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El 29 de abril de 2019, Cuauhtémoc Gómez León, campesino de 81 años, del municipio Santa Elena, cambió su situación económica: por primera vez vio juntos dos millones de pesos en efectivo y no dudó en vender poco más de 309 hectáreas del patrimonio familiar a los hermanos Luis Miguel y David Quintana Morones. Dos años después, en septiembre de 2021, su hijo Erick Gómez Lara les vendió otra superficie, de 25.2 hectáreas, en un millón de pesos.
De ese modo, los hijos de Miguel Quintana Pali, presidente de Grupo Xcaret, compraron en tres millones de pesos los dos lotes, de casi 335 hectáreas y con autorización federal para uso agrícola, donde hoy planean la construcción de nueve hoteles con un total de 2 mil 700 habitaciones y cupo para 16 mil 200 huéspedes, así como un parque de diversiones que estará 36 metros bajo tierra. Los empresarios también plantean en ese terreno la creación de macrolotes para más proyectos turísticos y residenciales.
La familia Gómez Lara nunca imaginó que esos dos lotes vendidos representarían una bomba de tiempo para la ecología y el desarrollo social de ese municipio yucateco, el punto elegido por el Grupo Xcaret para desarrollar un megaproyecto turístico incompatible con una política de largo aliento que busque asegurar la preservación y conservación en zonas de valor ambiental en el marco de la crisis climática. El sitio de “diversiones”, a unos cinco kilómetros de Uxmal, se construirá en los tablajes catastrales 1231 y 2494 del municipio de Santa Elena, que se ubican en el kilómetro 176 de la carretera Holpechén, Campeche-Umán, Yucatán.
El sitio de “diversiones” se construirá en los tablajes catastrales 1231 y 2494 del municipio de Santa Elena / Cortesía
De acuerdo con los registros catastrales, el 29 de abril de 2019 Cuauhtémoc Gómez vendió el tablaje 1231, de 3 millones 111 mil 765.6 metros cuadrados de uso agrícola, a los hermanos Luis Miguel y David Kaukaha Pali Quintana Morones, en 2 millones de pesos. En el Insejuppy, actualmente tiene un valor catastral de un millón 458 mil 484.54 pesos.
Dos años más tarde, el 2 de septiembre de 2021, Érick Gómez, también campesino, entonces de 49 años de edad, vendió en un millón de pesos a los hermanos Quintana Morones el tablaje 2494, con 259 mil 157.13 metros cuadrados, “para el cultivo de cereales y la agricultura”. El terreno se ubica a orillas de la carretera Mérida-Campeche, a 20 km de la cabecera de Santa Elena. Según el Insejuppy, hoy su valor catastral es de 121 mil 466.94 pesos. Cuauhtémoc Gómez donó ese terreno a su hijo Érick el 29 de noviembre de 2002.
Estas operaciones revelan que Grupo Xcaret, que nunca pudo, aunque intentó, hacerse de espacios públicos para sus desarrollos en Yucatán, se valió de la mafia inmobiliaria para ubicar y adquirir terrenos particulares con ubicación estratégica. Recordemos que, en 2014, Quintana Pali entabló negociaciones con el entonces alcalde de Valladolid, Roger Alcocer García, para comprar el cenote Zací; las negociaciones se derrumbaron cuando ese intento de privatización se hizo público, pues los vallisoletanos alzaron la voz para defender un sitio que consideran sagrado ante los planes de convertirlo en un parador turístico de mayor dimensión.
Grupo Xcaret ya había intentado comprar el cenote Zací de Valladolid / Cortesía
El segundo fallido intento de Miguel Quintana por aprovecharse de espacios públicos también tuvo como sede Valladolid, cuando intentó adquirir un terreno de la calle 41, entre 38 y 40, donde se encuentra una “rejoyada”, que planeaba transformar en un juego de pelota maya (pok-ta-pok), con un sitio comercial; tras su mala experiencia en la privatización del cenote Zací, convenció a los turisteros vallisoletanos para que lo apoyaran. Sin embargo, la entonces alcaldesa Alpha Tavera Escalante se opuso y el ayuntamiento negó los permisos de construcción en un área que funcionaba como desagüe para la captación de aguas pluviales.
Un tercer proyecto no realizado fue el anunciado Palacio de la Civilización Maya, en Yaxcabá, cerca de la zona arqueológica de Chichén Itzá, cuya primera piedra se colocó en diciembre de 2009, pero se quedó como “elefante blanco”, luego que la Auditoría Superior de la Federación hallara al menos 13 irregularidades en el ejercicio de 92 millones de pesos de dinero federal invertido en la construcción.
GC
