La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), el principal grupo social de Ecuador, ha expresado una firme condena hacia la reciente incursión policial en la Embajada de México en Quito.
Este suceso, catalogado como un acto de "extrema gravedad", representa una seria violación a los principios diplomáticos y al derecho internacional, según la organización indígena.
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La operación, dirigida a detener al ex vicepresidente Jorge Glas, fue tachada de fascista por la Conaie, una organización conocida por su crítica abierta hacia el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y su administración.
La acción policial ha desencadenado preocupaciones sobre un potencial deterioro en las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, al tiempo que plantea interrogantes sobre el respeto hacia la Convención de Viena y la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.
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"El asalto a la Embajada de México constituye una flagrante violación de la soberanía mexicana y un desprecio hacia las normativas internacionales que rigen las relaciones diplomáticas", manifestó la Conaie a través de un comunicado.
La organización también advirtió sobre las implicaciones negativas que este evento podría tener a nivel global, señalando el peligroso precedente que establece para la comunidad internacional.
Este incidente ocurre en el contexto de tensiones previas, exacerbadas por la declaración de la embajadora mexicana en Quito, Raquel Serur Smeke, como persona non grata.
Esta medida fue una respuesta a comentarios del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, los cuales fueron interpretados por el gobierno ecuatoriano como una injerencia en sus asuntos internos.
La situación escaló con la justificación oficial de Ecuador para la irrupción policial, alegando la inadmisibilidad de brindar asilo a personas condenadas bajo la legislación ecuatoriana.
En medio de acusaciones de actuar bajo un régimen autoritario y fascista, el gobierno ecuatoriano defiende su posición alegando que ninguna embajada debe servir de refugio para individuos considerados criminales por la ley local.
"Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político", sostiene Quito, subrayando que las acciones contra Glas se basan en una sentencia ejecutoriada y en una orden de captura vigente.
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