como en zona hotelera.
En el presente año, mencionó que han tenido 3 casos de intentos de robo y extorsión. Uno en avenida Bonampak, en donde hubo respuesta inmediata de las autoridades de Seguridad. “Esto se debe replicar para toda la ciudad, hay que ponerse a trabajar con esto”. Muchas de las extorsiones son al azar, con llamadas desde la cárcel, se reporta el número y las autoridades nos dicen qué hacer. La autoridad rastrea las llamadas y se ha identificado que son hechas desde la prisión, comentó.