La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encabezada por María Luisa Albores González, informó sobre los esfuerzos que el Gobierno de México ha implementado para atender a los pobladores de ocho municipios afectados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, ocurrido en 2014. Este desastre ambiental, provocado por la mina Buenavista del Cobre S.A. de C.V., propiedad de Grupo México, no fue adecuadamente resuelto en su momento por la empresa.
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Durante la conferencia matutina liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de Semarnat explicó que, a pesar de los graves impactos en el medio ambiente y la salud de las comunidades, en 2017, las autoridades de la época y la minera extinguieron un fideicomiso de 2 mil millones de pesos destinado a la atención de los afectados, de los cuales solo se ejerció un poco más de la mitad.
Sin embargo, en 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la reparación y compensación ambiental realizadas violaron el derecho a la información y consulta de las comunidades afectadas. En respuesta, la Semarnat emitió un nuevo dictamen que concluye que no se alcanzaron los niveles de remediación adecuados, por lo que solicitó a Grupo México la modificación de sus medidas correctivas.
En el contexto del Plan Integral de Atención a Cananea y Programas para el Bienestar, anunciado por el presidente López Obrador, el sector ambiental ha sostenido reuniones con las comunidades afectadas. De estas reuniones surgió un diagnóstico que evidencia la persistencia de la contaminación en suelo, agua, sedimentos, flora, fauna y aire, demostrando que el desastre no fue un accidente, sino una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas Tinajas 1.
Con base en estos hallazgos, se elaboró un plan de remediación integral consensuado con las comunidades. Este plan incluye la atención al suministro de agua con la medición del acuífero, tratamiento de lixiviados, drenaje, saneamiento y el suministro de agua segura para la población. También se han implementado medidas para la fitorremediación de suelo y la gestión de residuos vegetales, así como el monitoreo continuo de la calidad del aire.
María Luisa Albores destacó que, en colaboración con la Comisión Estatal del Agua de Sonora, se han rehabilitado seis plantas potabilizadoras fijas que ya están operando, y se están construyendo cuatro nuevas plantas en los municipios de Huepac, Aconchi, Baviácora y Arizpe.
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