Directivos de Aguakan no se presentaron ayer a la audiencia del Juzgado Segundo de Distrito, donde se dirime la denuncia presentada en contra de dos directivos de la empresa, por el Gobierno de Quintana Roo, por los presuntos delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y promoción de conductas irregulares de servidores públicos.
La audiencia estaba programada originalmente para realizarse el lunes 3 de marzo; sin embargo, por las festividades del carnaval de Cancún, se difirió dos días.
De acuerdo con personal de dicho Juzgado, la parte acusada puede presentar recursos en su defensa de varias formas como Internet, por correo electrónico o de manera presencial.
Además de este proceso, así como de unos amparos promovidos por la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)-Aguakan, en favor del director general, Paul Andrew Rangel Merkley, que obtuvo una medida de protección a mediados del año pasado, la cual suspende provisionalmente una orden de aprehensión. Aunque sigue vigente, una alerta migratoria.
La Fiscalía General de la República (FGR) resolvió no ejercer acción penal contra el apoderado legal y director general de Aguakan, Paul Andrew Rangel. La determinación ministerial se confirmó mediante el oficio número FGRFECOC-FEIDA-1061-2024 que fue autorizado el 25 de junio pasado.
La resolución citada fue entregada al Juzgado Octavo de Distrito radicado en Cancún, como parte de un amparo que se tramitó el 6 de marzo del 2024. El juicio de garantías 34862176 fue interpuesto por el director general de “Desarrollos Hidráulicos de Cancún”, que opera comercialmente con el nombre de Aguakan.
Juicio internacional
Además de estos, recursos, DHC-Aguakan, recurrió el pasado 23 de febrero a la Cámara de Comercio Internacional (ICC por sus siglas en inglés), para solicitarle desde abril de 2024, mediar en el conflicto contra el Gobierno del Estado por la concesión del servicio del suministro de agua potable y alcantarillado en cuatro municipios, Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
Tras ser notificados sobre el arbitraje, el 12 de junio del año pasado el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres dieron respuesta a la solicitud.
En tanto, el municipio de Puerto Morelos y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) lo hicieron el 12 de julio de ese mismo año.
Sobre el contenido de los informes correspondientes, no se aportó mayor detalle, pero se indicó que el arbitraje sigue su curso.
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Diálogo
En tanto, el síndico municipal, Miguel Ángel Zenteno Cortés, dio a conocer que el Ayuntamiento de Benito Juárez no modificará su estrategia en el proceso para retirar la adjudicación del servicio a la empresa Aguakan, aunque se contempla la posibilidad de un pago de indemnización a la compañía y el monto final no necesariamente corresponderá a las expectativas de la distribuidora.
Zenteno Cortés señaló que “Aguakan ha venido definiendo su postura, pero pues sabemos que tiene y ha tenido deficiencias el servicio y de ahí se deriva todo el tema que se detona en este proceso para remover la concesión”.
El funcionario aseguró que hay suficientes elementos para prever un desenlace favorable para CAPA, lo que permitiría la revocación de la concesión; sin embargo, enfatizó que es necesario esperar el avance de los procedimientos jurídicos.
Recordó que en septiembre de 2023, el Cabildo aprobó unirse al procedimiento legal impulsado por el Consejo Directivo de la CAPA y desde entonces, el Ayuntamiento ha colaborado en la recopilación de pruebas, integración de carpetas legales y respuesta a los amparos interpuestos por la concesionaria.
Respecto a una posible indemnización, reiteró que el monto dependerá de las negociaciones, y es probable que la cifra final sea inferior a lo esperado por Aguakan.
