Mientras atiza el fuego para cocinar una olla de frijol para la alimentación de su familia, José Luis López May recordó que hace 10 años perdió su trabajo y también su casa en La Joya Opichén, y ahora es uno de los 49 ocupantes de la zona invadida conocida como Tierra y Libertad, en El Roble Agrícola, otro asentamiento irregular ubicado al Sur de Mérida, y que el Instituto de Vivienda del Estado (IVEY) se niega a regularizar.
Junto con su esposa, Landy Patricia Basto Martín, y sus tres hijos, uno de 12, otro de 9 y el más pequeño de 2 años, hacen esfuerzos para levantar una pequeña casa de láminas de cartón con retazos de madera, cerca de la entrada de la humilde vivienda tienen el fogón que sirve como lugar de cocina. Mientras los niños corren entre piedras y juegan en la tierra, ellos preparan la comida que en este día fue frijol con chicharra y refresco.
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POR ESTO! publicó que el IVEY detectó 2,200 familias que ocupan espacios invadidos en cinco municipios de Yucatán, cuatro de ellos en Mérida y que están en proceso de regularización, cuando se trata de invasiones en predios privados interviene como intermediario para resolver el problema social.
José Luis se apura en atizar el fuego y también en hacer arreglos en la casa porque podría llover por la tarde. Otros vecinos también realizan la “talacha” para colocar tarimas de madera y armar las paredes de la casa, y otros más están apelmazando el suelo y retirando piedras para rellenar otros sitios.
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Sara Esther Huchim Dzul, una de las integrantes del Comité de Colonos, informó que el asentamiento nació hace tres años y que han enviado cartas al Instituto de Vivienda para que los ayude con la regularización y también un escrito al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin obtener hasta ahora una respuesta positiva.
La ocupación es de una hectárea y con ayuda de externos lograron lotificar espacios de 8x20 metros cuadrados y trazar una calle principal, cuentan con un pozo tradicional cuyas aguas están sucias, solo han logrado armar un brocal de piedras y cemento, y tienen planes de comprar una bomba de extracción para surtir de agua a los habitantes.
En promedio cada familia tiene dos niños y sólo los que se asentaron desde el principio de la ocupación —sus casas dan a la calle— han logrado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les otorgue el servicio. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) se niega a atenderlos por tratarse de invasores.
Huchim Dzul dijo que al poco tiempo que ocuparon ese espacio aparecieron los dueños, en total cuatro, que a través de una inmobiliaria pretendieron venderles los lotes con enganche de 30 a 50 mil pesos.
“Nosotros nos negamos porque es una cantidad muy alta, recursos que no tenemos”, dijo.
Cuando se buscó el respaldo del IVEY, esta dependencia se lavó las manos al decir que se trata de una invasión de predios particulares, por lo tanto, no puede intervenir ni como negociador.
Al recorrer el lugar, Glendy Isabel Caballero, de 25 años de edad, madre soltera con dos niños, estaba armando su casita con tarimas y aprovechando el domingo estuvo acompañada de su familia para acelerar el proceso. Ella es una de las que en el transcurso de la semana llegó a la invasión.
“Junto con mis hijos estábamos rodando de aquí para allá”, dijo. Por un tiempo vivió en casa de su mamá, luego rentó y ahora escuchó de la invasión Tierra y Libertad y acudió para solicitar que le den un pedazo de tierra donde vivir con sus hijos.
Ella no tiene trabajo, pero su nueva pareja Ángel Cauich sí, de modo que con su respaldo pronto levantará su “casita”. Al no tener energía eléctrica encenderá velas o veladoras y buscarán la manera de obtener energía de algún vecino.
Huchim Dzul no pierde la esperanza que las familias puedan obtener en algún momento el apoyo del Gobierno del Estado y del Gobierno federal para regularizar el asentamiento.
Recordó que antes de la ocupación el lugar era “nido” de delincuentes, pues al estar baldío se cometían robos, incluso hay la versión de que una persona adulta fue asesinada en ese lugar.
Pero desde que llegamos y limpiamos el terreno la delincuencia huyó y entre nosotros cuidamos que haya paz y tranquilidad. El temor es que las lluvias causen estragos y afecten a las familias o que provoquen enfermedades. Por eso insistió en que las autoridades abran una mesa de negociación para revisar el caso de Tierra y Libertad, porque la gente necesita certeza jurídica de los predios que ocupan.
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CC