La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de sus redes sociales, lanzó una ficha de recompensa para quien aporte información fidedigna que lleve a la localización de Gisseli Alejandra Tamayo Ortiz, reportada desaparecida desde marzo de 2021 en el poblado Francisco Villa, en Othón P. Blanco. Desde entonces, se activó el Protocolo Alba, que señala que la joven, de entonces 21 años, podría ser víctima de una desaparición forzada cometida por particulares.
Ceyla Ortiz, madre de la víctima, señaló que hay poco interés en darle seguimiento a la búsqueda de su hija, quien sufría violencia familiar por parte de su pareja, a quien pensaba dejar, según lo indicó su madre.
La madre de Gisseli, quien actualmente radica en Cancún, forma parte del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”. Su presidenta, Romana Rivera, confirmó el aumento en los casos de personas desaparecidas en el sur de Quintana Roo desde noviembre de 2022.
“Ella vivía en Francisco Villa; desapareció el 20 de marzo. Yo vivo aquí en Cancún, ella allá, con su pareja, y de un día para otro desapareció. Yo tengo puesta la denuncia desde que desapareció; sin embargo, las autoridades no ponen atención al caso y lo han dejado así. La verdad he batallado mucho para que me hagan caso”, narra Ortiz.
En los procesos de investigación realizados por la FGE, se han llevado a cabo un par de búsquedas en un predio donde se encuentra un rancho llamado “La Noria”, presuntamente el lugar donde fue enterrada Gisseli, esto a raíz de un mensaje que recibió una allegada de Ceyla, en el que se señalaba dicho rancho. Sin embargo, los resultados obtenidos hasta el momento no han sido positivos. A la fecha, Gisseli sigue desaparecida y se ofrece una recompensa de medio millón de pesos por cualquier información que conduzca a su paradero.
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Diversos colectivos han solicitado la intervención de la gobernadora Mara Lezama para dar prioridad a los casos de desapariciones forzadas que se están registrando en el estado. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 8 de agosto de 2024, hay un total de 116,386 personas “desaparecidas y no localizadas” desde 1950, de las cuales 89,121 son hombres, 26,749 son mujeres y 516 no tienen un sexo definido.
Como resultado de las desapariciones forzadas, personas y vidas quedan atrapadas en un limbo, dejando a las familias rotas. La incertidumbre, el miedo y la pérdida de confianza en las instituciones estatales, que deberían servir a la comunidad, se extienden y erosionan el núcleo mismo del contrato social.
