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En medio de una ola de violencia que ha sacudido a la capital del Estado, incluyendo ejecuciones, levantones y atentados contra policías estatales y municipales, ha salido a la luz un escándalo de corrupción dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en el que se ha revelado la presunta venta ilegal de expedientes personales de empleados, por parte de una trabajadora de la Corporación.
El alarmante hecho fue expuesto mediante una carta dirigida a Víctor Manuel Gallegos Reyes, Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad. En dicho documento se detallan las acciones de una empleada identificada con las iniciales N. E. S. P., quien presuntamente ha estado filtrando información confidencial de los trabajadores a terceros.
La misiva, firmada por un grupo de empleados preocupados por la situación, describe cómo N. E. S. P. aprovechó su posición dentro de la Secretaría para acceder y vender datos personales de sus compañeros. Los expedientes sustraídos contienen información sensible, incluyendo direcciones, datos familiares y detalles de sus labores dentro de la Corporación. Esta filtración pone en grave riesgo la seguridad de los empleados y de sus familias, especialmente en el contexto de la violencia actual que vive la región.
Documentos sustraídos contienen información sensible, incluyendo direcciones y datos familiares / Especial
La carta señala que N. E. S. P. habría recibido compensaciones económicas a cambio de la información vendida a individuos con posibles vínculos criminales. Este acto de traición interna ha generado indignación y miedo entre los miembros de la Secretaría de Seguridad, quienes ahora temen por sus vidas, debido a la exposición de su información personal.
Víctor Manuel Gallegos Reyes, en respuesta a estas graves acusaciones, ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar la veracidad de las denuncias. “No permitiremos que la corrupción y la traición se infiltren en nuestras filas. Tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a nuestros empleados y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos”, afirmó Gallegos Reyes en una declaración pública.
Además de la investigación interna, se ha solicitado la intervención de las autoridades judiciales para que se realicen las acciones penales correspondientes. Este escándalo ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones de seguridad y la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de protección de datos y confidencialidad dentro de la Secretaría.
GC
