Una mujer policía municipal de Kinchil, de nombre Mirian Rubí “N” fue declarada culpable por un Juez Federal del delito de abuso de autoridad agravada y limitar la libertad de expresión para un reportero en esa comunidad, a quien atacó con piedras.
La exagente fue condenada a dos años y tres meses de prisión, además de la confirmación de su destitución del cargo público, el pago de una multa y la reparación del daño en beneficio del afectado.
El dictamen corresponde por lanzar piedras contra un reportero que grababa el momento cuando policías ocultaban el vehículo accidentado del alcalde panista Valentín Pech Dzib el año pasado. Los policías limpiaron la zona y fue entonces cuando se suscitó la agresión al periodista que grababa los hechos.
El munícipe chocó su vehículo cuando estaba en presunto estado inconveniente, aunque luego dijo que no era él quien manejaba el automóvil, sino otra persona y que el accidente se produjo por esquivar a un perro.
Los hechos se suscitaron en mayo del 2022, cuando se supo que el alcalde kinchileño colisionó su Suzuki Ignis, con placas de circulación YZN-476-D, en la localidad, cuando, asunto que quisieron ocultar los uniformados, para lo cual utilizaron herramientas y recurso del propio Ayuntamiento.
Al tener conocimiento, el reportero Ramón Reyna acudió a investigar lo que había ocurrido y constató que el vehículo fue trasladado a las instalaciones de la Comuna de Kinchil, donde elementos municipales intentaban tapar y ocultar la evidencia.
El hecho fue documentado en una transmisión en vivo y cuando los uniformados se percataron que el periodista grababa los hechos fue agredido con piedras por dos oficiales; sin embargo, sólo pudo ser grabada la ahora acusada.
El afectado comentó que llevar la denuncia hasta las últimas consecuencias no es personal contra la oficial, pues es madre de familia, pero se busca marcar un precedente de justicia para quienes quieren coartar la libertad de expresión y lesionar la labor periodística.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) presentó datos de prueba contundentes. La mujer policía aceptó su culpa y se acogió a un juicio abreviado, en el que un juez la condeno a dos años y tres meses de cárcel por abuso de autoridad agravado y agredir al periodista.
Es probable que la ahora mujer no pise la cárcel, ya que la defensa solicitó un recurso para que no vaya a prisión, por el argumento de que es madre de familia, que tiene dos hijos pequeños que mantener.
Además de la pena privativa de la libertad, a la indiciada se le impuso el pago de una multa por la reparación de los daños, así como otras medidas de destitución del cargo público como policía, y tomar talleres sobre derechos humanos y libertad de expresión.
“La falta de capacitación a los policías municipales ocasiona que los elementos no sepan, que pueden y que no hacer, y es cuando caen en violaciones de derecho humanos”, afirmó el denunciante.
En el 2022, la organización Article 19 contabilizó al menos 30 casos de agresiones contra periodistas en Yucatán, lo que representó un incremento de 66.67 por ciento, en comparación con el 2021, donde se registraron 18 agresiones.
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CC