La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su desacuerdo con la propuesta del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, de declarar inconstitucional una parte de la reciente reforma al Poder Judicial. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que esta acción es inadecuada, ya que considera que la Corte “no puede legislar” ni invalidar reformas constitucionales.
Sheinbaum subrayó que, según el marco jurídico mexicano, los partidos políticos no tienen legitimidad para presentar amparos contra modificaciones a la Constitución. Asimismo, enfatizó que la Corte no tiene atribuciones para actuar como legislador y que los recursos presentados por personas morales carecen de fundamento legal para frenar una reforma.
“La Corte no puede asumir una función legislativa. Primero debemos esperar a que los ministros voten y veamos cómo resuelven”, indicó la mandataria.
La presidenta también abordó la posible renuncia de algunos ministros de la Corte, quienes se especula presentarán su dimisión esta semana. Según Sheinbaum, quienes presenten su renuncia en este momento podrían obtener todos sus haberes de retiro, mientras que aquellos que lo hagan después enfrentarían la pérdida de estos beneficios.
Por otro lado, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto de resolución en el que se propone invalidar ciertas partes de la reforma judicial, incluyendo la elección popular de jueces de distrito y magistrados de circuito, por considerar que no cumplen con los requisitos de seguridad jurídica necesarios en una democracia.
El documento indica que la elección de jueces mediante voto popular no brinda certeza a los ciudadanos sobre los perfiles de los candidatos ni sobre los requisitos para aparecer en las boletas. Además, cuestiona que el proceso no garantiza que la ciudadanía emita un voto informado.
Según el proyecto de González Alcántara, la medida podría generar problemas de transparencia en la selección de jueces y magistrados, dificultando la confianza pública en el Poder Judicial y en las decisiones judiciales que afectan derechos, obligaciones y libertades.
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