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Saúl N, encargado del supuesto Centro de Rehabilitación ubicado en la avenida Palermo de la colonia Benito Juárez, en la capital del estado, llamado Nueva Vida Montecristo Femenil, se encuentra prófugo desde el día que ocurrió la muerte de una joven interna, cuya identidad todavía permanece como un dato reservado por la Fiscalía General del Estado (FGE).
El supuesto centro, que también se presentaba como un sitio de “autoayuda”, no contaba con un registro ante la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) y la Dirección Estatal contra Riesgos Sanitarios (Dgpris), que son los organismos que se encargan de regular este tipo de lugares en Quintana Roo, por lo que actuaba en la ilegalidad.
Saúl N, antes de administrar un centro de rehabilitación para mujeres, también tenía uno similar, pero para hombres llamado Centro Montecristo, el cual, en 2022, fue reportado por un familiar de uno de los internos, por maltrato.
En el lugar se aplicaban castigos como dejarlas sin alimentos y el maltrato físico. / Especial
De acuerdo con la información recabada, las 11 mujeres que fueron rescatadas por las autoridades lograron identificar plenamente al administrador del lugar y lo responsabilizaron de muchos de los castigos que imponían a las internas, los cuales iban desde no tener visitas los fines de semana, la supresión de los alimentos, canalizarlas a un área de aislamiento y hasta el maltrato físico.
La investigación de los abusos se realiza apoyada en las declaraciones de las víctimas, quienes han decidido coadyuvar en la investigación del homicidio de la joven.
Las internas reconocieron que sus familiares las llevaron al citado anexo debido a que enfrentan un grado de adicción a diferentes sustancias, como drogas blandas y duras, incluso, aquellas que tienen problemas por el abuso en el consumo de bebidas embriagantes.
En cuanto a las aportaciones que realizaban los familiares para tener a las mujeres en el centro, estas eran pagos de entre 1,500 a 3,000 pesos por semana; además, de que se les exigía que lleven al lugar algunos alimentos y productos de aseo para las pacientes, aunque en realidad eran racionados por los encargados de ese establecimiento.
La Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y la Comisión Estatal contra las Adicciones activaron el Programa de Reconocimiento y Ratificación de Establecimientos Especializados de Atención a las Adicciones en su modalidad residencial, cuyo objetivo es evaluar que los centros que brindan servicios de tratamiento cumplan con lo establecido en la Norma Oficial NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
En Quintana Roo, en el caso de la Unidad de Atención Comunitaria de Primer Nivel esta se encuentra ubicada en Chetumal, en la calle Rafael E. Melgar, de la colonia Martínez Ross, la cual está a cargo de la psicóloga Verónica Martin Martínez; mientras que, en Benito Juárez, se ubica en la región 221 en la Calle 86, No. 221 INT. Mz. 32 Lote, administrada por Ernesto Quiroz García.
En cuanto a los Establecimientos Residenciales Reconocidos por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Quintana Roo no cuenta con ninguno establecido o acreditado y tampoco en proceso de validación.
Los familiares de las pacientes aportaban cuotas semanales de hasta 3 mil pesos. / Especial
En Chetumal existen presuntos centros de rehabilitación que se presentan como “centros de autoayuda”, los cuales, no se encuentran regulados por ninguna autoridad, pues el tratamiento que brindan es bajo un esquema voluntario, similar de los grupos de alcohólicos, aunque obtienen un lucro por el tratamiento que le brindan a los supuestos pacientes.
En abril del 2022, las autoridades acudieron a un centro de Rehabilitación en Chetumal, ubicado en calle Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, de la colonia Magisterial, tras el reporte de una persona que había sido maltratada y que se negaban a liberar hasta que sus familiares no realizaran el pago de una cuota de 7 mil pesos.
Para marzo del 2022, tres hombres lograron escapar del Centro Montecristo y pidieron ayuda a un policía al señalar que habían sufrido de tortura en el interior del lugar.
A pesar de los señalamientos, en aquella ocasión las autoridades no impusieron ninguna sanción a ese centro de rehabilitación ni a ninguno de los otros que operan en Chetumal, pese a no contar con alguna regulación.
GC
