Luego de 13 años de litigio, habitantes del fraccionamiento Urbi Villas del Rey, en la Región 107 de Cancún, lograron un amparo a favor de sus derechos a una vivienda digna y a un medio ambiente sano.
El fallo es en seguimiento al expediente 1107/2023, interpuesto en el Juzgado Quinto de Distrito, y determina que las autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez, de la Secretaría Ecología y Desarrollo Urbano y de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano Sustentable fueron omisas en inspeccionar y vigilar que las obras de urbanización de este fraccionamiento cumplían las especificaciones del proyecto que ellos mismos aprobaron.
Así lo dio a conocer Víctor Hugo Gurzasola Sarabia, habitante afectado, quien añadió que con ello se abre una puerta y una esperanza a 150 fraccionamientos de Cancún que están en la misma situación y que, si trabajan juntos, pueden lograr hacer trabajar a los Gobiernos, independientemente del partido que sean.
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Los habitantes de este fraccionamiento iniciaron la demanda de amparo ante la omisión de las autoridades que permitieron la comercialización de las 4 mil 500 viviendas sin haber municipalizado el asentamiento, ni contar con una planta de tratamiento de aguas residuales.
El fallo del Juez ordena a la Sedetus a hacer efectiva la Ley de Fraccionamientos del Estado de Quintana Roo y requerir a la constructora CYD Desarrollos Urbanos a ejecutar las reparaciones y obras incompletas en el fraccionamiento Urbi.
Preocupante
150
Fraccionamientos de Cancún sufren este problema
La represente de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), Antonella Vázquez Cavedon, precisó que el Juzgado Quinto de Distrito le ordenó al Ayuntamiento de Benito Juárez invertir casi 13 millones de pesos de la fianza entregada por la constructora Urbi para solucionar el problema de brotes de aguas negras que actualmente afecta a 20 mil habitantes del fraccionamiento.
Vázquez Cavedon dijo estar parcialmente de acuerdo con esta sentencia, emitida el pasado 13 de mayo, en la que el Juez ordenó al Ayuntamiento “cobrarse” de la fianza de la desarrolladora, (misma que se queda en depósito o garantía para cualquier eventualidad que pueda ocurrir), a pesar de que el monto fue entregado hace más de 10 años, y, por lo tanto, corre el riesgo que el recurso no alcance para realizar la obra o ya no esté vigente.
Consideró que esta planta de tratamiento puede superar los 20 millones de pesos; es decir, casi el doble de la fianza no ejercida.
Ante esta situación, la activista dijo que a la brevedad interpondrán un recurso de revisión para que el Juzgado Quinto de Distrito reconsidere este aspecto de su sentencia.
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GC