Un juez federal concedió una suspensión para que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen (SMAPAC) detenga el vertimiento de aguas sin tratar a La Caleta, todo ello, luego de que, en agosto de 2024, el abogado carmelita, Cristian Romero Ramírez, promoviera un amparo en contra de autoridades federales, estatales y municipales, que, por derecho constitucional e internacional, tienen la obligación de garantizar un medioambiente sano.
Según explicó el abogado, en el Juzgado Tercero de distrito, se promovió en agosto de 2024 el amparo número 806/2024, y en estos días les fue concedida una suspensión, para el efecto de que las autoridades responsables del drenaje pluvial suspendan o paralicen de inmediato el vertimiento de tuberías del sistema de cárcamos o drenaje pluvial que no cuenten con ninguna protección o sistema tendiente a combatir la contaminación del arroyo, hasta en tanto exista certeza de que no causan afectación a la flora y fauna, así como a la salud pública de quienes viven a sus alrededores.
Debido a que quien opera en Carmen, estos cárcamos es el SMAPAC, la suspensión recae directamente en la dependencia, pues según los argumentos presentados al juez, se vierten aguas negras, que contienen materia fecal, aguas grises provenientes de establecimientos comerciales e instituciones, incluidos hospitales, por lo que, de forma precautoria, determinó dictar esta medida.
“Este amparo obtuvo una suspensión porque se presentaron evidencias de que sí está contaminando este brazo de agua que representa una minúscula parte de la zona acuífera que nos rodea, pero que La Caleta desemboca en la Laguna de Términos, en el Golfo de México, produciendo una contaminación mayor, porque si bien hay mayor inconciencia ciudadana, existe omisión de aplicar medidas para detener esto, pero además no se están tomando acciones para atacar la contaminación que presenta, como consecuencia del vertimiento de todo tipo de desechos”, explicó.
A pregunta expresa sobre el papel que juega la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), instituciones que no son ajenas a la contaminación que presenta La Caleta, el abogado señaló que ellos están llamados en el juicio de amparo, pero negaron que no hay cabida a que proceda, pero además que para ellos tiene que haber una denuncia.
“Esa versión de SEMARNAT y PROFEPA es falsa, porque jurídicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado que esa autoridad aun no haya una queja o denuncia de la ciudadanía, su responsabilidad es monitorear el entorno. Cuando la jueza de distrito concede la suspensión, lo hace por el principio de precaución, porque estas dependencias federales tienen la obligación de garantizarle a la sociedad un medioambiente sano y tienen que prevenir, pero lejos de esto, negaron el acto reclamado, dicen que no es cierto”, sostuvo.
El siguiente paso es esperar la audiencia incidental para que la juez se pronuncie sobre la suspensión definitiva, pero para esto tienen que acreditar el daño al medioambiente, entonces, al estar en la etapa final del juicio de amparo, se deberán ofrecer diversas periciales en materia de impacto ambiental y ecosistemas, para que sean peritos especializados quienes designe el mismo juzgado federal, cual es la situación real en la que se encuentra La Caleta. Aunque debería ser un proceso sencillo, considera que faltarán tres o cuatro meses más, sin embargo, con esta suspensión se evitará que se sigan vertiendo aguas contaminadas a este cuerpo de agua.
JGH