Ejidatarios inconformes de Telchaquillo reiteraron su postura de que todas las asambleas convocadas por el comisariado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tuvieron irregularidades.
En un comunicado de prensa, se recordó que el mismo día de la asamblea del 7 de noviembre se emitió la primera y segunda convocatoria, por lo cual se metió una queja ante la procuraduría para exigir la presencia de un visitador. Y es que en todos los encuentros se ha expresado la negativa de la comunidad de aceptar los términos del INAH. Por eso, la dependencia insiste en seguir realizando asambleas para ver “si alguna le sale bien” y logran convencer a la mayoría del punto principal: aceptar un cheque para repartir.
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De esta manera, se han realizado otras asambleas con el mismo resultado, el 17 de noviembre, 27 de noviembre, 15 diciembre, 19 de enero y 9 de febrero. A falta de quórum de esta última convocarán una más el próximo domingo 23. En las últimas tres asambleas el director del INAH, Diego Prieto, no se ha presentado, se indicó.
Por eso, ejidatarios han decidido interponer una demanda que fue admitida por el Tribunal Agrario número 34 de Mérida, misma que fue ampliada después de las ilegalidades cometidas en las asambleas del 15 de diciembre y el 19 de enero.
Esto debido a que se consideró que están usando las convocatorias para intentar manipular la asamblea y que hay complicidad entre el INAH, el comisariado y ahora la procuraduría agraria.
Entre las graves irregularidades se encuentra que la convocatoria menciona en uno de los puntos del orden del día que “se convoca para hacer entrega del recurso por concepto de indemnización por expropiación”, cuando hasta la fecha no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación ningún decreto expropiatorio.
Por el contrario, la nueva encargada de la procuraduría en Mérida señaló en reunión con ejidatarios que los fondos con los que se intenta pagar provienen del Promeza.
Se explicó que las dependencias federales deben hacer uso de todo el presupuesto otorgado en un año fiscal, de otro modo tendrán que devolverlo a la Federación y ese mismo monto se les reduce del presupuesto del año siguiente. Eso explicaría la desesperación y la presión del INAH para que el ejido acepte, haciendo pasar el monto del programa como indemnización, expuso el texto.
La comunidad entregó una propuesta de solución, con todo el marco jurídico, y fue ignorada por los funcionarios que intentan imponer su propio convenio, puntualizó el comunicado.
