Ejidatarios, artesanos, ambulantes y guías de turistas recabaron mil 124 firmas para sustentar sus demandas e interponer sendas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Función Pública y Comisión de los Derechos Humanos en Yucatán (Codhey) contra el director de Chichén Itzá, Marco Antonio Santos Ramírez, a quien acusan de abuso de poder, maltrato y corrupción.
Sin embargo, hasta la tarde de ayer, ni la Codhey ni la Fiscalía habían recibido denuncia alguna, mucho menos el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
En tanto, el director del Centro INAH-Yucatán, José Arturo Chab Cárdenas, no dio los resultados de la mesa de diálogo programada para la noche del pasado lunes 9.
En Pisté, los inconformes señalaron que ya recabaron las firmas, todas ellas con su respectivo folio del Instituto Nacional Electoral (INE), y que ayer mismo viajarían a Mérida a interponer las denuncias. El líder Arturo Ciau Puc explicó que tomaron la vía legal porque las autoridades del INAH, en reiteradas ocasiones, se han negado a atender sus demandas, con el argumento de que no tienen pruebas contra el director de la zona arqueológica.
Asimismo, afirmó que es falso que hayan tenido diálogo con el director del INAH Yucatán para buscar un acuerdo por el bloqueo de la carretera federal libre a Mérida, a la altura de Xcalacoop y Pisté.
“No ha habido ninguna reunión con los ejidatarios, artesanos y guías de turistas involucrados en el movimiento, de modo que son falsas las declaraciones del funcionario en el sentido de que van bien las negociaciones”, apuntó.
En Mérida, a pesar del notable movimiento que ayer se registró en la FGR, ninguno de los inconformes se hizo presente para interponer su denuncia; asimismo, la Codhey desmintió esa versión y expresó que hasta las 17:00 horas, no habían llegado los manifestantes.
En contraparte, Santos Ramírez acudió al Ministerio Público de Valladolid para ratificar su denuncia de amenaza de muerte en contra los manifestantes, que interpuso el jueves 5.
En la Fiscalía General del Estado (FGE) denunció, según el expediente G8/67/2023, calumnias y daño moral, ante las declaraciones formuladas por los inconformes que desde el pasado lunes 2 han tomado la carretera federal que conduce a la zona arqueológica. Señala como responsables al comisario ejidal de Piste, Armando Dzul Mex; al representante de la agrupación de choque, Arturo Ciau; a dirigente de los Artesanos, Silvia Cime Mex y Teresa de Jesús Díaz Santamaría; a los vendedores Pablo Euán Cen y Luis Mis; al regidor de Tinum, guía de turistas Carlos Galdino Nahuat Mex; el secretario de Asuntos Indígenas de Yucatán, Arturo Ciau Puc, y contra quien resulte responsables.
La querella ante la FGR fue por el delito de amenazas de muerte por parte de los antes mencionados, en especial, de Luis Mis, a quien recientemente se le detuvo una obra, ya que con maquinaria pretendió dañar el patrimonio cultura de la zona arqueológica.
Tanto Dzul Mex como Luis Mis propiciaron y fomentaron la deforestación y el deterioro del patrimonio cultural para abrir nuevos estacionamientos, además de cobrar cuotas a quienes venden artesanías u ofrecen su servicio de guía de turistas.
A nueve días de la protesta, con el cierre a la carretera que conduce a Chichén Itzá, ya son cerca de 63 mil los turistas que no pudieron conocer la zona arqueológica, con una pérdida superior a los 18 millones de pesos, por concepto de pago del ingreso al sitio. Los visitantes son trasladados a Izamal y Ek’Balam.
Síguenos en Google News y recibe la mejor información
AA