Analizan indemnización de Aguakan para cancelar la concesión

La gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que, en conjunto con el Gobierno federal, analizan la indemnización que pide Aguakan por cancelar la concesión del servicio de suministro de agua potable, alcantarillado y manejo de aguas residuales. “Partimos de la base de que debe ser un precio justo, no lo que está pidiendo Aguakan”, señaló.

La empresa Desarrollos Hidráulicos Cancún (DHC), no ha mencionado una cantidad para devolver la licencia del servicio que tiene desde 1993, aunque señaló que “el Gobierno de Quintana Roo intenta despojarla de la concesión y obligarla a vender sus activos a una empresa española en 4 mil 500 millones de pesos, que es una cuarta parte de su valor real”.

En ese sentido, la Gobernadora declaró en entrevista, luego de participar en el arranque de la colecta anual de la Cruz Roja: “Lo quiero dejar muy claro, no es una concesión para dársela a otra empresa privada”. Precisó que están en comunicación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para saber el camino que seguirán.

“Debe ser un precio justo, porque al final termina pagando el pueblo, el dinero no es del Gobierno, el dinero le pertenece al pueblo y debe de destinarse al pueblo, y se trabaja de manera coordinada con el Gobierno federal de forma totalmente transparente y que se decida a través de Conagua, que es la institución que nos puede ayudar a coordinar qué es lo mejor para que el líquido vital llegue a los hogares. El agua es un derecho, no puede ser un privilegio”, aseguró.

Externó que en conjunto con un grupo de abogados están trabajando la estrategia jurídica, y también del tema financiero que es fundamental, incluso en materia de recursos humanos, pues se ha mencionado lo de las Afores.

“Todo está perfectamente cubierto, para que no se lastime absolutamente a nadie, y el objetivo es el buen servicio, a lo que aspira la ciudadanía en Quintana Roo”, agregó.

Insistió en que “el objetivo es muy claro, defender a la ciudadanía. No quiero hacer un litigio mediático, por eso me he mesurado en las declaraciones. Es un litigio muy importante, y lo que estamos haciendo es defender la voz del pueblo, bastaría con que le pregunten a toda la gente que nos está viendo en redes y en los medios de comunicación qué opinan del servicio”.

Lezama reiteró que hay infinidad de quejas por la falta del suministro, por el tandeo, por las fugas, malas reparaciones del pavimento, la contaminación del agua, es parte de lo que se escucha de la población.

Recordó el resultado de la consulta popular, donde más del 35 por ciento del padrón electoral en 2022, votó por quitarle la concesión a DHC-Aguakan.

“Es una consulta vinculante, por lo que no podemos ni queremos ser omisos a un clamor popular, en donde durante muchos años hubo oídos sordos a ese clamor”, aseguró la Gobernadora.

Dijo que “en este Gobierno ni nos vendemos ni estamos en disposición de llegar a un arreglo en lo oscurito, estamos en un proceso transparente, a través de un litigio, y el beneficio debe de ser para el pueblo quintanarroense, y lo digo con todas las letras: somos un Gobierno que no extorsiona, que no roba y que no traiciona al pueblo”, y reiteró que no ha habido ni habrá corrupción, todo se centra en las leyes y en el clamor de la gente.

Ayer se pospuso, debido a las festividades del carnaval de Cancún, la audiencia programada en un Juzgado federal, ante un Juez de Control, por la denuncia penal por lavado de dinero e inducción al delito que presentó el Gobierno de Quintana Roo, en contra de Aguakan, por la concesión del servicio de agua potable en Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Puerto Morelos. Los juzgados reanudarán funciones mañana.