El Capitán de Puerto, Jean Paul López Rodríguez, incurre en desacato al Poder Judicial de la Federación porque no acata la resolución del Juzgado de Distrito en el amparo que le otorgó una suspensión definitiva pidiendo la reinstalación en su cargo, sentencia que emitió el 23 de enero del 2024, denunció José García Chan. Además, adelantó que presentará una queja ante la Judicatura Federal porque los secretarios no aplican la ley y no hacen efectiva la sentencia.
Explicó que comenzó laborando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero con la reforma de 2017, donde las atribuciones de la Capitanía de Puerto quedaron a disposición de la Secretaría de Marina, lo transfirieron a la Capitanía, por lo que tiene 11 años laborando en el gobierno federal. Con el arribo de López Rodríguez, procedente de Baja California, presuntamente como castigo ante la presión de los pescadores de esta entidad, se le solicitó su cambio a la Isla Cedros, un lugar al que solo se puede llegar por avioneta y cuyos ingresos son insuficientes para costear su permanencia, por lo que decidió no aceptarlo.
Comenzó la presión en su contra, y presentó una demanda de amparo argumentando que no es personal naval para que lo transfirieran sin su aprobación. El Juzgado falló a su favor; sin embargo, el Capitán de Puerto no accede a reinstalarlo, incurriendo en desacato.
Precisó que su denuncia ciudadana también es en contra de los secretarios del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Campeche, Félix Joaquín Rejón Pacheco, Gerardo Antonio Quijano de la Cruz y José Abelardo Rodríguez Cantú, ya que, pese a que hace ocho meses se le otorgó la suspensión definitiva contra la Capitanía de Puerto, los secretarios no le conceden en el punto resolutivo la reinstalación a sus labores, incurriendo en dilación de la sentencia.
Reiteró que es ilegal el actuar del Capitán de Puerto e incluso hay jurisprudencia respecto a la necesidad de servicio, ya que es subjetivo el supuesto cambio, por lo que el Juzgado de Distrito le concede el amparo para que no lo trasladen a Baja California.
Agregó que, además de la afectación en su salud por el impacto económico y de sus dependientes, le suspendieron los servicios del ISSSTE y, por el amparo, no lo dan de baja. Argumentó que cobraba multas a los pescadores ribereños y camaroneros y que, como hacía méritos para el área jurídica de la Capitanía de Puerto, no había motivo para el cambio.
Resaltó que con el cambio de Jueza de Distrito, se ordenó a los secretarios que notificaran para que quede el registro y la sentencia firme, con conocimiento de la Capitanía de Puerto que no querían aceptar, como forma de protección al Capitán de Puerto. Reveló que un compañero, Víctor Enrique Barredo Molina, jefe de departamento, aceptó el cambio a la ciudad de Baja California, aunque de profesión ingeniero y no en licenciatura en derecho, posiblemente por desconocimiento de las leyes.
JGH