Ante la aprobación de reformas a la Constitución Política de Quintana Roo, que aumentan de nueve a 12 años el periodo de funciones del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Raciel López Salazar, Deisy Blanco, madre buscadora desde el 2022, refirió no estar de acuerdo con este hecho, porque considera que este funcionario trajo la delincuencia al estado.
“Cómo dejó Chiapas, porque también se le involucró con la delincuencia”; dijo. Además señaló que es el fiscal más corrupto que ha tenido Quintana Roo, llamándolo “lacra”.
Agregó que el aumento en su periodo de funciones fue una decisión tomada únicamente entre la gobernadora Mara Lezama y los diputados, ya que no fueron capaces de consultar la opinión del pueblo, lo que calificó como “una burla para los quintanarroenses”.
Deysi es una madre buscadora desde julio del 2022, cuando su hija Fernanda Cayetana Canul Blanco, quien en ese entonces tenía apenas 12 años de edad, desapareció en la Zona Continental de Isla Mujeres.
A pesar de todas las peticiones y manifestaciones en las que Deysi ha sido partícipe, hasta el momento se desconoce el paradero de Fernanda Cayetana, así como indicios al respecto, a pesar que el principal sospechoso fue capturado.
Por su parte, Romana Rivera, madre buscadora y presidenta del Colectivo “Amor, Verdad y Justicia en Quintana Roo”, dijo que por el tiempo en que algunos funcionarios permanecen en el poder pueden tomar como costumbre ir sólo a trabajar y recibir un salario, por lo que apoyó que exista un proceso rotativo de los fiscales, y se le dé oportunidad a gente “fresca” y con ganas de impartir justicia, porque a su parecer, López Salazar se mantiene en una zona de confort a pesar de ser un servidor público, es por ello que hay irregularidades, acciones, omisiones, negligencias y corrupción.
“En estos casos el pueblo es el que debe mandar, ya que se supone que los funcionarios están en esos puestos para servir a los ciudadanos, pero a veces se les olvida”, acotó.
Reiteró que cree firmemente que con unidad se puede hacer una fuerza, para que cuando un servidor público no cumpla con sus funciones en el perfil para lo que es puesto, sea removido. La Fiscalía General del Estado debe ser el órgano que investigue y que ejerza la justicia, dijo Rivera, pero actualmente hay delitos que no han sido sancionados ni presuntos responsables puestos a disposición, dijo la madre buscadora.
Finalmente recordó que en ocasiones se inicia una carpeta de investigación, pero si no se realiza con apego a la ley que rige en el estado, las autoridades pueden tener la pauta para descalificar las evidencias y dejar a un delincuente en las calles. Esto ocurre con relativa frecuencia, debido a la falta de capacitación de los uniformados.
Diputados ensalzan la ineficiencia
A pesar que el fiscal general de Quintana Roo acumula más de 20 mil carpetas de investigación por hechos de alto impacto, como ejecuciones, baleados, ataques armados, feminicidios, abusos sexuales, robos y extorsiones, el pasado 9 de septiembre el Congreso del Estado lo “premió” al reformar la ley para aumentar su periodo de gestión, de nueve a 12 años.
Los integrantes de la XVIII Legislatura aprobaron al vapor la reforma a la ley en la que se le otorgan tres años más en el cargo a López Salazar, sin importar que en el año y dos meses que tiene en el poder suma al menos 20 mil 555 carpetas por hechos de alto impacto, además de las investigaciones que no consideran importantes.
Los datos oficiales arrojan que durante su gestión se han registrado 622 ejecuciones, 3 mil 87 casos por lesiones dolosas, principalmente baleados, 12 feminicidios, así como mil 223 casos integrados en delitos contra la libertad personal, es decir secuestros, levantones, desapariciones y privaciones de la libertad.
Además, se han acumulado dos mil 660 carpetas de investigación por delitos sexuales, de los que la mayoría de las víctimas son mujeres de 2 años a 40 años de edad, según las cifras de las asociaciones civiles.
Durante la gestión de Raciel López, el Ministerio Público ha acumulado 12 mil 772 expedientes por robos a casa habitación, comercio y de vehículos, entre otros; así como 179 casos de extorsión, 70 del 2023 y 109 en lo que va de este año. Sin importar este rezago de expedientes, los diputados quintanarroenses tomaron la decisión de darle tres años más, pues la reforma modificó su periodo de función, que pasó de nueve a 12 años.
Entre los casos más relevantes de la violencia durante su gestión, el pasado 11 de agosto, cerca de las 16:00 horas, un par de sicarios a bordo de una motocicleta llegó a la cancha de futbol rápido, en Valladolid Nuevo, donde abrió fuego contra los asistentes, dejando como saldo dos muertos y un herido.
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno encontraron el 20 de julio restos humanos en un área verde del fraccionamiento Paseos del Mar, derivado de un operativo de búsqueda en conjunto con colectivos ciudadanos. La noche del 21 de julio se reportaron dos hechos relevantes: la ejecución de una persona, en Villas Otoch Paraíso, y un menor baleado por personal de la Marina, luego de una persecución, en Haciendas del Caribe.
En la avenida Chichén Itzá, a unos metros de la Tulum, en pleno Centro de la ciudad, fueron encontradas unas maletas con los cuerpos de unos guatemaltecos, víctimas de la violencia. El 26 de julio, en la región 77, del fraccionamiento Corales, también se encontró un cuerpo enrollado con cobijas y huellas de violencia. Ni siquiera los inocentes están a salvo de la violencia.
El pasado 4 de julio, una mujer fue víctima colateral de un enfrentamiento entre narcomenudistas a bordo de un autobús de la Zona Hotelera de Cancún. Volvía de su trabajo cuando se desató la balacera. El objetivo era el pasajero que iba sentado a su lado. Ambos perdieron la vida.
Sin embargo, uno de los hechos que causó mayor indignación entre la población y que trascendió a nivel internacional, dejando en evidencia la inseguridad, fue la ejecución de un menor de 12 años, quien estaba disfrutando de una playa de la Zona Hotelera con sus familiares, cuando sujetos en motos acuáticas dispararon hacia un hotel, resultando con una grave herida, que le provocó la muerte, mientras era atendido en un hospital.
Asimismo otro menor en Cozumel fue asesinado afuera de una tienda de conveniencia. Apenas tenía ocho años. Su hermana, de 13, recibió un balazo en una pierna. El objetivo de los delincuentes era un hombre que también quedó tendido en el lugar de los hechos.
El primero de agosto la violencia nuevamente sacudió a los quintanarroenses con el hallazgo de cuatro cuerpos en la carretera Puerto Morelos-Cancún, entre el hotel Moon Palace y el parque Xoximilco. Entre las víctimas estaba un policía municipal activo y tres hombres, quienes fueron identificados horas después.
El 8 de agosto se registró la ejecución de un contador y empresario en la Supermanzana 317, en el residencial Gran Santa Fe. Este hecho generó la movilización, incluso de López Salazar. Esa misma tarde, en la colonia Loma Bonita, en la zona de Arco Vial, fue lesionado con arma de fuego un hombre quien logró ser llevado a un nosocomio.
Durante la gestión del fiscal también los policías han sido víctimas de la delincuencia. El 4 de julio del 2023, un custodio fue ejecutado cuando salía de su turno en el Centro de Reinserción Social de Cancún. Posteriormente, en Tulum, cuatro policías que iban en un auto tras salir de su turno fueron emboscados por un comando armado, perdiendo la vida uno y resultando tres lesionados.
En Benito Juárez, el 8 de septiembre del año pasado un policía fue ejecutado de un balazo en la cabeza, durante su primer día de patrulla en la Supermanzana 74. El 20 del mismo mes, una custodia de la cárcel y que por amenazas había sido transferida al Centro de Retención Municipal “Torito”, fue ultimada a tiros afuera de su casa en el fraccionamiento Prado Norte.
En Chetumal también se han reportado ataques contra las autoridades, como el ocurrido el 25 de abril de este año, cuando un policía y su hijo fueron baleados, tristemente el menor murió, cuatro días después fue ejecutado el comandante Fermín Cortés Burgos, cuando circulaba en una motocicleta en calles de la capital del estado.
En uno de los últimos casos registrados, apenas del 3 de septiembre, un supervisor de la Policía Municipal y sus escoltas fueron emboscados por un comando armado cuando patrullaban las calles de la Supermanzana 50. De este hecho no se reportado lesionados ni detenidos.
A la ola de ejecuciones se añaden los desaparecidos, que suman más de mil 200 en el año. La entidad se coloca en semáforo naranja por el número de víctimas, que incluye a migrantes, turistas y ciudadanos quintanarroenses, de acuerdo con la directora de Investigación y Registro Forense del Centro Nacional de Identificación Humana.
Sin embargo, oficialmente sólo se reconocen 673 personas no localizadas. Los miembros de colectivos acusan a la Fiscalía de ocultar las cifras reales para no dañar la imagen turística de la entidad.
Aunado a esto, el Servicio Médico Forense registra mil cuerpos no identificados, por la falta de equipos especializados y un correcto proceso. Esto entorpece el sistema de búsqueda en el estado. Finalmente, la falta de respuesta a los delitos contra las mujeres, como las desapariciones y los feminicidios han impulsado a dos municipios de la Zona Sur al borde de la alerta de Género, se trata de Felipe Carrillo Puerto y Chetumal.
