En los últimos 15 años, Quintana Roo ha perdido 200 mil hectáreas de selva debido a la urbanización, convirtiéndose en la segunda entidad con mayor deforestación en este periodo. A esta cifra se suma la devastación provocada por desarrollos que incumplen la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, con al menos 70 casos identificados este año.
Según la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano Sustentable (Sedetus), el 9 % de la población estatal, es decir, 160 mil personas, vive en zonas irregulares. Esto se debe tanto a la demanda de vivienda como a la venta ilegal de terrenos por parte de desarrolladores sin los permisos ni servicios correspondientes.
A pesar de los desarrollos irregulares clausurados por deforestación o venta ilegal de predios, la Sedetus ha presentado solo nueve denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra comercializadores de lotes en el sur de la entidad en 2024.
Las verificaciones realizadas tras estas denuncias revelaron 10 desarrollos irregulares, de los cuales solo uno contaba con los permisos necesarios. Como resultado, se procedió a denunciar los restantes.
En lo que va del año, se han reportado 70 desarrollos irregulares con afectaciones en al menos 70 hectáreas en Isla Mujeres, Bacalar y Puerto Morelos. La dependencia ha señalado que otorgará un plazo para su regularización, sin especificar la duración ni las posibles sanciones por violaciones a la ley.
Hasta 12 años de prisión por promover inmuebles sin permiso
En cumplimiento de una sentencia de amparo, el Congreso del Estado aprobó una reforma que impone penas de hasta 12 años de prisión a quienes promuevan o comercialicen inmuebles sin los permisos requeridos en materia de desarrollo urbano.
La reforma, vigente desde el 26 de marzo tras su publicación en el Periódico Oficial de Quintana Roo, modifica el Artículo 269, fracción VII, del Código Penal estatal. Establece sanciones de cuatro a doce años de cárcel para quienes, con pleno conocimiento de la falta de permisos, ordenen cualquier tipo de publicidad que implique una promesa de compraventa de lotes, departamentos o casas en fraccionamientos no autorizados.
Esta legislación surge a raíz de un amparo promovido por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, tras una denuncia penal contra agentes inmobiliarios que publicitaban el condominio Adamar Soliman en Tulum. Dicho proyecto carecía de permisos municipales, estatales y federales en materia de desarrollo urbano y ambiental.
