Desamparado quedó el sector empresarial en el estado, en los últimos años, donde ninguna estrategia aplicada por las autoridades sirvió para garantizar seguridad a los pequeños, medianos y grandes comerciantes, quienes fueron violentados por no pagar “derecho de piso”. A pesar de contar con “el mejor Fiscal del país”, en lo que lleva de su gestión los asesinatos de patrones se triplicaron.
En el 2023 se contabilizaron 615 ejecuciones, cinco de las víctimas tenían un negocio. De enero a diciembre del 2024 suman 558 personas muertas en ataques armados; 15 de ellas por no desembolsar para la extorsión. Incluso, algunos fueron privados de la libertad para presionarlos, pero no todos regresaron a casa.
En cinco años se acumularon mil 205 carpetas de investigación por chantaje, 80 son por secuestro en el mismo periodo, 25 de ellas por causar algún daño y 37 por secuestro extorsivo. Esto, de acuerdo con la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Del 2018 a diciembre del 2024, 150 personas dedicadas a los negocios fueron asesinadas por negarse a pagar “derecho de piso”, entre las víctimas hay vendedores de marquesitas y mujeres que se ganaban la vida en modestos puestos de tacos, hasta grandes empresarios, algunos de ellos a la fecha no han sido localizados, luego de ser privados ilegalmente de la libertad.
Marcos es un hombre que toda su vida ha trabajado siguiendo los pasos de su padre, quien hace 30 años llegó a Cancún, encontrándose con la bondad de este paraíso que le dio la oportunidad de abrir negocios y formar un patrimonio, mismo que sus sobrevivientes pueden perder debido a las inconsistencias en medio de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) que, en ocasiones, lo ha revictimizado intentando amedrentarlo para evitar que se esclarezca su caso.
El padre de Marcos era conocido también fuera de Benito Juárez. Su humildad, trabajo honrado y las ganas de no quedarse estancado lo llevaron a otros municipios donde fue reconocido como ejidatario y pudo hacerse de predios, los cuales, al igual que cada negocio que emprendía, generaban trabajos para otras familias.
Jamás le gustó ser ostentoso, ni sentirse más que otras personas, así lo recuerdan su hijo y conocidos.
En el 2022 vivieron su primer episodio de violencia, cuando uno de los hermanos fue secuestrado en Cancún. En ese entonces, los captores contactaron al padre de familia para solicitarle un rescate. Entraba la madrugada del sábado cuando llegó esa llamada: “tenemos a tu hijo y queremos 100 mil pesos para regresártelo”. Marcos desconoce bien el resto de la negociación, cuya garantía para regresarlo con vida fue pagada.
El domingo por la mañana, en la cajuela de su propio auto, abandonado en el centro de la ciudad, estaba el cuerpo que, al parecer, había sido ultimado al poco tiempo de haber sido privado de la libertad.
Este hecho para las autoridades ministeriales se trataba de un ajuste de cuentas entre integrantes de grupos delictivos, a pesar de tener el testimonio de que era un secuestro.
A la carpeta de investigación, estancada desde entonces, se le dio carpetazo este año, cuando el patriarca fue asesinado, ya que en la FGE mencionaron que era el único que podía continuar con el proceso por ser el padre de la víctima.
Abandonados por las autoridades
El relacionar a su hijo con el crimen organizado hizo que el padre de Marcos y el resto de su familia perdieran la confianza en las autoridades. Intentaron continuar con sus vidas, sin saber si se trataba de alguien cercano a ellos el que estuviera vinculado con el homicidio, ya que parecía que tenían conocimiento de la solvencia económica del patriarca y que contaba con efectivo en su domicilio.
Posteriormente, el hombre fue víctima de robos en sus propiedades en Kantunilkín, donde realizó las denuncias correspondientes. Lamentablemente, por el lento actuar de la Fiscalía General del Estado no se pudo llegar hasta la persona que le estaba robando y que, posiblemente, fue la misma que posteriormente lo privó de la vida.
En agosto del 2024, Marcos recibió una llamada alrededor de las 21:30 horas. Era la pareja sentimental de su padre diciéndole que no había regresado a casa.
La mujer le comentó que el hombre, supuestamente, dijo por la tarde que pasaría a comprar comida e iría a su domicilio, esto alarmó a la familia, ya que era una persona que no le gustaba gastar en comida, pues en la vivienda siempre había aunque sea un plato de sopa casera que él podía degustar.
Las alarmas se encendieron cuando se enteraron que el otro hermano de Marcos, también comerciante, no había regresado a su casa, por lo cual, comenzaron con la búsqueda de ambos.
Ya entrada la noche, en medio de la preocupación y tratando de averiguar los posibles paraderos donde pudieran estar, la pareja sentimental del padre de familia dio otra versión. En esta ocasión reveló que habían sido secuestrados y ella entregó dinero y papeles de propiedades a los supuestos captores.
En su momento no pudo poner la denuncia por desaparición ante la FGE, porque sólo habían pasado “pocas horas”, asimismo, las autoridades ministeriales aseguraron que no sabían si en realidad se trataba de un secuestro.
Desesperado, teniendo el antecedente del homicidio de su hermano, y por la pérdida de valioso tiempo, de madrugada, Marcos fue a buscar a sus familiares a una de sus propiedades.
Al salir de Cancún vio que las autoridades tenían una especie de retén, al cual no le tomó importancia. Aceleró su marcha y cuando estaba por llegar a su destino sonó su teléfono. “Tío ya regresa, ya los encontraron”, lamentablemente le dieron la noticia de que habían sido privados de la vida.
Dio vuelta y retornó a Cancún. Antes de entrar a la ciudad, ya amaneciendo, vio a los mismos policías, pero en esta ocasión había personal de la Fiscalía en el mismo lugar, levantando los restos de dos personas, sin imaginar que se trataban de su padre y hermano.
Desvían rumbo de la investigación
Siguiendo los pasos de Óscar Montes de Oca Rosales, extitular de la FGE, quien en su gestión relacionó el 95 por ciento de los homicidios dolosos con el crimen organizado, es decir, que la víctima tenía cercanía con algún cártel, este caso está tomando el mismo rumbo con la nueva administración.
A pesar de las inconsistencias en las declaraciones de la persona más cercana a una de las víctimas, quien no es familiar directa y dio declaraciones para desviar el rumbo de las investigaciones, éstas fueron tomadas en cuenta por encima de las pruebas con las que cuentan los hijos y hermanos del comerciante.
No es la primera vez que algún empresario es abandonado por la Fiscalía General del Estado.
En mayo del 2023, un hombre que se ganaba la vida en un local de venta y reparación de teléfonos celulares, perdió la vida por no pagar “derecho de piso”.
La víctima inició con su pequeño negocio en la zona de El Crucero, donde fue blanco de la delincuencia. En tres ocasiones acudió a denunciar las extorsiones de las que fue presa, pero el personal de la FGE sólo se limitó a decir que estaban en busca de los chantajistas, mismos que regresaron en dos ocasiones para amenazarlo después de acudir ante las autoridades.
Debido a que no sintió apoyo de la Fiscalía, y por miedo a perder la vida, el pequeño empresario se cambió de local, se alejó de la zona centro y llegó a Villas Otoch Paraíso, pero los criminales, al estar más organizados, encontraron al hombre, y frente a varias personas lo ejecutaron, quedando como otro hecho aislado.
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer que más de mil negocios, de cada 10 mil en Quintana Roo, fueron víctima de extorsión, cuyas “cuotas” impuestas por el crimen organizado, de acuerdo con las autoridades municipales, va desde los cinco mil a los 100 mil pesos mensuales. Algunos logran saldar los primeros meses, antes de decidir bajar sus cortinas, otros pagaron con su vida.
