Hace dos años empezaron a recibir consultas médicas sin ningún costo. Los habitantes del municipio de Maxcanú acudieron a la atención médica pensando que realmente había interés en ofrecerles servicio médico, debido a que no cuentan con un centro de salud cercano y mucho menos un hospital.
En abril de 2019, la empresa Kekén, líder en la producción de carne de puerco de Yucatán, inauguró el Centro de Atención Médica al que acudieron los pobladores cercanos a la granja porcícola de dicha compañía.
Lo que no sabían es que esta atención gratuita realmente era para ocultar las anomalías que había en la operación de dicha granja, pues no se llevó a cabo una consulta indígena ni tampoco demostraron tener la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Semarnat.
Rogelio, uno de los habitantes de la comunidad, relató que acudió a la consulta y lo atendieron muy bien. El médico lo revisó y le dio el diagnóstico, después le expidió la receta y le dio los medicamentos que necesitaba para su tratamiento, pero antes de salir le dijo que pusiera su nombre y firma en una hoja, la cual según le dijo al paciente, era para llevar un registro de las personas que acudían al servicio médico.
“Me pidió que firmara una hoja en la que no había sello de alguna institución ni empresa, no tenía nada y entonces decidí firmar porque no venía nada malo y confié en el doctor cuando me dijo que era un registro de los pacientes”, relató a investigadores y especialistas de las organizaciones Indignación y Greenpeace, quienes acudieron a este municipio para recoger los testimonios y buscar información sobre la operación de la granja porcícola para un estudio que publicaron en 2020.
Los nombres fueron cambiados para proteger a los habitantes que denunciaron estos hechos. Este diario retomó parte de estos testimonios que consiguió Greenpeace con ayuda de otros colectivos y asociaciones civiles sobre diversas situaciones y actos que violaron sus derechos humanos como el de la salud.
Josefina y otros de los habitantes de Maxcanú, que vivían cerca de la granja porcícola de Kekén, también pusieron su firma en la hoja en blanco que les dio el médico después de la consulta que recibieron.
“Se aprovecharon de que cerca del 80 por ciento de los habitantes de esa región son indígenas hablantes de maya y no podían tener una comunicación más fluida con el médico, debido a que no hablan claramente el español”, apuntó Viridiana Lázaro Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático de esta asociación civil, y coautora del estudio La carne que está consumiendo al planeta, donde hay algunos de los testimonios que recopilaron sobre la investigación que hicieron respecto de la industria porcícola en la península de Yucatán.
Esta casa editorial detectó que efectivamente se inauguró un consultorio médico, pues un comunicado de la empresa porcícola destacó que, con la inauguración de dicho centro médico, había un programa que tenía como objetivo: “brindar los servicios de consulta y entrega de medicamentos de forma gratuita a las familias y habitantes de Maxcanú, donde habitan familias y vecinos de nuestros colaboradores”.
Para Mario, otro de los habitantes de la comunidad cercana a la fábrica de puercos en Maxcanú, con este consultorio la compañía quiso demostrar ante las autoridades que era una empresa socialmente responsable, cuando en realidad se trató de un engaño para conseguir las firmas y “tapar el cochinero que hay detrás de su operación”.
El pasado 26 de mayo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró 4 granjas porcícolas en Yucatán, entre ellas la ubicada en Maxcanú, debido a que no contaba con las autorizaciones en materia de impacto ambiental, por las afectaciones a la biodiversidad, por no presentar los resultados de sus descargas de aguas residuales, y una inadecuada gestión y manejo de sus residuos peligrosos”.
A través de sus consultas médicas, señalaron los pobladores, mostraban ser una empresa socialmente responsable, ya que hace dos años aseguraron que “los principales beneficiados son los niños al recibir la atención médica que necesitan y una madre de familia externó la fortuna de contar con un dispensario médico en su comunidad, ya que gracias a la aportación de Kekén, disminuye la preocupación de conseguir una cita médica”, destacó la empresa en el comunicado donde dio a conocer la inauguración del centro médico.
Violación al derecho a la salud
“Carla vive en el ejido de Kanachén, perteneciente al municipio de Maxcanú. Su hijo entró a trabajar en la granja porcícola Gari 7 con 15 años de edad, con la condición de que no dijera su verdadera edad. Él se iba desde las 7:00 horas y regresaba a comer a las 13:00 horas, muy sucio, porque en el trabajo no le daban ninguna protección; llegaba a las 17:00 horas y regresaba peor de cómo había llegado al mediodía”, cuenta el relato de los especialistas ambientales y jurídicos de la organización Greenpeace en el estudio La carne que está consumiendo al planeta.
Viridiana Lázaro explicó que en este documento revelan un pequeño extracto de los testimonios que les dieron los habitantes que viven cerca de una granja porcícola y, en el caso de Maxcanú, resalta la violación a la salud, al medio ambiente y los derechos laborales.
En dicha investigación exponen que el hijo de Carla les contó que era “una asquerosidad dentro de la granja”, porque había “muchas moscas verdes que se pegaban en la comida”.
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Ella afirmó que su hijo realizaba un trabajo muy pesado: “limpiaba donde estaban los cerdos y tenía las manos llenas de excremento porque con estas mismas, sin ninguna protección, agarraba los desechos de los animales. El menor de edad sólo duró una semana en la granja porque lo sacaron, trabajó de lunes a viernes y apenas le pagaron 600 pesos, no su sueldo completo”, relata el estudio de Greenpeace.
La investigación que se presentó el año pasado revela que muchos trabajadores expresaron lo mismo que Carla, porque no contaban con protección ni ropa especial, por lo que tenían que laborar con su ropa normal, además de que firmaban un contrato de seis meses para no generar antigüedad.