Con el objetivo de ubicar los restos humanos de William Hernández Zapata, quien desapareció el 17 de diciembre de 2017, su madre sigue ejerciendo presión sobre las autoridades.
Carmita Zapata Pérez, madre del menor, encabezó por tercera vez la búsqueda de su hijo en un predio ubicado a espaldas del fraccionamiento Paseos del Mar, sobre la avenida Lakin, Supermanzana 258. Este lugar fue señalado semanas atrás por un recluso del Centro de Reinserción Social (Cereso) como el sitio donde abandonaron el cuerpo del menor.
La búsqueda se mantuvo por poco más de tres horas y estuvo integrada por elementos de la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos.
Como parte del apoyo de la Guardia Nacional, se contó con un elemento canino especializado en la búsqueda de personas, que en varias ocasiones recorrió el área para tratar de ubicar el punto exacto donde se encuentra el cuerpo.
Un dato importante es que esta es la tercera búsqueda realizada en este caso, y en cada una de ellas las autoridades han ampliado el perímetro de localización. El área es extensa y, además de maleza, se pueden encontrar algunas partes con placas de concreto, que fueron desechadas en el lote abandonado.
El desecho de cemento es uno de los varios obstáculos que ha encontrado el grupo de búsqueda, y aunque han avanzado de manera lenta, lo han hecho de forma segura.
La madre del menor aseguró que seguirá ejerciendo presión sobre todos los organismos para que la búsqueda no se detenga. De esa manera, espera finalmente llevar a su hijo a casa y despedirse de él como merece.
Este proceso lleva siete años, debido a los múltiples problemas generados por inconsistencias en la carpeta de investigación del caso, lo que lo ha atrasado, pero la insistencia de la madre afectada en pedir justicia, aunque sea de manera radical, se logró finalmente llegar a estos resultados.
Denuncian a agentes por violencia vicaria
Yaxal Manrique Muñoz Ledo, integrante del grupo “Malinches Ingobernables de Cancún”, hizo un llamado a los mandos de las autoridades correspondientes, asegurando ser víctima de violencia vicaria por parte del personal de la agencia del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Investigación Mixta Uno.
La mujer señaló específicamente al agente del Ministerio Público Luis Antonio Pérez Rubio y al vicefiscal de investigación, Sergio Iván Ledezma, como supuestos responsables de las anomalías presentadas en la carpeta FGE/QROO/BJ/02/2713/2024, además de llevar el proceso de manera inadecuada, lo que ha perjudicado la investigación.
En esta carpeta de investigación se está llevando a cabo la revisión del caso de despojo de la menor, en el que Yaxal Manrique Muñoz Ledo señala que su esposo sustrajo a su hija de manera legal y nunca la regresó.
La madre de la menor Itzayana Grecia Benítez Manrique, despojada de su mamá el 7 de enero de 2024, asegura que los problemas comenzaron a surgir luego de que acudiera a interponer la denuncia de sustracción en el juzgado familiar. Allí la recibieron, pero la hicieron realizar diligencias entre esa dependencia y la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que no sabían cómo proceder, lo que generó una pérdida de tiempo.
Este tiempo perdido sólo benefició al presunto agresor Jair “N”, quien pudo realizar acciones para entorpecer el caso, logrando un retraso entre la denuncia interpuesta por la madre del menor y la emisión de las alertas correspondientes Amber y Alba, que debieron proceder desde el primer instante.
Ambas alertas se emitieron hasta el mes de mayo, cuando la agencia del Ministerio Público finalmente realizó el procedimiento adecuado para poder avanzar en el caso.
Una vez emitidas las alertas y al ver que no había avances, la madre de la menor acudió a las autoridades para realizar un seguimiento. Fue entonces cuando comenzó el entorpecimiento de la información y del caso por parte del agente del Ministerio Público Luis Antonio Pérez Rubio y del vicefiscal de investigación Sergio Iván Ledezma, quienes le negaron el acceso a la carpeta, asegurando que no pudo ser localizada en tres ocasiones.
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Estas acciones están sancionadas en el Artículo 20, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla los derechos de la víctima o del ofendido. Estos derechos incluyen: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que la Constitución establece en su favor; y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal y coadyuvar con el Ministerio Público.
Este sólo fue un señalamiento de los múltiples abusos de los que presuntamente ha sido víctima, los cuales alteran el proceso y dificultan su objetivo de estar con su hija. Según la investigación realizada por la declarante, la menor no vive con su padre; después de la sustracción, con el fin de quitarla de su alcance, él la tiene viviendo con otros familiares. Esta situación ya ha sido notificada a las autoridades del Juzgado Familiar.