El Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán (CCAY) dejó constancia de los altos índices de contaminación del líquido en la comisaría de Santa María Chi, derivado de las malas prácticas de la granja de cerdos San Gerardo.
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Los análisis realizados en un laboratorio de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) consistieron en las demandas químicas (DQO) y bioquímicas (DBO) de oxígeno y conductividad eléctrica del agua de la región, así como el “número más probable” (NMP) de coliformes, y los resultados arrojaron que se excedió ampliamente los límites permitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La DBQ es un indicador de la cantidad de materia orgánica presente en el agua y el valor alcanzado en el estudio fue de 38.9 miligramos por litro (mg/l), cuando 30 es lo más que puede tolerarse.
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Asimismo, el registro DQO fue de 60 mg/l, muy por arriba del máximo contaminante de 40. Y el mayor de todos se pudo apreciar en el NMP en 100 mililitros, pues se explicó que con alcanzar la unidad (1.0/100ml) hay presencia de contaminación y el análisis arrojó 8 veces esa cantidad: 8.0 /100ml.
Exposición del CCAY
En la exposición del CCAY se detalló que se tomaron las muestras el pasado 29 de mayo de 2023. Se conservaron en refrigeración durante la noche y al día siguiente se dejó en el laboratorio de análisis químicos.
Lo que sucede en la comisaría meridana es solo uno de los casos de gran riesgo del recurso. “La Semarnat ya dio un diagnóstico de la actividad porcícola en Yucatán y unas 150 granjas se ubican en el Anillo de Cenotes”, expuso Cuauhtémoc Jacobo Femat, presidente del CCAY, al recordar el documento presentado en marzo de este año.
“Y esa es solo la parte de recarga porque si hablamos de toda la zona hidrológica, son unas 300 granjas, sumando las zonas paso y descarga (al mar)”, agregó.
“La comunidad de Santa María lo está viviendo en su agua, en sus pozos”, lamentó. “Hay una gran diferencia entre el agua que se vende con la que se extrae, desde el mal olor y nadie se va a atrever a tomarla”.
“No tienen acceso a la granja para verificar y ver qué está pasando”, apuntó al señalar la violación a los derechos humanos que sufren en la comunidad. “Estamos hablando, de los derechos básicos, a la salud, al agua, al medio ambiente, están siendo violados sistemáticamente”.
“Piensan (empresas y autoridades) que en ningún momento les va a afectar la contaminación, pero hay una gran conectividad hídrica y todo lo que desechan estas industrias se va a las aguas subterráneas”, reiteró.
“Hemos visto lo que sucede en otras partes del Estado como Sitilpech”, resaltó sobre la resistencia de los pueblos originarios. “La lucha (en Santa María Chi) no puede parar hasta que la granja no se detenga totalmente”, sostuvo.
La clausura parcial a la granja San Gerardo propició que los camiones con cerdos ya no ingresen al complejo porcícola sobre la calle 23 de la comisaría. El portón al final de esa vía, pasó de tener una calcomanía despintada de una clausura que nunca se respetó, a lucir la leyenda: “Acceso fuera de operación”.
Esto, días después de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) puso un sello de clausura “parcial”, en el que se enfatiza: “Cualquier persona que quebrante los sellos puestos por orden de autoridad, será sancionada de conformidad con lo establecido en el Código Penal del Estado de Yucatán”. Bajo esa premisa, el pueblo de Santa María Chi seguirá vigilante.
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LV