El Senado de la República aprobó con mayoría calificada la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma fue avalada con 85 votos a favor, 41 en contra y cero abstenciones en la antigua sede del Senado en Xicoténcatl. Esta iniciativa busca que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos mediante voto popular.
El respaldo mayoritario provino de Morena y sus aliados, quienes obtuvieron los votos necesarios gracias al apoyo del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez. Tras la aprobación en lo general de los artículos no reservados, comenzó el debate en lo particular sobre los 60 artículos reservados por la oposición.
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La controversia en torno a la votación
La sesión del pleno se desarrolló en medio de tensiones. Durante más de 13 horas, se llevó a cabo una doble sesión que incluyó la toma del salón de plenos por manifestantes y el uso de una sede alterna. A pesar de la polémica, el Senado aprobó la reforma obteniendo la mayoría calificada.
La oposición denunció el "secuestro" del senador por Movimiento Ciudadano, Daniel Barrera, quien no pudo asistir a la votación debido a una diligencia familiar en Campeche. Su ausencia fue señalada como una estrategia para afectar el proceso legislativo.
El Plan C de López Obrador
La reforma judicial, conocida como el "Plan C" del presidente López Obrador, ha sido presentada como una propuesta para democratizar el Poder Judicial. Entre sus elementos más destacados se encuentra la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y la sustitución del actual Consejo de la Judicatura Federal.
La iniciativa también incluye la implementación de la figura de "juzgadores sin rostro", con el fin de garantizar la imparcialidad en casos sensibles y evitar represalias. Además, contempla la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros actuales y futuros de la SCJN.
Críticas de la oposición y del sector judicial
La aprobación de esta reforma ha generado una fuerte oposición tanto dentro del Senado como en el ámbito judicial. Diversos legisladores y representantes del Poder Judicial han calificado esta reforma como un golpe al sistema de justicia del país. Señalan que la medida podría politizar la impartición de justicia y generar inestabilidad en el sistema legal.
Durante la sesión, Andrea Chávez, senadora de Morena, defendió la reforma y acusó a la oposición de ser "golpista" por permitir la presencia de manifestantes durante la sesión. La senadora comparó a los opositores con el régimen de Pinochet, asegurando que los intentos de bloquear la reforma representan una "intentona golpista".
Lucía Trasviña, otra senadora de Morena, fue más contundente al señalar a la oposición como "traidores a la patria". Trasviña afirmó que el Poder Judicial ha estado al servicio de la oligarquía y los intereses extranjeros durante décadas, y que esta reforma busca restaurar el control del sistema judicial en manos del pueblo.
La postura de la oposición
Los senadores de oposición, por su parte, acusaron al gobierno de utilizar la reforma judicial como un "capricho presidencial". Argumentaron que la medida debilitará la independencia del Poder Judicial y abrirá la puerta a una posible crisis institucional en el próximo gobierno.
Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), fue uno de los principales críticos de la reforma. Durante la sesión, Cortés denunció presiones hacia legisladores para votar a favor de la iniciativa. En particular, destacó el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien apoyó la reforma pese a las declaraciones previas de su partido en contra de la medida.
¿Qué sigue para la reforma judicial?
Después de ser aprobada en el Senado, la reforma judicial será enviada a los congresos estatales para su ratificación. Para que entre en vigor, se requiere que al menos 17 de los 32 congresos locales la aprueben. Si se cumplen estos requisitos, el presidente López Obrador podrá promulgar la reforma antes de dejar el cargo.
Esta reforma es vista por el gobierno como una victoria clave en la transformación del país, y fue uno de los compromisos de López Obrador con su base política. Sin embargo, para sus críticos, representa una amenaza a la estabilidad y funcionamiento del Poder Judicial en México.
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