Representantes de las comunidades mayas de Ixil, Kinchil, Santa Gertrudis Copó y Santa María Chi advirtieron que es urgente establecer un modelo sustentable de desarrollo diseñado por y para las comunidades mayas, pues de no hacerse, están condenadas a desaparecer.
Aseguraron que el actual modelo viola sus derechos, al despojarlos de tierras, saquearlos y destruir la biodiversidad y los bienes naturales de los que dependen porque contamina el agua y el aire, “ataca a nuestro tejido social, aumenta la desigualdad social y extermina nuestra cultura”, apuntaron.
Las comunidades, que unieron fuerzas para la defensa de su modo de vida, en rueda de prensa, enlistaron las peticiones que le hicieran a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, cuando participaron en la conformación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), este jueves en Mérida.
Recordaron que los principales problemas que enfrentan son la invasión de complejos inmobiliarios desmedidos y fuera de control, cría de cerdos y aves a escala industrial, deforestación, urbanización de la costa, destrucción de formas de vida sustentable y desplazamiento y marginación de comunidades mayas en contextos urbanos.
Federico May, representante del Consejo Comunitario de Ixil, Kinchil y Santa María Chi, aseguró que se pretende despojar de miles de hectáreas a los ejidos que ya han sido registrados como “propiedad privada” por familias poderosas con conexiones políticas.
Denunció que se están vendiendo las tierras comunitarias, vía internet, y que es posible que ya tengan “dueños virtuales”, quienes no conocen; hasta ahora, las autoridades no han frenado esta praxis.
Recordaron que el año pasado la Comisión Federal retiró el subsidio de riego agrícola a los campesinos mayas y a las unidades de pequeños productores, a quienes les han cobrado cantidades exorbitantes de hasta 50 mil pesos. “Si no pagamos nos cortan la luz y nos roban las cuchillas que son nuestras. Pareciera que la CFE quiere que nos muramos de hambre y nos veamos en la obligación de vender nuestras tierras”, resaltó.
Por su parte, Leydi Cocom, representante de la comisaría de Santa Gertrudis Copó, denunció la urbanización desmedida del Norte de la ciudad, donde los grandes proyectos privados como torres departamentales y centros comerciales han elevado los precios de las tierras y de los impuestos.
Recordó que esta comisaría se encuentra dentro del catálogo nacional de los Pueblos Indígenas ya que cuenta con un sitio arqueológico con más de 2 mil 300 años de antigüedad.
Sobre el documento que entregaron, aseguraron que “refleja las problemáticas ambientales graves que atentan contra la vida de la población en general de nuestros pueblos. Es un reflejo de lo que sufren los 106 municipios del estado Yucatán”, dijo José Argamiro Cobá Cocom, defensor del territorio de Ixil, municipio al noreste de Mérida.
También se manifestó que los tribunales y las instituciones, que deberían garantizar sus derechos y el medio ambiente, se encargan de reprimirlos con violencia si alzan la voz.
