“Hoy es 10 de mayo, un día en el que nos gustaría abrazar a nuestros hijos y se nos ha negado”.
Con pancartas en mano donde se leen los nombres de cada menor y el tiempo en el que fueron arrebatados de sus hogares. Madres, abuelas y hermanos de los pequeños, se congregaron para visibilizar esta situación que, a palabras de las activistas, es una violencia que lleva muchos años en el estado, pero no se había tomado en cuenta.
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Madre de familia exige justicia frente al juzgado de Mérida por la violencia vicaria
María José López Pacheco es mamá de un pequeño de seis años que fue sustraído hace tres años luego de que el papá fuera a buscarlo, como cada día, y ya nunca más regresó. Ahora, María ha dedicado estos años a alzar la voz y pedir a las autoridades mayor velocidad en los procesos de sentencia para otras madres del Estado.
“Hoy pedí que me dejaran verlo, estar un tiempo con él, aunque sea poder hablar por llamada, pero no tuve respuesta. Así como yo somos muchas más, algunas no estamos aquí, nadie quisiera estar en un día como de festejo pidiendo apoyo de las autoridades, pero no podemos callarnos”, expresó.
Por otra parte, Jazmín Constantino Torres lleva, al día de hoy, 740 días sin convivir con su hija, quien desde los 8 meses de nacida fue sustraída con violencia de sus brazos en etapa de lactancia. Luego de dos años y medio, la única forma de contacto con la menor es por medio de videollamadas.
“¿Cómo entablo una plática con una bebe de esa edad que ni sabe quién soy y no sabe dónde quedó su mama?”, manifestó. Quien se llevó a la niña es su padre legal, luego de acusarla de vender drogas y consumirlas, “tengo la guardia y custodia de mis hijos más grandes, si fuera todo eso de lo que me acusan no los tendría conmigo. Pido a las autoridades que tomen cartas en esto, que dejen de apoyar a los agresores”.
Shirley Barraza, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, dijo que las mamás seguirán manifestándose, informando y visibilizando esta “violencia poco conocida”, además de exhortar a las autoridades a agilizar las sentencias y no abandonar los procesos, priorizando la integridad de los menores de edad.
Destacó que en la mayoría de los casos los agresores suelen tener influencias entre las autoridades, “algunos son empresarios o tienen facilidad económica, mientras que muchas mujeres no tienen para pagarse un abogado o los que hay no tienen la perspectiva para estos casos”, dijo, agregando que como frente seguirán en pie de lucha hasta que cada madre recupere a sus hijos.
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ASC