En México, se calcula que el 25 por ciento de las personas, entre 18 y 65 años de edad, presentan algún problema de salud mental, y sólo un tres por ciento busca atención médica; pero, como en muchos casos, no existen cifras certeras en todo el país.
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En Cancún, cada día se atienden en promedio a dos personas con algún trastorno de la mente, en unidades médicas del Gobierno, sin contar a quienes acuden con especialistas privados y a la gente en situación de calle con problemas mentales, y es que Quintana Roo no cuenta con un hospital psiquiátrico y seguramente no lo tendrá jamás, pues en el 2022 la Ley General de Salud se reformó y se dejó de lado a los psiquiátricos, y si bien, la nueva ley no instruye al cierre de esos hospitales, sí plantea que no se construyan más, prohíbe el internamiento forzado y obliga a las instituciones a garantizar el consentimiento informado sobre los tratamientos.
Los padecimientos mentales pueden afectar a personas de todas las edades, géneros, culturas y condición social. Algunos de los trastornos más comunes incluyen ansiedad, depresión, alimentarios, bipolaridad, esquizofrenia, estrés postraumático, desorden obsesivo-compulsivo, entre una gran grama.
Estos problemas pueden tener diversas causas, como factores genéticos, ambientales, biológicos y experiencias de vida, por lo que es fundamental buscar ayuda profesional, sobre todo en estas fechas, cuando la gente que vive sola suele deprimirse al grado que llega a atentar contra su vida; pero en casos más severos, como la esquizofrenia, paranoia u otros padecimientos, el paciente requiere internamiento por el riesgo que puede correr o quienes estén a su alrededor.
En el mundo, los trastornos mentales afectan a casi 450 millones de personas, dentro de los cuales, la depresión, bipolaridad y esquizofrenia son los más comunes y se manifiestan a través de culpa, apatía, melancolía, tristeza, ansiedad y pérdida de interés.
Actualmente, los especialistas buscan que estas personas tengan una recuperación funcional, fuera del hospital, para que se integren a su entorno social y mejorar positivamente su tratamiento.
En México, se calcula que el 25 por ciento de las personas, entre 18 y 65 años de edad, presentan algún problema de salud mental, y sólo un tres por ciento busca atención médica, según, investigadores en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente (INPRF).
En abril del 2022, la Ley General de Salud se reformó y, por primera vez en la historia del país, se dejó de lado a los psiquiátricos para reconocer que la atención a la salud mental debe ser universal y apegada a los derechos humanos. Con esta nueva ley se busca prohibir los internamientos forzados y dar pie al fortalecimiento de los centros de salud, para que cualquier persona pueda ser atendida.
Algunos expertos aseguran que la ley que existía era violatoria a los derechos humanos, en la que se permitían internamientos y tratamientos involuntarios.
Además, se aclara que en caso que un paciente no pueda dar su consentimiento para un tratamiento ni exista un documento de voluntad anticipada, y su salud e integridad se encuentren expuestas a un riesgo inminente, el prestador de servicios de Salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario. De ello deberá dejar constancia en el expediente clínico y otorgar un informe justificado a los Comités de Ética y a la autoridad judicial competente.
Los hospitales psiquiátricos no cerrarán, lo que plantea la ley es que no se construyan más, y que los que ya existen brinden una atención distinta, en la que las personas que quieran tener acceso a servicios de atención a la salud mental, no sólo tengan la alternativa del hospital psiquiátrico y los que hay, deberán convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de servicios de salud.
En México hay 33 hospitales psiquiátricos, de acuerdo con el directorio de la Secretaría de Salud; el 60 por ciento se ubica en las tres ciudades más grandes, es decir, no están distribuidos de manera equitativa ni focalizada.
La Ley de Salud Mental se rige principalmente por la Ley General de Salud y su reglamentación. Ésta establece disposiciones generales sobre la prestación de servicios.
Mucha demanda y poca oferta
En Quintana Roo hay sólo dos Unidades en Especialidades Médicas, Centro Integral de Salud Mental (Uneme Cisame), pero únicamente son de consulta; quienes requieren tratamiento son enviados al Hospital General. Su objetivo es detectar estados depresivos o violencia intrafamiliar.
Personal de Psicología de la Uneme Cisame, realiza jornadas de salud mental comunitaria con elementos de la Secretaría de Salud, en las que explican la relación de la salud mental con las adicciones, pues reconoce que las drogas son un factor de riesgo importante, sobre todo en niños y adolescentes.
Basta recordar que Cancún está entre las ciudades en los primeros lugares en adicciones. En la actualidad, tanto en el Hospital General, como en la Uneme, sólo se atienden a los pacientes con desequilibrio mental cuando los lleva algún familiar y únicamente para estabilizarlos con medicamentos; de ser necesario hacen el trámite para trasladarlos a otro Estado, a un hospital neuropsiquiátrico, pero la política es que debe haber algún familiar responsable del paciente o no los aceptan, lo que deja en completo abandono a la gente que vive en las calles o que terminan en la cárcel, y que sin duda sufren algún padecimiento psicológico.
En la Uneme se atiende, en promedio, a unas 500 personas al mes. Son pacientes ambulatorios y la gran mayoría con pensamientos suicidas.
En contraparte, el psicólogo Soilo Salazar aseguró que en Quintana Roo, desde hace años se requería de un hospital psiquiátrico, pues la demanda es alta por tanta gente con padecimiento mentales, pero por la ley, será poco viable.
“Anteriormente, el paciente podía ser dejado interno en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad, porque para la familia era más fácil. Actualmente se propone que sus parientes los atiendan en casa, bajo un tratamiento psicológico, con la finalidad que se hagan responsables y no los abandonen en el hospital”, dijo.
Explicó que esto también puede ser complicado si el paciente no quiere tomar el medicamento, se pone violento o no los deja dormir, por lo que esa ley tiene sus pros y sus contras.
“Hay mucha necesidad de familias para que traten a sus pacientes y no les queda más que sea de manera ambulatoria, porque la demanda es mucha y la oferta es poca, sin mencionar a las personas en condición de calle, que ni parientes tienen y andan deambulando, por lo que no hay cifras reales de esta situación”, comentó.
Explicó que el acceso a los medicamentos se complica si no hay un diagnóstico de un especialista, independientemente si son baratos o no, pues lo que no hay es la atención y las consultas privadas van de los 800 a los mil 500 pesos, lo que las hace poco accesibles y deben recurrir a otros Estados.
“Si pensamos en gente con depresión, ataques de pánico, ansiedad, trastornos del sueño, psicosis o esquizofrenia, seguro que son muchos, y nos damos cuenta porque la gente busca ayuda, pero el costo no es barato, por lo que acuden a Mérida, a la Ciudad de México o a en Estados como Campeche y Chiapas”, indicó.
Los expertos en la materia concluyen, que mientras existan seres humanos habrá enfermedades mentales y hay que atenderlas, porque se van agravando. La tristeza por un duelo puede llegar a una depresión crónica con pensamientos suicidas o instintos asesinos.
Censo, en marzo del 2024
Por su parte, el Consejo Nacional de Salud Mental (Conasama), a través de la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones (Enasama) 2023-2024, avanza en todo el territorio nacional. Con corte al 15 de diciembre se han aplicado 17 mil 953 encuestas distribuidas en las 32 Entidades federativas. El levantamiento se reanudará el 1 de febrero del 2024, para evitar que se presenten datos atípicos por la temporada decembrina y de inicio de año, de acuerdo con lo planteado en la metodología.
Y es que durante estas fechas suele incrementarse el consumo de alcohol y de otras sustancias producto de las fiestas y de la convivencia social. La encuesta busca captar un patrón tradicional de consumo y este cambio puede provocar un pico atípico en la muestra que no permita observar correctamente el consumo cotidiano de la población.
El levantamiento de la encuesta comenzó a finales de octubre, por parte de personal de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones de cada Estado y se monitorea semanalmente para obtener el avance de resultados a nivel nacional y por cada Entidad.
En total se realizarán 52 mil entrevistas en 905 localidades del país, a adolescentes de 12 a 17 años y personas adultas de 18 a 75 años. La conclusión del operativo en campo se contempla finalizar en marzo para presentar los primeros resultados en junio del 2024.
El objetivo es conocer las condiciones de salud mental de la población; pero no se está contemplando a quienes viven en las calles, por lo que no se tendrá más que un censo cercano a la realidad.
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