Las madres buscadoras no descansan en la investigación del paradero de sus seres queridos y exigen un alto a la irresponsabilidad y fuga de información que ocurre en la Fiscalía General del Estado (FGE) en los diversos casos de desaparecidos en la entidad.
Después de la violenta represión del pasado viernes, en Chetumal, y de la visita al crematorio ilegal ubicado en la colonia Tres Reyes, alzaron la voz para evidenciar el deterioro y la falta de profesionalismo de las autoridades, e hicieron público el retraso en la activación del personal para acudir a alguna búsqueda de campo, donde el tiempo es primordial para evitar el deterioro de la evidencia.
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Romana Rivera Ramírez, presidenta y fundadora del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, aseguró que están agotadas física y mentalmente, pues además de enfrentar sus pérdidas tienen que realizar el trabajo de la fiscalía, y ni así hay avances, pues aunque en múltiples ocasiones consiguen pistas y detalles brindados por la sociedad acerca de los no localizados, los agentes de la dependencia estatal no les brindan una respuesta adecuada.
Explicó que en la actualidad, aunque las búsquedas son constantes por parte de los diferentes colectivos del estado, prácticamente de nada les sirve, porque a pesar que llevan información recabada, coordenadas y demás información, la FGE hace caso omiso y tarda hasta cinco meses en acudir a estos llamados.
La excusa del organismo es que únicamente tienen dos antropólogos y no se dan abasto, por lo que las envían sólo con personal básico para que ellas mismas realicen el mapeo en las zonas señaladas, acto que incomoda a los integrantes de los diferentes colectivos, pues les pagan a las autoridades por un trabajo que ellas realizan.
El mayor problema ocurre en el aseguramiento de evidencia, ya que en algunos casos la fiscalía resguarda las prendas o pistas por más de tres años, y únicamente luego de este lapso las muestran, por presión de los familiares, y así ellos pueden identificar algún objeto de sus seres queridos desaparecidos tras años de incertidumbre y búsquedas infructuosas.
Rivera Ramírez aseguró que el problema es tal que en algunas familias son intimidadas o vulneradas luego de poner una denuncia, ya que son visitados por los presuntos responsables de las desapariciones forzadas o secuestros, con el fin de amedrentarlos, o dañarlos físicamente, para obligarlos a desistir de la búsqueda.
Entre los aspectos que encienden los focos rojos durante estos ataques está el señalamiento puntual de los agresores quienes les describen con cada detalle la denuncia día y hora que realizaron los familiares, dejando claro la probable fuga de información por parte de las autoridades, además de infundir terror para evitar futuras denuncias.
Por ello, las madres buscadoras hicieron un llamado a las autoridades federales y hasta internacionales, para que les apoyen en la búsqueda de sus seres queridos y pongan un alto a la gran ola de desapariciones que está ocurriendo y que, según el conteo, registra un aumento del 60 por ciento este año.
Una familia fracturada
Han pasado casi siete años sin que Carmita Zapata encuentre el consuelo de por lo menos, llorar en la tumba de su hijo, Julián Hernández, quien fue privado de su libertad el 16 de noviembre del 2017, en Cancún, cuando apenas era un joven estudiante de preparatoria.
En todo este tiempo no ha tenido respuesta de las autoridades de Quintana Roo, por lo que desde hace un año se unió al Colectivo “Madres Buscadoras” y aunque ha tenido pequeños avances no han sido suficientes para dar con el paradero del adolescente, por ello, ayer instaló un plantón junto con sus compañeras en el estacionamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), donde pasaron la noche en casas de campaña y colchones inflables. Posteriormente se instalaron en frente de la Fiscalía General del Estado.
Para Carmita esta desgracia fue el final de su familia, ya que a raíz del hecho sus otros dos hijos y esposo se mudaron fuera del estado, porque recibieron amenazas de muerte, pero ella aseguró que no va a desistir hasta encontrar a su hijo.
Uno de los supuestos secuestradores se encuentra detenido en el municipio de Othón P. Blanco, por lo que exige que sea trasladado a Benito Juárez y que diga exactamente dónde dejó los restos de su hijo, pues en tres ocasiones ha dado una ubicación falsa.
Otro de los presuntos involucrados estuvo en la cárcel un tiempo, pero por falta de pruebas fue liberado; aunque después se comprobó que sí estuvo implicado, se dio a la fuga. Por lo que no hay avances firmes en las investigaciones.
La entrevistada contó que el autor intelectual de este delito fue un vecino. Ella y su esposo tenían un negocio familiar que les permitía llevar una vida cómoda; sin embargo, nunca se imaginaron que eso sería el principio de su desgracia, ya que los secuestradores exigieron un pago de un millón y medio de pesos, pero como no contaban con esa cantidad en efectivo, ultimaron al adolescente.
“La fiscalía tiene que responder y hacer justicia, porque ya los he esperado demasiado tiempo, ya son siete años qué no sé nada de mi hijo, un joven muy estudioso. A pocos días de su secuestro, él iba a competir en un torneo de matemáticas y por estas personas todos sus sueños y nuestra familia se destruyeron, pero no me importa hasta donde tenga que llegar, porque yo ya le perdí el miedo a todo”, concluyó.
