El delito de extorsión en Quintana Roo se ha convertido en un problema grave, pero poco denunciado. Empresarios locales alertan que, por cada tres demandas formales, hay 97 casos que nunca llegan a la Fiscalía General del Estado (FGE). Esto refleja una preocupante falta de confianza en las autoridades y el miedo generalizado a represalias.
James Tobin Cunningham, coordinador de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia en el estado, advirtió sobre el aumento del 100% en los reportes de extorsión en los últimos seis meses. A pesar de esfuerzos del Grupo Centurión u otros, que han logrado la captura de delincuentes como la banda de “Los Gemelos”, la realidad es que nuevas células criminales surgen rápidamente para tomar su lugar.
Entre 2016 y 2023 se registraron más de 32 mil llamadas anónimas al 089 por extorsión, pero sólo mil 32 casos fueron denunciados formalmente ante la FGE. Esto confirma el temor de las víctimas a represalias o la percepción de ineficacia en la respuesta de las autoridades.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que en enero de 2025 únicamente se abrieron 10 carpetas de investigación por extorsión en Quintana Roo. En 2024, la cifra fue de 148, lo que representa un aumento del 27% en comparación con 2023.
En la vulnerabilidad
Los más afectados por la extorsión son los pequeños empresarios, quienes carecen de respaldo institucional y redes de apoyo para hacer frente a las amenazas del crimen organizado. A diferencia de las grandes cámaras empresariales, estos negocios enfrentan presiones constantes y se ven obligados a pagar para evitar represalias.
En una mesa de diálogo organizada por el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado (Idefin) y la Comisión de Justicia del Congreso local, empresarios expresaron su preocupación por la extorsión y el fraude cibernético, delitos que afectan gravemente la inversión y la estabilidad económica de la región.
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Un líder empresarial dijo que si no se denuncia las autoridades seguirán priorizando otros delitos como robos menores o pérdida de documentos, lo que es preocupante para la ciudadanía.
El alto índice de impunidad y la falta de confianza en las autoridades han convertido a la extorsión en un delito difícil de combatir. Sin embargo, expertos y empresarios coinciden en que la única manera de frenar este fenómeno es mediante la denuncia y exigencia de acciones contundentes por parte de los Gobiernos estatal y federal.
