Al menos cuatro granjas porcícolas de Yucatán, que actualmente se encuentran clausuradas por la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa), continúan con procesos de investigación abiertos, por lo que deben de mantener suspendida cualquier operación, argumentó la abogada e integrante del grupo Indignación, Lourdes Medina Carrillo, consideró que existe la posibilidad de que haya criaderos de que violen la suspensión.
La litigante señaló que, desde el momento en el que fueron colocados los sellos de suspensión, a las granjas ubicadas en los municipios de Maxcanú, Opichén, Kinchil y Mérida, en mayo de 2021, estos criaderos deben estar impedidos de seguir con el ciclo de producción de cerdos para la comercialización.
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“Las clausuras que a ellos se les impusieron, entendemos que eran para mantener con vida y sacar paulatinamente a los cerdos que se encontraban allá, garantizando así el derecho de los animales, pero no tenían permiso de seguir operando, terminar un ciclo y meter otro ciclo de cerdos”, comentó la litigante, en relación con los reportes que han recibido por parte de los pobladores promoventes de las denuncias contra las granjas.
Aunque no precisó las localidades en donde se encuentran las granjas que infringen la suspensión, para no entorpecer la investigación, aseguró que cualquier violación a lo establecido por la Profepa, debería ser motivo de una sanción para la empresa.
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“Si estas granjas tienen sello de clausura y aún están funcionando, estarían cometiendo otra irregularidad que las autoridades ambientales deberían multar y sancionar, porque se supone que con estas clausuras no podrían seguir operando”, dijo la abogada y activista.
Expuso que las suspensiones realizadas hace cinco meses derivaron de una serie de denuncias realizadas por pobladores de 21 distintos municipios en noviembre de 2020, luego de observar afectaciones medioambientales, además de que no se les consultó sobre la instalación de estos criaderos, violando así sus derechos humanos como pueblos indígenas.
Explicó que existen distintos tipos de clausura, pero todas implican el cese de las operaciones durante el tiempo que duren las investigaciones o las autoridades mantengan los sellos colocados.
Por lo anterior, la abogada del colectivo Indignación refirió que después de la colocación de los sellos, las empresas investigadas cuentan con un tiempo definido para argumentar y presentar pruebas con el objetivo de desestimar las denuncias, que la autoridad integra al expediente para realizar un fallo que determine si existen o no las faltas señaladas.
“Ellos tenían que probar o alegar las irregularidades, para que posteriormente la autoridad emitiera una resolución, donde se establezcan las faltas y las medidas de sanción que se le impondrían”, comentó Medina Carrillo.
Sin embargo, la litigante expuso que las autoridades federales ya tienen conocimiento de reportes por irregularidades en granjas, por lo que esperan que se actúe con las labores de inspección correspondientes, a fin de evitar que los particulares incurran en un desacato.
“Los sellos están vigentes, ellos tienen que seguir con los procesos administrativos para que se puedan retirar, hasta que haya una resolución. Porque si se hace un retiro de sellos por parte de los particulares, incluso estarían incurriendo en un delito”, concluyó Medina Carrillo.
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JG