Teresita Campos Ancona, representante del Observatorio Nacional del Feminicidio en Yucatán, consideró como un avance el aumento a 65 años a la pena de cárcel para quien cometa feminicidio.
Sin embargo, dijo que aún faltan cosas por hacer porque no se aplica en lo penal y los jueces no aplican las penas máximas, además de que las muertes violentas de mujeres no se investigan bajo el protocolo de feminicidio, como debería hacerse.
En este tenor, mencionó que en lo que va del año el observatorio tiene registrados ocho casos de feminicidio, pero solamente cuatro son considerados como tales. A los otros se les ha dado el tratamiento de presunto o aparente suicidio, cuando hay elementos que indican que las mujeres murieron a manos de sus parejas u otros varones.
“En el Código Penal se puede poner lo que sea, pero a la hora de dar las sentencias los jueces tienen que tomar en cuenta esta desigualdad y disparidad estructural que existe y que lleva a que se den los feminicidios, pero no lo hacen”.
“Este aumento en la sanción lo veo como algo positivo, porque al final de cuentas vamos a tratar la sociedad civil y espero que el Gobierno lo haga, de concientizar que está mal matar a las mujeres que fueron tus parejas, que dijiste amarlas, tu madre, tu esposa, alguien con quien tuviste una relación sentimental o sexo afectiva y con esta pena más alta tal vez se lo piensen dos veces, pero el decir te voy a castigar más fuerte si las matas, no cambia la estructuras”, comentó.
Recordó el primer caso de feminicidio en Yucatán, una mujer de nombre Martha, que fue estrangulada y sus restos arrojados en inmediaciones del Hospital de Alta Especialidad y aunque estaba la pena máxima primero se investigó como homicidio, ya luego se configuró el feminicidio, se dieron las testimoniales y las documentales, perfectamente, y el responsable solo pugnó 35 años que no era la máxima.
Lo que marca el protocolo, desde el 2017, explicó, es que toda muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio, lo cual no sucede. En este caso, dijo que hay ocho feminicidios, pero las autoridades solo han considerado 4 como tales.
Puso como ejemplo el caso de María Guadalupe, muerta el 21 de abril de este año, que apareció embolsada en Paseos de Opichén, pero las autoridades dijeron que fue suicidio y la pregunta obvia es cómo alguien que fue encontrado dentro de una bolsa se pudo haber suicidado, lo que dijo es algo ilógico.
“No entendemos, yo, como representante del Observatorio Nacional, no lo entiendo ni lo puedo entender, su cuerpo arrojado y embolsado en el parque de Paseo de Opichén y dicen que fue suicidio”, dijo.
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El 20 de marzo Lucía presuntamente se suicidio por asfixia por suspensión, pero ya había cinco reportes de violencia intrafamiliar, la habían amenazado. “No entendemos que está pasando en la Fiscalía, por qué los protocolos no se siguen, por qué no hay médicos para valorar y porque no hay psicólogos que hagan contención emocional”.
“Otro tema es que se respete a la familia de la víctima que no debe mediar, como en varios casos, eso es revictimizar”, comentó.
GH