Pobladores de Kanasín y áreas conurbadas denunciaron que el proyecto denominado como “Desarrollo no habitacional Indara II” se presentó sin estudios de Impacto Ambiental y sin consulta a comunidades indígenas. Asimismo, aunque es sabido que le daría cabida a una cervecería holandesa, los implicados lo han negado.
Por ello, se convocó una rueda de prensa para denunciar todas las irregularidades, exhibiendo afectaciones al acuífero, falta de transparencia en la Manifestación de Impacto Ambiental, violaciones de derechos colectivos y despojo de tierras de propiedad social. En dicho espacio, se indicó que el mencionado proyectó se encuentra en evaluación ambiental desde el 10 de octubre de 2023.
Sin embargo, Jorge Iván Herrera Herrera lamentó que “casi nadie en Kanasín sabe lo que está pasando”, ya que “solamente llega la manipulación” de información de que “todos los impactos serán maravillosos”. “Esto no es cierto, el proyecto ni siquiera está autorizado, y no hablan de sus impactos destructivos. No quieren celebrar la consulta libre, previa e informada que requiere la ley”, indicó.
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Angélica Santiago Olvera, de la comunidad maya de San Antonio Tehuitz (comisaría de Kanasín), declaró que “nuestra comunidad es la más cercana al proyecto de parque industrial y no ha sido consultada”.
“Va a afectar muy gravemente nuestra calidad de vida, nos va a dejar sin un pulmón muy importante y va a contaminar nuestra agua”, expuso al recordar que “en nuestra zona ya se han instalado varios parques industriales que han afectado nuestro patrimonio, han destruido sitios arqueológicos de gran importancia”.
“La flora y fauna que ahí habita es endémica y queremos cuidarla, toda esa zona debería ser un área protegida. Nuestra comunidad y el área donde quieren construir el parque industrial es colindante con la Reserva Estatal Anillo de Cenotes, por lo que el impacto se sentirá en todo el Estado”, detalló. “En lugar de autorizar este proyecto, deberían ampliar la Reserva y garantizar la protección de esta región tan castigada”, sostuvo.
La principal afectación sería la falta de agua, lo que se sufre en Hunucmá, como compartió Librada Novelo Ventura. “Estamos sufriendo las consecuencias de la instalación de la cervecera hace más de 10 años. Nunca nos consultaron antes de instalarla”, indicó.
“Ha disminuido mucho el agua de la que disponemos. Antes el agua subía sola a los depósitos, ahora sale muy poca y no tiene presión. El nivel de nuestros pozos ha bajado dramáticamente, muchos agricultores tienen que esperar horas a que recarguen los pozos para poder cultivar, cuando antes estaban siempre llenos”, explicó.
Ilegalidades
Sergio Oceransky Losana, representante de la Fundación Yansa, señaló que “el proyecto descrito en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es ilegal en varios sentidos”. “En primer lugar, por la absoluta falta de transparencia respecto a las actividades que se llevarán al cabo en el parque industrial y los impactos que dichas actividades tendrán”, dijo al cuestionar que “los promoventes no dicen absolutamente nada en la MIA sobre esta cuestión.
En la Reunión de Información Pública organizada por la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) el pasado 19 de enero, los promoventes insistieron en que no saben qué industrias se instalarán”.
“Quizás creen que la falta de transparencia evitará rechazo social y facilitará los trámites. En realidad, implica que la autorización del proyecto violaría la obligación que tiene el Gobierno de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas por el mismo”, apuntó.
“Esta obligación deriva de diversos tratados internacionales con rango constitucional y, desde la reforma de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) de 2021, también es requisito imprescindible para cambios de uso de suelo en terrenos forestales ubicados en territorios indígenas, como es el municipio de Kanasín”, detalló.
“Uno de los requisitos legales para que Semarnat emita la autorización para deforestar este polígono es que los promoventes acrediten la tenencia legal de la tierra. Esto es imposible en el caso de las tierras ejidales de uso común, pues son un bien de Kanasín y se caracterizan precisamente por no estar asignadas a ninguna persona en particular”, precisó.
“Dado que el Artículo 59 de la Ley Agraria declara nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales, sería ilegal su asignación a particulares. Por tanto, para llevar a cabo el proyecto habría que privatizar de forma ilegal las tierras de uso común, lo que no puede ocurrir mientras haya selva”, abundó.
“Al mismo tiempo, la autorización para deforestar es inviable debido a que son tierras de uso común”, reiteró. “Esto supone un callejón sin salida que hace el proyecto imposible”.
Oceransky recordó que no es el primer mega proyecto que intenta adentrarse en Kanasín con amenaza de impacto ambiental de por medio, pues la Semarnat le negó el permiso a la empresa Iberdrola, que buscaba establecer una planta energética ahí.
“Conjuntamente con comunidades afectadas y otras organizaciones sociales, tomaremos las acciones legales pertinentes si se autoriza el proyecto de forma irregular. Animamos a otras comunidades y organizaciones interesadas a unirse a esta iniciativa”, puntualizó.
Estuvieron presentes representantes de otras comunidades afectadas por grandes empresas, como Ixil y Santa María Chi.
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GC