Habitantes de Región 107 de Playa del Carmen, acusan a exfuncionarios de complicidad de despojos

Cerca de 35 lotes en Bosques de Cristo Rey fueron revertidos de manera poco clara, presuntamente por altos funcionarios de la administración pasada, generando indignación entre los hijos y beneficiarios de la primera orden de ocupación.

Los casos se conocen cuando los contribuyentes acuden a pagar su impuesto predial y se encuentran con que ya no les pertenece, aumentando la indignación y coraje cuando descubren que los nuevos dueños fueron y son, al parecer, servidores públicos.

El pasado 5 de febrero, Jesús Palacios Hondal, quien funge como vigilante ciudadano, dio a conocer el presunto intento de despojo de la exsecretaria particular de la anterior presidenta, Ariadne Vázquez, mientras que ayer, Maxiliano Hernández Bojorquez acusó al exjurídico del Ayuntamiento, Jorge Zavaleta Pellat, por la misma acción.

Durante la gestión de Lili Campos, presuntamente se usó información privilegiada para beneficiar con terrenos a altos funcionarios, como la secretaria privada, de la entonces Alcaldesa, quien, al parecer, realizó el cambio de propietario en un lote de Bosques de Cristo Rey, pagó el primer bimestre del 2025 y según el posesionario del predio, llegaron empleados con amenazas para sacarlo junto a su familia.

Según los quejosos, un grupo de abogados se adjudicó los lotes aprovechando el punto cinco de la orden, ocupación que a la letra indica: “5.- El Gobierno Municipal se reserva el derecho de la reversión de la posesión del patrimonio municipal, de no darse el destino para el que se otorga y/o de no hacer uso del predio en un término de dos años contados a partir de la fecha de expedición de la presente deberá removerse en caso del término de la misma”.

Lo anterior deja entrever que se auto adjudicaron los predios en complicidad con Catastro y Tesorería para realizar los cambios de dueño antes de concluir la administración pasada. Se desconoce que en alguna sesión de Cabildo que éstas se autorizaran.

El hecho refleja el modus operandi de los exfuncionarios y otros que siguen laborando, según Maximiliano Hernández Bojórquez, de quien su padre falleció antes de perfeccionar el predio a su nombre, ahora acusa al exdirector jurídico del Ayuntamiento de Solidaridad, Jorge Zavaleta Pellat, presuntamente de apoderarse del terreno que fue donado en el 2016 por Marciano Toledo Sánchez, como dueño del terreno Bosques de Cristo Rey y entregado provisionalmente por Mauricio Góngora, como presidente municipal.

Jesús Palacios Hondal, vigilante escolar, como Maximilialo Hernández Bojórquez, se sorprendieron al momento de pagar el impuesto predial y recibir la noticia que ya había sido cubierto, el primero por Ariadne Vázquez y Jorge Zavaleta Pellat el segundo, ambos altos funcionarios en el trienio pasado.

Aseguraron que son alrededor de 35 predios que fueron revertidos y reasignados, por lo que Hernández Bojórquez alertó a todos aquellos que tengan esa orden de ocupación provisional para que acudan a la Tesorería, paguen su predial y corroboren si han sido reasignados a fin de entablar un proceso legal ante lo que considera un despojo.

Fue en el trienio de Mauricio Góngora cuando se les entregaron lotes habitacionales a mandos policiacos, agentes con mayor antigüedad y a vigilantes escolares como reconocimiento al trabajo realizado; sin embargo, por motivos económicos, los posesionarios no los escrituraron y tardaron en levantar su casa.

La familia Palacios Hondal reportó ser víctima de amenazas y que algunas personas han tomado fotos y video de su casa; los vigilantes escolares temen por sus vidas y hacen un llamado a las autoridades judiciales, municipales y estatales para detener las acciones de hostigamiento, se determine la certeza de su predio y el exfuncionario desista de sus intenciones.

La orden de ocupación provisional data del 22 de febrero de 2016 como reconocimiento a su labor, de acuerdo con una copia del documento en poder de esta casa editorial.

Mientras tanto pagaron predial y mantenían limpio el lote en lo que comenzaban a construir en la esquina que les tocó, “con Lili Campos nos prometieron apoyarnos para construir un cuarto y hasta la empresa nos habían indicado, sin embargo, por el problema del COVID-19 se suspendió la construcción, pero ya habíamos dado los documentos que ahora dicen que se encuentran perdidos”, explicó Jesús Palacios.

Inicia la angustia

Indicó que al ir a pagar el predial en enero, la persona que lo atendió le dijo que ya había sido cubierto por alguien más, lo que le intrigó y pidió el nombre de quien había pagado el primer bimestre de enero por 48 pesos, informándole que presuntamente fue Ariadne Guadalupe Vázquez Canul, quien también saldó, minutos antes, el cambio de propietario por 445 pesos, el 22 de enero del 2025 “con eso tuvimos suficiente para alertarnos y nos empezamos a mover para saber qué estaba pasando con nuestro predio”, aseguró.

Por la noche, se acercó una persona a su predio, quien le pidió que se salieran debido a que temprana hora del día siguiente entrarían trabajadores con maquinaria a construir, por orden de la dueña de la propiedad, argumentando que levantarían una barda.

“Pues desde esa noche no nos salimos. Los vecinos nos alertaron al día siguiente que había personas tomando fotos y video, desde una camioneta de lujo también tomaban fotos de los que estamos aquí”. Agregó que tienen dos noches sin dormir bien, temen por sus vidas y solicitan a las autoridades que revisen su caso para que no les quiten su propiedad.

Tanto Hernández Bojórquez como Palacios Hondal consideraron que no se descarta que los documentos que fueron solicitados en su momento para que se les construyera un cuarto, al no recibir seguimiento de parte de los dueños, los del Ayuntamiento habrán pensado que podrían quedarse con ellos mediante el uso de información privilegiada a favor y con respaldo de altos funcionarios.

Por su parte, Palacios Handol, levantó una denuncia con número de folio FGE/QROO/SL/01/784/2025 en la Unidad de Atención Temprana, denunciando por amenazas, abuso de confianza y fraude contra quien resulte responsable y en este caso de la persona que cambió el nombre de propietario, como lo es Ariadne Vázquez, quien se desempeñó como secretaría particular de la presidenta Lili Campos, en el trienio pasado.

Hernández Bojórquez sostendría una reunión con la diputada María José Osorio Rosas para darle los pormenores del hecho que ha comenzado a llamar poderosamente la atención ciudadana.