La Cámara de Diputados ha iniciado el debate sobre la controvertida reforma al Poder Judicial, una iniciativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador que podría transformar radicalmente la estructura del sistema judicial en México.
La Comisión de Puntos Constitucionales lideró la sesión de dictaminación, con la participación de 33 legisladores, de los cuales 17 estuvieron presentes de manera remota. Esta reforma plantea que cualquier persona con un título en Derecho pueda postularse para encabezar un tribunal, con la condición de que habrá controles para garantizar la calidad de los candidatos.
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Además, los actuales jueces y magistrados tendrán el derecho de postularse nuevamente para mantener su lugar en el Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte reacción en el ámbito judicial. Miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, incluyendo personal administrativo, secretarios de acuerdos y actuarios, iniciaron un paro de labores en señal de protesta.
Estos empleados bloquearon las puertas de varios recintos judiciales con cadenas y candados, y poco después se sumaron jueces y magistrados a la huelga, lo que ha paralizado a por lo menos mil 200 juzgados en todo el país, según datos de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (Jufed).
El Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, aunque ha respaldado el paro, anunció que se mantendrán servicios mínimos para atender casos de extrema urgencia.
Este clima de inestabilidad ha tenido repercusiones más allá del ámbito judicial. La calificadora Fitch Ratings y entidades financieras como Citibanamex, Bank of America y Morgan Stanley han emitido advertencias sobre el posible impacto negativo de la reforma en el clima de negocios en México. Además, los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México han expresado su preocupación por la incertidumbre que este cambio legal podría generar entre los inversionistas de sus respectivos países.
Como reflejo de esta aversión al riesgo, el peso mexicano ha registrado una depreciación, acercándose a las 20 unidades por dólar, lo que evidencia el nerviosismo en los mercados ante las posibles consecuencias de la reforma judicial.
Mientras continúa la discusión en la Cámara de Diputados, la incertidumbre sobre el futuro del sistema judicial y el impacto económico de la reforma sigue creciendo.
IO
