Menos del 50 por ciento de los casos de extorsión que atendió el grupo “Centurión” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana entre mayo y julio, fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pues según los datos de estas dependencias se recibieron 111 reportes y sólo llegaron al Ministerio Público 47 carpetas de investigación.
Del total de los reportes atendidos en los últimos tres meses, en su mayoría fueron extorsiones telefónicas y cobros de “derecho de piso” a vendedores ambulantes, tiendas de diversos giros y trabajadores de la construcción; en mayo se recibieron 39 reportes, pero sólo 20 fueron denunciados, mientras que en junio el grupo citado tuvo conocimiento de 21 casos de los que sólo 15 llegaron al Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado.
El mes pasado fue el más activo con 51 reportes de extorsión en sus diversas modalidades, lamentablemente sólo 12 fueron denunciadas ante las instancias de justicia; miedo, desinformación o pensar que es una pérdida de tiempo acudir a la Fiscalía son los principales factores por los que no se llega a iniciar un expediente.
En este sentido, la actualización de las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mostró un incremento en este delito en comparación con el primer semestre del año pasado al mismo periodo del 2024; es decir que de enero a julio del 2023 se denunciaron 46 casos mientras que este año sumó 109 carpetas de investigación.
Por alguna razón en los dos años fue enero el de menor incidencia de cinco y 12 casos, en tanto que el de mayores denuncias fue mayo de 2023 y 2024, al tener 10 y 20 carpetas respectivamente.
Al respecto, recientemente el fiscal general de Quintana Roo Raciel López Salazar destacó que en el último año la Fiscalía logró la detención de 88 extorsionadores, de los que 74, es decir 84 por ciento, ya fueron vinculados a proceso y nueve han sido sentenciados con penas de hasta 37 años de prisión, estos casos fueron principalmente en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Tulum y Cozumel.
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Es importante señalar que Quintana Roo es el segundo estado en México con penas más severas para los sentenciados por este delito, que van de 15 a 25 años, sólo por detrás de Chihuahua que tiene de cinco a 30 años, según las agravantes y reincidencia.
Testimonio
Trabajadores de la construcción que por temor a represalias prefirieron no revelar su identidad, señalaron las formas de extorsión que sufren al trabajar en obras grandes, como la construcción de hoteles, condominios o fraccionamientos.
Explicaron que hay tres maneras en las que los grupos delictivos los presionan, la primera es vender los estupefacientes entre sus compañeros de área, si se niegan a esto deben comprar para consumo o bien pagar de 500 a mil pesos semanales para que puedan seguir trabajando sin ser molestados.
Los sábados al mediodía después de recibir su pago, deben pasar con quien esté como “jefe” de la célula delictiva que opera en la obra, para pagar los estupefacientes vendidos, consumidos o su “derecho de piso”.