El presunto megafraude inmobiliario de Pedregales de Minsbebalam, complejo habitacional de lujo, ubicado en la vía a Progreso, ha puesto nerviosos a cientos de clientes que buscan recuperar su inversión, pero también a políticos que buscan cargos públicos en las próximas administraciones y cuyos nombres fueron salpicados por sus vínculos con la empresa Grupo Inverco, promotora de ese desarrollo fantasma.
De acuerdo con el acta N-2018101607, en poder de POR ESTO!, el empresario Miguel Ángel Aguayo de Pau constituyó el 4 de diciembre de 2018 ante el Registro Público de Comercio, con la fe notarial de corredor público No. 11, Patricio Solís Millet, la empresa “Inversión Colectiva Inmobiliaria, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable” (Inverco, S.A.P.I. de C.V.), con Rolando Alberto Bello Mejía, como socio principal. Ambos ejercieron la dirección colegiada, como presidentes del Consejo de Administración.
Bello Mejía es primo de Rolando Zapata Bello, exgobernador priista y ahora senador electo por la candidatura común del PRIAN. El empresario renunció como secretario del Consejo de Administración en agosto del 2022 porque recibió la Notaría Pública 113, con sede en el municipio de Progreso, y fue sustituido en la empresa por William Armando Morales Heredia.
En Asamblea General Ordinaria del 14 de febrero pasado, en medio de la crisis por los retrasos en la construcción de más de 700 casas (en tres años se han levantado sólo 150 -poco más del 20 por ciento- y la mayoría en obra negra), Aguayo de Pau renunció a la Presidencia del Consejo, y en su lugar entró William Armando, cuyo hermano Rubén Rodrigo Morales Heredia, quedó como secretario. Otros accionistas que integran el actual Consejo de Administración son: Eyder Efrén Martín Chan y Eduardo Ignacio Manzanilla Masqueff.
Como informamos ayer, ambos aparecen citados mediáticamente como integrantes de otro grupo inmobiliario –CM Capital, S.A. de C.V.- que en Kanasín despojó de 214 hectáreas a Jesús Aldana Martínez, para integrarla a los socios inmobiliarios que en Yucatán impulsó el exgobernador tabasqueño Andrés Granier Melo y su secretario de Finanzas José Manuel Sáinz Pineda, luego de que ambos purgaron condena en la cárcel por desviar cientos de millones de pesos del erario.
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Aldana Martínez, hombre de más de 83 años de edad, identificó a los ahora accionistas de Grupo Inverco como actores intelectuales, junto con Víctor Alejandro Paredes Aguilar, de una trampa que lo despojó de su propiedad a cambio de un supuesto pago de 21 millones de pesos.
En su página de Facebook, la empresa promocionó ayer que los índices de seguridad de Yucatán son “de alto nivel”, lo cual desencadenó una ola de inconformidades de sus clientes: “La seguridad será muy alta, pero ¿quién nos salva de los defraudadores inmobiliarios?”, increpó Amanda Castelán Patiño, una de afectadas.
“De nada sirve presumir a los cuatro vientos la seguridad de Yucatán si a nivel internacional padecemos de la impunidad su mafia inmobiliaria. Lo peor de Yucatán es el cartel inmobiliario de Grupo Inverco”, añadió Alma Pérez Huerta, quien también lucha por la recuperación de su inversión.
GC