La situación de los derechohabientes defraudados por las constructoras Sucovisa y Comasa es crítico. Lo peor es que la pasada administración del Infonavit no hizo nada para ayudarlos, a pesar de que el yucateco Rogerio Castro Vázquez fue secretario general y jurídico nacional.
Una de las afectadas, Rosa María Urbina Medel, reveló que la delegación estatal del Instituto nunca hizo por restituir los créditos a más de 60 solicitantes que así lo exigieron en mayo del 2024.
Reveló que la sede nacional del Infonavit confirmó que esas solicitudes nunca llegaron a la Ciudad de México, dejando en evidencia un mal manejo del caso desde Mérida. Y es que el proceso sólo demoraba un par de meses, por lo que la situación pudo solucionarse el verano pasado, pero ahora está cerca de cumplirse un año sin respuesta.
Señaló a Lorelei Ávila Crespo, gerente de crédito de la Delegación Regional del Infonavit, como la responsable de este procedimiento incumplido.
La entrevistada adquirió una propiedad en Residencial Zoola, que apenas comenzó a construirse y no completaron las primeras casas luego de tres años.
Su plan de vida era radicar en Mérida tras viajar desde la capital y ahora, por necesidad, vive en una casa rentada en el fraccionamiento vecino, Jerusalén, que también es parte del fraude de las constructoras antes mencionadas, ya que apenas cuenta con los servicios básicos.
“Mi casa debería estar detrás de todas estas, en una calle que no existe”, dijo con impotencia Rosa María, al señalar la única hilera con una veintena de viviendas sin terminar, que ya están rodeadas de maleza.
Recordó que Rogerio Castro nunca les dio la cara todo ese tiempo, aunque estuvo presente en la inauguración de Jerusalén, en mayo del 2022. Durante las reiteradas reclamaciones de los derechohabientes, únicamente hablaron con Nayely Balam Chan, entonces delegada, sin avance alguno en su situación.
Luego de su manifestación en las instalaciones del Infonavit, el pasado jueves 16, hablaron con el actual delegado, Mauricio Sahuí, y personal del Infonavit nacional siguió el encuentro de manera virtual, donde destacó Marcia Fuentes Méndez, coordinadora general de Opciones de Financiamiento de la Subdirección General de Crédito.
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Entre las decisiones que se tomaron está que las constructoras (Sucovisa y Comasa), demandadas ante la Fiscalía y la Profeco, por al menos 45 defraudados, fueran sustituidas por otras, para que las obras se reanuden.
Por lo pronto, los habitantes de Jerusalén no cuentan con el suministro de energía eléctrica, pues las casas se las entregaron sin medidor y tienen luz porque están conectadas con un diablito. El alumbrado público no funciona, aunque los postes tienen lámparas LED.
El servicio del agua es escaso, pues el pozo es de apenas 12 metros y no reciben agua potable, sino aguas residuales. Asimismo, los drenajes de las casas son pequeños y suelen rebosar.
Para colmo, al ser una zona sin municipalizar, los vecinos tienen que lidiar con la presencia de maleantes de otros rumbos, que aprovechan para meterse en las viviendas abandonadas. “No vivimos tranquilos”, declaró Urbina Medel.
