En la cabecera municipal de Benito Juárez se mantienen en irregularidad al menos 260 asentamientos, los cuales enfrentan rezago social. Además, en todo el municipio se contabilizan 323 mil 435 habitantes con algún grado de pobreza, y con un incremento drástico en densidad poblacional, al pasar de 19.3 habitantes por kilómetro cuadrado, en 1980, a 979 habitantes/ km2 actualmente, de acuerdo con estudios.
No hay un registro preciso del número de colonias o asentamientos irregulares en Cancún, y su contabilidad se dificulta debido a que continuamente se están creando nuevos espacios de vivienda al margen de la proyección urbana de la ciudad. La autoridad municipal ahora se vanagloria con el proceso de regularizar 20 asentamientos urbanos y pondera que están en estudio otros 80, pero no hay una fecha para finalizar el proceso.
Mientras que la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) consigna que a nivel estatal el 9 por ciento de la población (1.8 millones de habitantes, según el Censo 2020), vive en asentamientos irregulares, lo que se traduciría en 160 mil personas; de ellas, el 30 por ciento viven en pobreza moderada y el 5 por ciento vive en pobreza extrema.
El estudio “Análisis de las zonas de asentamientos irregulares desde la perspectiva de las capacidades en Cancún, Benito Juárez”, a cargo de las investigadoras y catedráticas Pilivet Aguiar Alayola, Christine Elizabeth McCoy Cador y Lucila Zárraga Cano, establece que los primeros asentamientos ilegales surgieron en las afueras del centro poblacional al norte de Cancún, aunque también personas con escaso poder adquisitivo se asentaron en zonas como el ejido de Bonfil, en el suroeste, donde se vendieron tierras ilegalmente a precios accesibles.
Precisa que Cancún ha alcanzado casi un millón de habitantes, siendo un caso exitoso desde la perspectiva turística, visitado por miles de personas cada mes, las cuales sólo conocen la zona hotelera, que cuenta con servicios de clase mundial. Sin embargo, el éxito económico no siempre se traduce en mejores condiciones de vida para los habitantes de las zonas habitacionales, especialmente en los asentamientos irregulares.
Además, también está el caso de los desarrollos irregulares de viviendas en tierras ejidales desincorporadas del Registro Agrario Nacional y vendidas sin la debida incorporación al municipio, los cuales carecen de infraestructura pública y certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra.
En 2019 se clausuraron 11 desarrollos irregulares en el municipio de Benito Juárez, con 14 mil 775 lotes habitacionales detectados, de acuerdo con datos del propio Ayuntamiento, se establece en el análisis.
En los desarrollos o asentamientos irregulares, la empresa distribuidora de agua potable en el estado no interviene hasta que los terrenos estén municipalizados, obligando a los residentes a abastecerse de pozos
Igualmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tampoco tiene red pública en esas áreas, realizando contratos particulares de renta de transformadores e instalación de mufas, lo que encarece la energía.
A pesar de las carencias en los asentamientos humanos irregulares, las condiciones de vida en son notoriamente distintas entre ellos, lo que cuestiona si la definición de asentamiento irregular es suficiente para catalogar la zona como en situación de pobreza o rezago social y destinar recursos para mejorar, establecen.
Carencias
Falta de agua potable, electricidad, pavimentación y una demarcación adecuada, son algunos de los servicios que piden los ciudadanos que las habitan en éstas áreas, que critican a los gobernantes y políticos de prometerles ayuda y no cumplirlo.
“El abandono es tal que debemos incurrir en colocar otras direcciones en nuestras credenciales con comprobantes de domicilios de otros sectores para acceder a los programas de salud o tramitar las becas de nuestros hijos”, dijo Sofia, vecina de una concurrida invasión ubicada por Arco Norte, a unos metros antes de llegar al cruce con la avenida Rancho Viejo.
Hizo un llamado a las autoridades para que les presten atención, pues suelen visitarlos en tiempos electorales, pero después no vuelven.
“Estamos sin servicios básicos, cada familia debe velar por tener su propia fuente de agua para sus necesidades básicas, los que no tienen se ponen de acuerdo con el vecino que tenga un pozo y así poder acarrear todos los días el agua en cubetas hasta sus hogares”, agregó.
Lety N ., por su parte explicó que la situación es complicada en cuanto a los servicios de salud, pues al no vivir en una zona reglada y loteada no cuentan con manera de comprobar su dirección, por lo que no tiene acceso a ningún programa gubernamental.
Ella, como todos sus vecinos, deben pedir comprobantes de domicilio a otros familiares para darse de alta en instituciones como IMSS Bienestar o para tramitar las becas de sus hijos, por lo que su principal petición es que se demarque la invasión, como ya lo han hecho con otras que están alrededor.
José N., quien lleva más de cuatro años en dicha zona resaltó la falta de atención y de compromiso de las autoridades.
“Es el colmo que una empresa de televisión llegó hace 15 días y colocó postes de concreto como si fueran los de electricidad, numeró todos los lotes y calles e ingresó el servicio, algo que durante todos estos años no se ha visto”, dijo.
Asimismo, la falta de pavimentación hace que las autoridades sólo realicen recorridos por el perímetro sin ingresar a las colonias.
En un recorrido, Por Esto! comprobó que algunos habitantes se la ingenian para colocar transformadores que ya han sido desechados en otros puntos de la ciudad, y de éstos se conectan para llevar energía a sus hogares, ante la inexistencia de un sistema de suministro de electricidad en la zona.
Violencia desatada
Reconocido mundialmente por sus atractivos turísticos, Tulum enfrenta un crecimiento urbano desordenado que ha dado lugar a 14 asentamientos irregulares, donde residen entre 5 mil y 6 mil personas, aproximadamente el 10 por ciento de la población municipal. Estos habitantes carecen de servicios básicos como alumbrado público y calles pavimentadas, y enfrentan altos índices de violencia.
La falta de alumbrado público y calles pavimentadas dificulta la movilidad y aumenta la vulnerabilidad ante actos delictivos. En Tulum, la colonia 2 de Octubre se ha convertido en un “foco rojo” de violencia.
Según datos del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig), esta zona registra altos índices de violencia intrafamiliar y delitos de alto impacto. En octubre de 2024, un hombre fue asesinado a balazos en esta demarcación, sumándose a una serie de incidentes violentos que han generado preocupación entre los habitantes.
Los niños de este asentamiento sufren traumas debido a la violencia que presencian, incluyendo ejecuciones y balaceras. Organizaciones como Coin Tree han brindado atención psicológica gratuita a por lo menos 100 menores para ayudarlos a superarlos.
El Comité Étnico Pluricultural, a cargo de Atilano Arana Rejón, ha estado gestionando la regularización de la tierra ante la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro). Sin embargo, el proceso ha sido lento y complejo, dejando a miles de familias en la incertidumbre legal y sin acceso a servicios básicos.
La falta de planeación urbana y la rápida expansión demográfica han exacerbado estos problemas, creando un entorno propicio para la proliferación de asentamientos irregulares. “El proceso ha sido muy lento, muy pocas familias han podido regularizar sus predios, la mayoría de las colonias tienen ocho años desde que se tomó posesión las familias que necesitan un lugar para vivir”, indicó.
Según el entrevistado, las familias se vieron en la necesidad de invadir los terrenos en su mayoría propiedad del Gobierno del Estado, debido a la falta de oportunidades para adquirir un predio o una casa para habitar.
La combinación de carencias en servicios básicos y el incremento de la violencia ha afectado profundamente a la comunidad. Los habitantes de estas colonias enfrentan diariamente desafíos que comprometen su bienestar y seguridad. La falta de atención por parte de las autoridades ha generado desconfianza y desesperanza entre los residentes, quienes buscan soluciones a través de la organización comunitaria y la demanda de acciones gubernamentales efectivas.
La situación en las colonias irregulares del noveno municipio refleja la necesidad urgente de una intervención integral que aborde tanto la regularización de la tenencia de la tierra como la provisión de servicios básicos y la seguridad pública. Es imperativo que las autoridades locales y estatales trabajen en conjunto con la comunidad para desarrollar estrategias sostenibles que mejoren la calidad de vida de los habitantes y promuevan un desarrollo urbano ordenado y seguro.
La atención a estos problemas no sólo beneficiará a los residentes, sino que también contribuirá al bienestar general del municipio, fortaleciendo su tejido social y consolidando su reputación como un destino turístico de excelencia.
