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El presunto megafraude del proyecto inmobiliario Pedregales de Misnebalam, que cientos de clientes afectados imputan a la empresa Grupo Inverco, es la cereza en el pastel de los múltiples casos de fraudes y despojos inmobiliarios que a lo largo de por lo menos seis años se han presentado en Yucatán.
El 6 de agosto del 2020, el director general de la consultora inmobiliaria Uno Consulting, Cristian Canto Villanueva, advirtió que impulsados por los precios bajos y la búsqueda de paraísos lejanos a las balaceras e inseguridad que, en general ocurren en el país, inversionistas, desarrolladores y personas de a pie miraron a Mérida como una joya en el territorio nacional.
Añadió que la ubicación lejana de los terrenos ofrecidos, en la mayoría de los casos, los convierte en “lotes basura”, porque carecen de urbanización y servicios: No tienen nada, y muchos son objeto de procesos ejidales. Alertó que estas transacciones podrían convertirse en un fraude.
Canto Villanueva explicó que, en la última década, el precio de la tierra en Yucatán y en específico en Mérida se encareció hasta en un 100 por ciento ante la alta demanda. El boom inmobiliario inició con la compra de terrenos por parte de la clase media de Mérida, que lo miraba como un negocio patrimonial a largo plazo, pero muy pronto cobro el interés de otras regiones, incluso del Norte y de entidades como Nuevo León, que en algún momento tuvieron problemas serios de seguridad.
Cristian Canto dijo que, en la última década, el precio de la tierra en Yucatán y en específi co en Mérida se encareció hasta en un 100% / Daniel Silva
El interés por comprar los terrenos en el Norte de Mérida se extendió a nivel nacional e internacional: “La venta de lotes en Yucatán no tiene límites ni naturales ni legales. Es una zona geográfica plana y no existen regulaciones que controlen su expansión”, resumió Canto Villanueva.
En junio del 2023, el presidente del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, José Alonso Iracheta Carrol, afirmó que el fraude inmobiliario es tan grave en Mérida y en varios municipios cercanos a la costa yucateca, que a nivel nacional se le cataloga como “la capital de la especulación inmobiliaria en el país”, por lo que instó a las autoridades gubernamentales a frenar, combatir y castigar el delito de manera inmediata.
A su vez, Iván Cervera López, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), denunció en un comunicado el crecimiento acelerado de denuncias por engaños de fraccionadores y vendedores de “lotes de inversión”, quienes ofrecen vivienda con una mínima o nula dotación de servicios públicos.
“La falta de experiencia y profesionalismo se refleja en la calidad de la construcción, el incumplimiento en los tiempos de entrega y características prometidas, así como en la falta de servicios posventa, lo cual afecta a los compradores e inversionistas”, recalcó.
Inmobiliarias venden terrenos sin accesos a servicios básicos / Daniel Silva
No en vano, la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, que preside la legisladora petista Lilia Aguilar Gil, realizó en Mérida un foro sobre los fraudes inmobiliarios en la entidad. La diputada calificó esta práctica corrupta como “especulación pura y dura” y subrayó: Es un delito y como tal tiene que ser atacado.
El expresidente del Colegio Yucateco de Arquitectos, Fernando Alcocer Ávila, también consideró que el Congreso local debía revisar y actualizar la Ley Estatal de Desarrollo Inmobiliario, y la parte que corresponde a los ayuntamientos, porque la norma estaba rebasada por los actos delictivos que cometían -y siguen haciéndolo- particulares aprovechados y funcionarios corruptos.
“Vender no es ilegal, pero ¿cómo se llegó a fraccionar (terrenos irregulares)? Existen leyes que lo impiden y lo autorizan; entonces, es un asunto de corrupción”, afirmó el edil al diario POR ESTO!
También explicó el modus operandi de loteros y fraccionadores, trato que ahora padecen los compradores en Pedregales de Misnebalam: “Exigen el pago puntual de los abonos por un lote, casa o condominio, o de lo contrario aplican penalizaciones severas que incluyen la opción de cancelar el contrato y quedarse con toda la inversión del cliente”.
“Pero ellos se dan el lujo de permitirse tres o más años para realizar los trámites de posesión o división de los lotes, así como retrasar indefinidamente la entrega física y notarial (escrituras) de los bienes a los compradores”, remató.
GC
