Decenas de presidentes de cooperativas pesqueras ribereñas, sostuvieron una reunión con representantes de la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA), la Capitanía de Puerto y el Instituto de Pesca y Acuacultura en Campeche (INPESCA), con la finalidad de pedirles apoyo para la regularización de sus permisos vencidos desde hace cinco años y es que pese a la prórroga que les otorgaron, siguen teniendo problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) quien no quiere emitirles la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), por supuestos errores en actas constitutivas, pero que, para modificarlos deben pagar un notario público, así como un contador público.
En el Museo de la Ciudad, Victoriano Nievez Céspedes, pescadores aguardaban a la espera de funcionarios de las dependencias, con carpetas en mano donde llevaban copias de trámites inconclusos. Ahí, Leonardo Hernández Domínguez, presidente de la Unión de Sociedades Cooperativas “Lomas de Román”, detalló que hace un tiempo que hubo una reunión con el titular de la CONAPESCA y la Gobernadora Layda Sansores, se les otorgó una prórroga para poder poner al día sus permisos para trabajar.
Desafortunadamente, los cambios administrativos en las dependencias, como el simple hecho que la Capitanía de Puerto, pasó a manos de la Secretaría de Marina (SEMAR), actualizaciones en el SAT, entre otros, vino a complicar aun más la situación, porque se acabó el periodo de gracia y un alto porcentaje se quedó sin obtener el permiso actualizado, pues desde la sede de CONAPESCA en Mazatlán, rebotaron todos.
“En el SAT no nos quieren emitir las Firmas Electrónicas Avanzadas, puesto que detectan que en las actas constitutivas falta algún dato o porque era ñ, aparecía n, pero somos cooperativas desde hace años, siempre nos atendieron, quieren que se corrija de la noche a la mañana, pero les respondemos que no estamos en el país de Alicia y las maravillas donde las cosas se hacen de un día a otro, se necesita el apoyo de las instituciones, porque está bien el cambio, pero debieron considerar las complicaciones que todo esto traería”, dijo.
Agregó que, los pescadores ribereños les ha representado muchos recursos económicos el poder estar al día, ya que, para poder actualizar un acta constitutiva para corregir esos errores ante un Notario Público, el costo oscila entre cinco y siete mil pesos, esto sumarle que, como hay quienes ni siquiera saben leer ni escribir, tienen que contratar un contador, todo esto aumenta el gasto, dinero con el que no cuenta un pescador en estos momentos.
“En Mazatlán no aceptan la documentación, nos preguntan porque no hicimos trámites entre 2019 y 2022, les decimos que, por la pandemia, en el Registro Público de la Propiedad quedaron actas, no fue un asunto de desinterés, entonces, por eso nos reuniremos a ver qué solución nos dan, toda vez que exigen pero nos están dejando solos, si no lo hacemos nos van a detener”, sostuvo.
Hernández Domínguez, finalmente refirió que si lo que querían era mejorar la situación del sector pesquero ribereño, todo esto, lejos de contribuir, los está perjudicando y van a terminar extinguiéndolos, promoviendo la pesca ilegal, porque miles de hombres de mar van a seguir pescando, porque tienen la necesidad de comer
