Sin indicios de maltrato, pero en hacinamiento, encontraron los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) a los niños llamados“chapitas”, entre los que había por lo menosdos guatemaltecos, reveló el titular, Miguel Sabido Santana.
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Lo que más llamó la atención de las autoridades sobre estos infantes extranjeros es que contaban con los documentos para justificar su estancia en el país: “Sí tenían cómo acreditar su situación migratoria en México. No estaban de manera irregular y estaban a disposición (de la autoridad correspondiente)”, explicó Sabido Santana, quien aclaró que no estaba autorizado para dar más detalles. Se desconoce en qué circunstancias llegaron los menores al Estado y qué papales supuestamente amparaban su legal estancia en el país.
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En total, durante el operativo implementado apenas unos días después de que falleciera el menor de nombre Iker, a consecuencia de las heridas que sufrió al ser atropellado por una conductora, se aseguró a 20 niños y jóvenes, ninguno de los cuales tenía indicios de maltrato físico: “No se encontraban en malas condiciones físicas, no tenían golpes”, expuso el funcionario. Sin embargo, aclaró que las condiciones en las que vivían eran inadecuadas: “Estaban en lugares que no eran los convenientes”.
Sobre las mujeres rescatadas junto con los menores, de las que no dio cifras, “fueron canalizadas a la Secretaría de las Mujeres para que puedan ser reincorporadas a sus familias”.
En todos los casos de los niños, se les otorgó atención psicológica, se les resguardó en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede); después, se buscaron sus vínculos o familiares en el Estado y regresarlos a su lugar de origen.
En ese sentido, se informó que el Gobierno de Yucatán está en constante comunicación con el de Chiapas. Y es que, la noticia tomó notoriedad en esa entidad, porque sus medios locales la replicaron, tras conocerse que la mayoría de los niños provenían de ahí.
Lo importante, dijo Miguel Sabido, es que no vuelvan a ser expuestos a trabajos o en actividades que los pongan en riesgos. Para ello, la Procuraduría de Defensa de Niños y Adolescentes (Prodennay) se encargó de verificar su situación emocional.
Al tratarse de un tema recurrente, el presidente de la Codhey recodó que hace 10 años se denunció una presunta trata de personas en Yucatán, pero las autoridades federales desestimaron las investigaciones pertinentes. Entonces, la Fiscalía Estatal lo llevó, aunque sin el debido seguimiento. “La trata de personas es un delito que se debe perseguir de manera recurrente”, apuntó.
Del caso de Iker, el menor fallecido tras ser atropellado mientras trabajaban en las calles, dijo que “está en una carpeta abierta” y que “nadie ha reclamado todavía el cuerpo”, y que la petición es que no sea puesto en una fosa común, en espera de poder hallar a algún familiar.
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AA